EL PARLAMENTO COMO INSTRUMENTO ESPURIO DE OPOSICIÓN (II)

CONSTITUCIONALIDAD DE LAS ENMIENDAS AJENAS AL CONTENIDO DEL PROYECTO O PROPOSICIÓN DE LEY

El primer problema jurídico que suscita la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista es su contenido, ajeno al proyecto de ley orgánica que se desea enmendar. Al tramitarse en la Comisión Permanente Legislativa de Justicia del Congreso el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda que venía a reformar la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta enmienda reformaba la tramitación de los objetivos de estabilidad presupuestaria de modo que si el Senado rechazara esos objetivos se someterían a nueva votación en el Congreso de los Diputados que los aprobaría por mayoría simple. De esta manera se eliminaba la inconstitucional preeminencia del Senado sobre el Congreso que, como hemos visto en la primera parte de este artículo, fue introducida en 2012 por el Gobierno del Partido Popular para controlar espuriamente la política de estabilidad presupuestaria.

La enmienda fue calificada por la Mesa de la Comisión de Justicia pero esta calificación fue recurrida por los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos ante la Mesa de la Cámara y esta Mesa del Congreso inadmitió la enmienda. La motivación de la Mesa trae causa de un argumento antiguo, cual es la falta de congruencia entre el proyecto de ley que se tramita y la enmienda que se presenta, que en este caso no sólo no se refiere a las materias reguladas en el proyecto de ley sino que, adicionalmente, pretende reformar una Ley Orgánica distinta de la que es objeto del proyecto de ley. Es verdad que desde 1990 el Tribunal Constitucional ha señalado que la facultad de enmendar exige una correlación entre la enmienda y el texto enmendado (Sentencias 23/1990, de 15 de febrero, y 136/2011, de 13 de septiembre) pero no es menos cierto que una Sentencia anterior, la 99/1987, de 11 de junio, reconoció que ni la Constitución ni los Reglamentos parlamentarios han establecido una delimitación material entre enmienda y texto enmendado. Esto nos lleva a la conclusión de que la exigencia de correlación material entre enmienda y texto enmendado puede ser una cuestión de técnica legislativa pero es más difícil que sea una exigencia constitucional o reglamentaria porque, como dijo el Tribunal Constitucional en 1987, la Constitución y los reglamentos parlamentarios guardan silencio sobre esta materia.

Cabe pensar, por ello, que el Tribunal Constitucional aplicó ultra vires su razonamiento porque lo que no prohíbe la Constitución (y menos aún unas normas de rango legislativo como los Reglamentos parlamentarios) no puede servir de parámetro de constitucionalidad. Fue un exceso competencial del Tribunal Constitucional y el Grupo Parlamentario Socialista no infringió ninguna norma al presentar la enmienda de reforma de la Ley Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y si no hubo infracción normativa, la Mesa del Congreso tampoco estaba habilitada para admitir la queja de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos y excluir la enmienda.

SEGUNDA VULNERACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO

 Si desde el punto de vista material la Mesa del Congreso ser extralimitó al desechar una enmienda con un contenido no prohibido por el ordenamiento, este órgano también se extralimitó en sus competencias al llevar a su seno una materia que es competencia de la Mesa de la Comisión de Justicia. Aun suponiendo que la enmienda socialista fuera ilegal (que no lo era, como hemos tratado de razonar más arriba), no era la Mesa del Congreso del Congreso sino la Mesa de la Comisión de Justicia la que debía calificar esa enmienda. El artículo 110.1 del Reglamento del Congreso que las enmiendas se presentan mediante un escrito dirigido a la Mesa de la Comisión correspondiente y todo el tratamiento de las enmiendas tiene lugar en el seno de la Comisión, sin intervención de la Mesa de la Cámara, y ese artículo se completa con el artículo 43.1 que establece que las Comisiones conocerán de los proyectos y proposiciones que les encomiende, de acuerdo con su competencia respectiva, la Mesa del Congreso. Por su parte, el artículo 21 del Reglamento atribuye a la Mesa de la Cámara calificar los escritos y documentos y decidir la tramitación de los escritos y documentos de índole parlamentaria con arreglo al Reglamento y el Reglamento es el que atribuye la competencia a la Mesa de la Comisión de Justicia. En conclusión, fuera o no legal la enmienda socialista, la Mesa del Congreso era competente para calificarla pues esta función sólo corresponde a la Mesa de la Comisión correspondiente.

Todavía podríamos añadir otra duda cual es la licitud de la queja de los Grupos Parlamentarios ante la Mesa de la Cámara. Si la competencia de calificar las enmiendas corresponde a la Mesa de la Comisión, no parece que la Mesa del Congreso pueda avocar, por vía de recurso, esa competencia. A fortiori, cuando esa derecho de queja no aparece como derecho de los Diputados no de los Grupos Parlamentarios.

CONCLUSIÓN

Desde que se fortaleció la figura del Speaker en el Parlamento inglés, las Cámaras han procurado dejar a sus órganos de gobierno fuera de la lucha política, pues se considera que han de servir a todos sus miembros por igual. La decisión de la Mesa del Congreso de inadmitir una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista es una decisión grave porque lanza a esta Mesa a la lucha política, abandonando su papel institucional.