EL INICIO DE LA LEGISLATURA: LA INTERVENCIÓN DEL REY

La duodécima legislatura de las Cortes Generales ha llegado ya a su solemne apertura, lo que no tuvo lugar en la efímera undécima legislatura. Pocos saben por qué no hubo inauguración de esa legislatura. La Constitución no ha previsto que las Cámaras concurran a una sesión conjunta de inicio de la legislatura ni tampoco los Reglamentos parlamentarios de las dos Cámaras. El del Senado no se refiere a la apertura solemne de legislatura y el del Congreso lo ha hecho como acto específico de esta Cámara (artículo 5). Luego se trata de un Acto protocolario cuya única cobertura jurídica es de carácter consuetudinario. En todo caso, a pesar de una previsión exclusiva en el Reglamento del Congreso (con incumplimiento de plazos, pues se prevé que se celebrará dentro del plazo de quince días después de la sesión constitutiva), esta sesión se ha convertido en un acto conjunto de las Cortes que preside el Presidente del Congreso, porque la Constitución establece que es éste el que preside las sesiones conjuntas (artículo 72.2).

Esa dimensión conjunta del acto resta justificación a la protesta de Podemos cuando sus Diputados descubrieron que algunos de sus escaños estaban ya ocupados por Senadores del Partido Popular. Al tratarse de una sesión conjunta de ambas Cámaras y no del Congreso, aunque celebrada en la sede de éste, los Diputados no tenían más derecho al asiento que los Senadores, de modo que si ésos fueron más diligentes, los Diputados de Podemos no podían quejarse.

Al no tratarse, por composición dual, de la sesión solemne prevista en el Reglamento del Congreso, la fecha de quince días prevista en éste no condiciona a las Cámaras. Desde 1979 hasta 1993 la apertura solemne se celebraba a los pocos días de la sesión constitutiva, antes de la sesión de investidura. Ello comportaba que en el banco azul se sentaba todavía el Gobierno en funciones que, salvo en noviembre de 1982, estaba presidido por la misma persona que unos días después iba a pedir la confianza del Congreso (Adolfo Suárez en 1979 y Felipe González en 1986, 1989 y 1993), Pero en 1996, cuando el Partido Popular ganó por vez primera las elecciones, José María Aznar (o alguien de su entorno) no quiso que en la solemne apertura estuviera el Gobierno en funciones (y menos aún el candidato derrotado Felipe González) por lo que impuso que se retrasara la solemne apertura hasta después de la investidura, lo que supuso un retraso considerable dado el mucho tiempo que el Partido Popular necesitó para conseguir el apoyo a la investidura por parte del CiU y del PNV. Por eso, desde 1996, la solemne sesión de inicio de la legislatura con el discurso del Rey se celebra después de la sesión de investidura del Presidente del Gobierno. Y si no hay investidura, no hay apertura solemne.

Llama la atención que todavía, desde 1978, no se haya aprobado el Reglamento para las sesiones conjuntas de las Cortes que contempla el artículo 72.2 de la Constitución y que debería ordenar con mayor densidad normativa esta clase de actos.

Algunos medios de comunicación han resaltado que el discurso del Rey ha tenido más contenido político que en otras ocasiones pero a mi juicio la intervención del Rey se ha desenvuelto dentro de los márgenes propios del titular de la Corona en una Monarquía parlamentaria. El Rey Felipe tenía motivos para referirse al proceso de formación del Gobierno porque la atribución más importante que le confiere la Constitución es, precisamente, proponer un candidato a Presidente del Gobierno y en lo que va de año ha ejercitado esa atribución tres veces con dos fracasos, aunque no imputables al Monarca. Es lógico que el Rey se refiriera a la elección del Presidente del Gobierno e igualmente lógico que, sin citarlos, haya agradecido al PSOE y a Ciudadanos su apoyo, directo e indirecto, a la investidura que permitía soslayar una tercera elección en un solo año.

Algunos comentaristas, con más zalamería e imaginación que saber jurídico, han escrito estos días que el discurso del Rey es expresión de la función arbitral y moderadora que atribuye al Monarca el artículo 57.1 de la Constitución. Dejando aparte que se trata de una expresión constitucional vacía e inadecuada (véase Javier García Fernández: “‘Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…’. Reflexiones sobre la función arbitral y moderadora del Monarca ante una eventual reforma constitucional”, en Memorial para la reforma del Estado. Estudios en homenaje al Profesor Santiago Muñoz Machado, Madrid, 2016, t. I, págs. 517-531), lo que parece claro es que pronunciar un discurso ante las Cámaras en una situación en que éstas no cumplen ningún función constitucional ni pueden adoptar acuerdos, es cualquier cosa menos una función arbitral y moderadora: el Rey no arbitra ninguna situación enfrentada ni modera ningún conflicto. En sentido constitucional, el discurso del Rey es un acto de apoyo al Parlamento que la Constitución no ha considerado necesario regular.

Otra cuestión, que incomprensiblemente ha suscitado algún comentario, ha sido la presencia en el acto de la Princesa de Asturias y de su hermana, la Infanta Sofía. Quizá nadie hubiera dicho nada sin el desafortunado twit de la Diputada de Podemos Bescansa que, como han reproducido algunos medios (ABC y El Mundo), se dirigió a la Reina Leticia en tono irrespetuoso para advertirle de las hipotéticas críticas que recibiría por llevar a sus hijas al acto. El gesto de la dirigente de Podemos es muy revelador de la ignorancia y de la mentalidad alicorta de los dirigentes de este partido porque: a) si la Princesa de Asturias y su hermana tuvieran la corta edad del hijo de Bescansa no habrían aparecido en el Congreso; b) aunque por edad fuera posible llevarlas a un acto de esas naturaleza, tampoco habrían estado presentes en el acto si no fuera por la relevancia constitucional de la Princesa y de la Infanta, que ocupan, respectivamente, el primer y el segundo puesto en el orden de sucesión a la Corona; y c) llama, en fin, la atención el machismo inherente al mensaje de la Diputada, que hace creer que las decisiones sobre actos de los menores son propias de la madre, como si el padre no tuviera responsabilidad en la decisión.

Que la Diputada Bescansa no haya comprendido lo grotesco de su gesto del pasado enero (que la Presidencia de la Cámara no hubiera debido consentir) y que siga defendiéndolo a través del inadecuado twit nos muestra que los dirigentes de Podemos no sólo desconocen la Constitución sino que no son capaces de reconocer errores.

Y hablando de errores, para terminar, ¿qué decir de la protesta de Podemos, de algunos de sus aliados y de los partidos independentistas, que a través de la descortesía y del ruido se empeñan en hacernos recordar que son republicanos? Como dijo el director de La Vanguardia (Màrius Carol: “La buena educación”, 17 de noviembre de 2016), los parlamentarios de Podemos “hacen un gesto más de su catálogo cansino de posturas para demostrar que son diferentes, sencillos y próximos”. Cansa ya tanto gesto de protesta sin contenido, gestos que enmarcaran su escasa iniciativa política y su inanidad teórica.