EL INDEPENDENTISMO CATALÁN CONTAMINA TODO LO QUE TOCA

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El inicio del año 2016 ha coincidido con dos acontecimientos políticos de extraordinaria importancia como la sesión constitutiva de la nueva legislatura y la elección del Presidente de la Generalidad de Cataluña tras las ya olvidadas elecciones septiembre de 2014. Ambos hechos coinciden en el tiempo sin estar en principio conectados pero al final, como veremos más abajo, van a estar más relacionados de lo que cabía esperar.

Empecemos por la elección del nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont. Al comentar el largo camino recorrido hasta llegar a la elección precipitada pero in extremis, la prensa no independentista de toda España ha utilizado frecuentemente la expresión esperpento, pero la prensa se ha quedado corta porque lo que ha ocurrido en Cataluña no ha sido un esperpento sino un aquelarre, donde la mayoría de los participantes parecían estar en trance tras ingerir diversas drogas. Sólo si lo comparamos con un aquelarre, con brujas y alucinados “colocados” por alcohol y drogas, podemos entender una extenuante negociación entre Junts pel Si y la CUP que ha conducido a un acuerdo (publicado en La Vanguardia de 10 de enero) en donde los primeros han acabado sacrificando a un cadáver político como Mas, pero la CUP se ha quedado en una situación ancilar respecto a los Junts pel Si, renunciando a su autonomía como partido y como Grupo Parlamentario e incluso sacrificando a los diputados más díscolos. Lo peor es que ese acuerdo (que sólo lo firmarían quienes quieren destruir o debilitar a la propia CUP) ha venido precedido por un conjunto de concesiones de Artur Mas y de su coalición (incluyendo una declaración de independencia declarada, naturalmente, inconstitucional), una asamblea de la CUP cuya votación fue convenientemente maquillada, para que diera empate y una falsa dimisión del diputado Baños, que era el más proclive a pactar con la corrupta oligarquía pujolista.

Todo ello huele a chamusquina. Es cierto que ha debido haber una rebelión soterrada en Convergència, pues sabían que unas nuevas elecciones laminarían a este partido y probablemente cortarían por mucho tiempo el lento golpe de Estado que denominan procès y que esta última posibilidad también habrá hecho que presionen a Mas los independentistas de toda laya como la ANC o el Omnium Cultural. Porque todos sabían que el empecinamiento de Mas produciría el final de la rebelión independentista. Pero, presiones aparte, el asunto se presenta con rasgos tan chuscos que invita a recordar una fecha y una Comunidad Autónoma: 2003 en Madrid. ¿Alguien pondría la mano en el fuego para negar que no hayan circulado tamayos y tamayitos?

El resultado es que el Parlamento catalán ha elegido a Carles Puigdemont, un independentista de siempre, no un converso como Mas. Este señor ya ha dado los esperables primeros pasos con un discurso de toma de posesión tan llorón como son todos los de los independentistas catalanes (se suele decir que los nacionalistas catalanes son victimistas pero son algo más, son llorones). Y, naturalmente, ha formulado un juramento que bordea la ilegalidad.

Cabe temer que las provocaciones verbales y pseudo-jurídicas de los independentistas se incrementen, especialmente mientras haya Gobierno en funciones, pero nada impide al Gobierno en funciones actuar frente a las iniciativas independentistas, incluyendo acudir al Senado para que éste le autorice a adoptar medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución. De la misma manera de que, si las Cortes Generales quedaran disueltas tras dos meses de un fracasada votación de investidura, nada impediría que la Diputación Permanente del Senado, asumiendo las facultades de esta Cámara, adoptara esas medidas (sobre este tema, Javier García Fernández: “Artículo 155: instrucciones de empleo”, El País, 5 de noviembre de 2015). El problema es que mientras no haya un Gobierno dotado de confianza parlamentaría es muy difícil tomar iniciativas políticas (que por otra parte, siempre van a ser a medio plazo) y ese Gobierno no parece fácil.

Porque la consecuencia no deseada de la investidura de un Presidente golpista (no nos andemos con eufemismos) es que se recrudecerán las presiones sobre el PSOE y sobre su Secretario General, Pedro Sánchez, para que pacte en malas condiciones con Rajoy. Naturalmente que es preferible que no se repitan las elecciones, porque no tendríamos un Gobierno hasta bien entrada la primavera (si no en el propio verano). Naturalmente que es preferible un entendimiento bien con la derecha bien con la izquierda. Pero el entendimiento con la derecha mientras Rajoy presida el PP es muy difícil, porque Rajoy ha sido el peor Presidente de la democracia y el que más daño ha hecho a los españoles. Y con la izquierda es muy difícil mientras Podemos esté dominado con puño de hierro por un histrión sin seso ni medida como Iglesias Turrión, que es un Beppe Grillo todavía con menos gracia. A lo mejor podría haber cierto entendimiento si el PP prescindiera de Rajoy y Podemos de Iglesias Turrión. Pero lo que debe estar claro es que el PSOE no puede desacreditarse votando a Mariano Rajoy o absteniéndose, lo que no quiere decir que sin Rajoy no se pudiera llegar a pactos o a Gobiernos de coalición.

El problema del independentismo catalán es que contamina todo y lleva a todos los titulares de los órganos constitucionales a realizar conductas cuando menos discutibles. Un ejemplo es la negativa del Rey Felipe a recibir a la Presidenta del Parlamento catalán, que es un error de libro, pues no se debe dejar de recibir a una persona que, por muy independentista y republicana que sea, acude al Monarca acatando su posición constitucional y su papel representativo. Sobre este desdichado incidente hay que preguntarse, ante todo, si la negativa regia tenía refrendo (aunque fuera presunto) del Gobierno. Sería interesante saberlo, porque así podríamos exonerar al Rey de una crítica política y aunque El Mundo del 13 de enero publica unas pequeñas declaraciones del Ministro de Justicia donde se muestra su acuerdo, el tono es ambiguo y más bien parece una justificación a posteriori. Pero si el Gobierno no dio su refrendo presunto y se enteró a posteriori, el tema es grave por dos motivos:

  1. Porque el Rey no tiene derecho a expresar sus sentimientos políticos. Se ha escrito (por ejemplo, Marc Carrillo: “La libertad de expresión de los Reyes”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, número 2, febrero 2009, págs. 16-25) que la neutralidad política exige que el Rey en una Monarquía parlamentaria no exprese sus opiniones políticas y la ruptura de una práctica constitucional por parte del Rey por motivos políticos, por desacuerdo con una Presidenta soberanista, pone a ese Rey a la altura de esos soberanistas. Y si le resultaba desagradable recibir a quien vitoreó pueril y provocadoramente la República catalana, habrá que decir que el aguante está en el sueldo de Jefe del Estado;
  2. En términos jurídicos, el Rey sólo puede actuar en virtud de criterios igualmente jurídicos, sin margen a actuaciones regladas ni a criterios de oportunidad (menos aún de gustos). Si la elección de Puigdemont se efectuó conforme al ordenamiento y si la función de la Presidenta del Parlamento catalán es una función jurídicamente regular, incardinada en el ordenamiento, el Rey no debe romper una costumbre constitucional (cierto que de poca densidad jurídica y que debe haber afectado sólo al País Vasco y a Cataluña) porque con la elección de Puigdemont y con la audiencia de la Presidenta Forcadell no se producía ninguna ruptura del ordenamiento, que es el hilo conductor de un Rey parlamentario.

Por eso, vuelvo a decirlo, sería interesante saber si la descortesía constitucional del Rey tenía o no refrendo presunto del Gobierno.