EL ESTADO DE DERECHO VUELVE A REGIR EN CATALUÑA

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que se condena por desobediencia a Artur Mas, a Joana Ortega y a Irene Rigau constituye, por vez primera en mucho tiempo, una demostración de que en Cataluña vuelve a regir el Estado de Derecho. Soy consciente de que mucha gente afirma que la política no debe judicializarse, pero también es verdad que la política no puede vulnerar el ordenamiento jurídico y eso es lo que hace mucho tiempo realizan, día sí y día no, los independentistas catalanes. Ayer mismo volvieron a hacerlo, como veremos a continuación.

Aunque no han faltado críticas de comentaristas no independentistas, la Sentencia me parece bien desarrollada, completa y bien fundamentada a la hora de describir unos hechos y de anudar estos hechos al tipo penal de desobediencia al Tribunal Constitucional. Desde esta perspectiva, la Sentencia es interesante y merece comentarios en las revistas de Derecho penal y de Derecho constitucional. Pero no voy a entrar ahora en el comentario técnico, sino que querría avanzar algunas consideraciones políticas.

Ante todo, alegrémonos de que por primera vez en mucho tiempo un acto de desobediencia al ordenamiento del Estado democrático haya sido castigado. Estamos acostumbrados a ver a Alcaldes que desafían a los Jueces que, como mucho, son conducidos por los Cuerpos de Seguridad a presencia del Juez, sin más consecuencias. Estamos acostumbrados a los llamamientos al golpe de Estado (pues golpe de Estado no militar es el anuncio de la independencia) sin que haya censura penal. Estamos acostumbrados a que se ofenda a las Fuerzas Armadas sin que casi nadie salga en su defensa (el único, el Alcalde socialista de Lérida y Presidente del PSC que no ha permitido excluir a las Fuerzas Armadas de un Salón de la Infancia), que esta Sentencia nos reconcilia con el Estado de Derecho, porque transmite el mensaje de que nadie puede transgredir las normas vigentes sin el castigo oportuno.

Porque interesaba mucho que se dijera que el Gobierno catalán presidido por Mas siguió organizando conscientemente el referéndum como un desafío más al Estado y para asentar otra etapa de ruptura con España. El referéndum no fue un acto política y jurídicamente inocuo sino un acto de rebelión deseado y ejecutado contra previsión legal que no podía quedar sin respuesta penal. Pero lo importante es que se vea, como decía el editorial de El País de 14 de marzo, que el Estado no se resigna al cliché de tigre de papel que le atribuían algunos. Con esta Sentencia los independentistas quedan advertidos de que el Gobierno puede pedir al Senado que le autorice aplicar lo previsto en el artículo 155 de la Constitución, que la Presidenta del Parlamento catalán a lo mejor acaba también inhabilitada y que las situaciones contempladas en el artículo 116 de la Constitución quizá se pongan en marcha.

En segundo lugar, hay que destacar el nulo efecto práctico de la Sentencia, que ha condenado a tres cadáveres políticos. El primero, putrefacto, Artur Mas que tiene la peculiaridad de ser al mismo tiempo un cadáver y un enterrador, pues ha enterrado a su antiguo partido, Convergència Democràtica de Catalunya, y al modelo autonómico de su Comunidad (véase Javier García Fernández: “El 129º Presidente de la Generalitat de Catalunya”, Sistema Digital, 21 de septiembre de 2016). Mas no iba a volver a ser Presidente de la Generalidad aunque últimamente llevaba varias semanas empeñado en ofrecer su candidatura, de modo que la Sentencia hace un favor a su partido, liberándolo de un personaje tóxico que sólo resta votos. Y las condenadas Rigau y Ortega están políticamente amortizadas y la segunda parece incluso que no se dedica a la política.

En tercer lugar, hay que destacar la reacción del Gobierno catalán. Con su afición a las escenas corales el Presidente Puigdemont compareció con su Vicepresidente Junqueras y su Consejero Romeva para afirmar que el pueblo catalán, en referéndum, “indultará” a Mas. Y aunque en algún momento podría provocar hilaridad el lenguaje irreal e hiperbólico de los independentistas, ahora ha llegado el momento de decirles que ya está bien de mentiras, que Puigdemont sabe que los indultos los otorgan los Gobiernos, no los pueblos y que Mas no va a ser indultado, entre otros motivos porque dentro de dos días ningún independentista va querer saber nada de Mas.

Es cierto que uno de los comentaristas más sólidos de Cataluña, Xavier Vidal-Folch (“El indulto: para pacificar y reconstruir”, El País, 14 de marzo de 2017) propone precisamente el indulto pero sólo sería posible si los independentistas renunciaran al referéndum y al lenguaje y a la agitación rupturista, lo que parece imposible.

Por último, debemos recordar la reacción de Podemos. El Secretario de Organización de este partido, Echenique, repitió los argumentos tópicos y manoseados de los independentistas: que poner urnas no es un delito y lo mismo hizo Iglesias Turrión. Nada nuevo: Podemos está al otro lado de la trinchera, en el lado de los que quieren romper España.