EL FETICHISMO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

EL FETICHISMO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

domenec120216

La mayoría de los economistas, incluyendo los de orientación keynesiana, coinciden en que en el largo plazo el presupuesto debe estar equilibrado, pues la acumulación continuada de déficit fiscales conduce inexorablemente a “stocks” de deuda pública que además de drenar recursos para el pago de intereses pueden originar crisis de solvencia si los tenedores de los bonos llegan a la conclusión de que no se va a devolver lo prestado.

Así, en Maastricht la socialdemocracia europea acordó con la democracia cristiana, fundamentalmente la alemana, apostar por una unión monetaria basada sobre la llamada cultura de la estabilidad presupuestaria, lo que se consideró necesario para el buen funcionamiento de la moneda única. Así, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) limitó el déficit público anual a un máximo del tres por ciento sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Cabe preguntarse por qué se escogió esta cifra, y no el cinco, o el uno por ciento. Lo cierto es que se trató de un acuerdo político sin una base muy clara en la ciencia económica, y por tanto no deja de ser arbitrario en cuanto al objetivo cuantitativo. De hecho, la crisis económica ha puesto de relieve que mucho más graves que los déficits fiscales eran el endeudamiento privado y los desequilibrios por cuenta corriente, y que en todo caso la estabilidad del euro ha dependido mucho más del cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que de la estabilidad presupuestaria.

Al mismo tiempo, el PEC en su origen imponía un límite anual a los déficits fiscales, pero sin vincularlo a la tasa de crecimiento económico. Es decir, el objetivo del tres por ciento del PIB debía cumplirse con independencia de si la economía estaba en expansión o en recesión. Y por supuesto el incumplimiento de la norma podía dar lugar a sanciones económicas. Desde esta óptica, el PEC adoptaba un carácter ordo-liberal frente al keynesianismo, que siempre defendió que había que generar déficits durante las recesiones, y superávits durante las fases expansivas. En cambio la Unión Europea se dotó de un conjunto de reglas del cual se deducía que tener un déficit público por encima del límite del 3 por ciento del PIB anual era malo en cualquier circunstancia, llueva, truene o tiemble. En la redacción original de Maastricht, se aceptaban solamente desviaciones consideradas “excepcionales y temporales” y muy cercanas al límite varias veces mencionado. Tan es así, que de acuerdo con el PEC, la corrección del “déficit”, sin importar su cuantía, debía realizarse en el año posterior a su identificación, “salvo circunstancias excepcionales”.

Cuando, a principios del siglo XXI, Francia y Alemania se convirtieron en Estados incumplidores, se reformó el PEC para flexibilizarlo. De este modo, las desviaciones pasaban a ser aceptadas si se debían a una “recesión económica profunda”, la cual podía consistir en tasas negativas de crecimiento económico, o incluso en tasas positivas pero extremadamente bajas[1].

La otra gran novedad de la reforma de 2005 es que se aceptaba que el ajuste debía ser más intenso durante la fase de bonanza que durante las recesiones, con la introducción del llamado “objetivo de medio término”, que individualizaba la senda de ajuste a las condiciones de cada país.

Una década después, y tras la experiencia de la Gran Recesión, la Comisión publicó una comunicación interpretativa del PEC con el objeto de flexibilizarlo, la cual entre otras novedades, incluía una tabla indicativa del esfuerzo de ajuste fiscal a realizar en función de la tasa de crecimiento (o decrecimiento) económico y el llamado crecimiento potencial[2]. No sin olvidar que previamente se suscribió, en el momento álgido de la crisis financiera, y a instancias de Alemania, un Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación que obligaba a no superar el uno por ciento del déficit público “estructural” es decir, excluyendo el ciclo económico, lo que supuso una vuelta de tuerca importante a la llamada disciplina fiscal.

Es definitiva, la cuestión de fondo es evaluar la reducción de los déficits públicos es un fin en sí mismo (lo que podemos llamar fetichismo del tres por ciento), o bien si la búsqueda del equilibrio presupuestario (necesaria en todo caso) debe hacerse sin dañar el crecimiento económico (como sucedió en España a partir de 2010, cuyos ajustes fiscales causaron una segunda recesión).

En efecto, la política fiscal del Partido Popular profundizó la recesión de 2011 y llevó la tasa de paro al 27 por ciento de la fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo incumplió sistemáticamente los distintos objetivos de déficit público, ya sea por que fueran poco realistas, y sobre todo, por las mermas de recaudación tributarias derivadas de la caída en la tasa de crecimiento económico.

En 2015, en particular, el objetivo de déficit fiscal del 4,2 por ciento del PIB se ha incumplido, al anunciarse el 11 de febrero de 2016 que ha sido del 4,5. Sin duda las rebajas tributarias electoralistas de última hora han contribuido a este desfase que tendrá que hacer frente el siguiente gobierno.

En este sentido, tanto “Podemos”, como “Ciudadanos” como el PSOE llevan en su programa renegociar la senda de cumplimiento del déficit, pues de lo contrario habría que ajustar el presupuesto de este año en no menos de 9.000 millones de euros. Si cuajara un pacto de gobierno entre estas tres fuerzas políticas, será necesario articular una estrategia que justifique cómo una economía que creció en 2015 al tres por ciento requiere retrasar el cumplimiento del objetivo del PEC al 2017.

La fragilidad de la recuperación, sostenida por la política monetaria ultra-expansiva del BCE y el abaratamiento de las materias primas, y la persistencia de una alta tasa de paro por encima del 20 por ciento de la población activa, así como el aumento de la desigualdad y la pobreza, justifican desde luego no introducir nuevos ajustes en el gasto público. Con todo, cualquier petición de retraso del cumplimiento del déficit público español tendrá más credibilidad si al menos se propone re-equilibrar por la vía de los impuestos, especialmente sociedades a las grandes empresas, e impuestos especiales (gasolina, aprovechando la caída del precio del petróleo).

[1] Véase González-Paramo (2005): https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2005/html/sp051013.en.html

[2] Véase http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf