EL ESTADO DE BIENESTAR EN LA ENCRUCIJADA

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En el año 1940, Ernest Bevin, ministro de Trabajo británico, solicita a William Beveridge que elabore un informe para hacer propuestas de cara a la reconstrucción del país, una vez tuviera lugar la finalización de la contienda europea. En 1942 se publicó el informe Social Insurance and Allied Services, en el que se propone que todos los ciudadanos en edad laboral debían abonar unas tasas sociales semanales al Estado, con el objetivo disfrutar de prestaciones públicas en caso de contigencias, como enfermedades, situaciones de desempleo, jubilación, etc… En el año 1944 vio la luz un segundo informe Beveridge titulado Full Employment in a Free Society, en el que se consideraba preceptivo poner en marcha un sistema eficaz de protección social universal, al tiempo que se valoraba que las Administraciones Públicas estaban obligadas al sostenimiento de los sectores sociales con mayores necesidades. La principal novedad que contenía este último informe es que las ayudas que proclamaba, que ya se concedían en muchos países desde una perspectiva caritativa y de beneficencia, debían ser una responsabilidad del Estado. Es decir, la filosofía que subyacía se sustentaba en la idea de que todo ciudadano, por el hecho de serlo, tenía derecho a ser partícipe de los beneficios de la economía y, el Estado debía ser el principal proveedor de bienestar social.

La aparición del Estado de Bienestar en Europa está vinculada a la idea moderna de ciudadanía y a la figura de T.H. Marshall, quien en el año 1949, pronunció en Cambridge unas conferencias en las que planteaba un esquema del proceso histórico del concepto moderno de ciudadanía (Civil, Política y Social), y lo define como “… un status que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comunidad. Todos los que poseen ese status son iguales en lo que se refiere a los derechos y deberes que implica… El avance en el camino así trazado es un impulso hacia una medida más completa de la igualdad, un enriquecimiento del contenido del que está hecho ese status y un aumento del número de aquellos a los que se les otorga”.

De tal forma que el Estado de Bienestar fue desarrollado, en aquellos años (en los países del Sur de Europa se implementaron tres décadas después), al amparo del acuerdo entre las fuerzas económicas y políticas de mayor relevancia: los socialdemócratas, los democristianos y los liberales. Y, los trabajadores, por un lado, y los poderes económicos, por otra, aceptaron su consecución bajo la impronta del pensamiento keynesiano.

El Estado de Bienestar, que había llevado a Europa a altos niveles de igualdad y solidaridad, durante la llamada Edad Dorada que incluye los años 1945-1975 (Golden Age), empezó a ser cuestionado en los años ochenta por el neoliberalismo y neoconservadurismo, que juzgaban excesivamente oneroso, era ineficaz e ingobernable, impedía el crecimiento económico y lacraba la autonomía personal y colectiva. Asimismo, se puso en entredicho el paradigma keynesiano, se produce la caída del muro de Berlín y se inicia el proceso de globalización económica.

Margaret Thacher y Ronald Reagan fueron las figuras más relevantes de esta ideología, una ideología que se concretó en una forma de hacer política, que hizo de la contención económica bandera y trajo consigo desregulaciones y despidos laborales masivos. El desempleo adquirió cotas muy elevadas y surgen los primeros trabajos sobre exclusión social, que se instalan en una perspectiva multidimensional en relación a los procesos de apartamiento de lo social, que iban más allá de la perspectiva estática de los estudios sobre la pobreza. Desde las Políticas Sociales se promovieron medidas que desaceleraron el gasto social, se produjeron modificaciones en las relaciones contractuales del empleo público, se fomentó el crecimiento de la previsión privada y fueron dispuestas regulaciones dirigidas a sectores sociales con especiales dificultades (programas de rentas mínimas, programas de lucha contra la pobreza, en favor de la igualdad de oportunidades, de apoyo a los jóvenes sin empleo o a personas con discapacidad…)

La década de los noventa del pasado siglo, con continuidad en la segunda década del siglo XXI, serán recordados en los libros de historia como una etapa de la humanidad marcada por la globalización económica y por una revolución científico-tecnológica de profundo alcance. Una globalización que ha afectado la capacidad de regulación de los Estados frente a la economía.

En particular, desde principios de la segunda década del nuevo siglo al dictado del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea la denominada troika, con Ángela Merkel a la cabeza, comenzaron a adoptar, fundamentalmente en los países del Sur (Grecia, Portugal, Italia y España) drásticas medidas de reducción del gasto público, con efectos de gran alcance sobre los pilares de sus Estados de Bienestar. De hecho estas medidas han afectado particularmente a las políticas públicas en sanidad, educación y servicios sociales.

En España, según los últimos datos disponibles no hay lugar a dudas: el porcentaje del PIB dedicado a sanidad ha experimentado una bajada notable desde el año 2009, del 7,20% al 6,25% en 2013, respecto a los gastos públicos en educación, en 2009 ascendieron al 5,07% del PIB y en 2013 cayeron al 4,29%. Finalmente, si bien los gastos sociales en protección social aumentaron ligeramente su porcentaje del PIB del 25,20% en 2009 al 25,86 % en 2013, debido fundamentalmente a las partidas destinadas al pago de las prestaciones por desempleo, resulta llamativo que el porcentaje del PIB destinado a la Exclusión Social haya mermado del 0,26% en 2007 al 0,21 en 2013 o que el gasto del Estado en Servicios Sociales y promoción por habitante haya descendido desde el año 2010 al 2013 desde 62.554 a 60.366 euroso que, por último, la proporción de prestaciones contributivas sobre el total de las prestaciones de las personas desempleadas haya experimentado una bajada desde el 60,7% en 2008 al 45,8% en 2013.

Si a lo anterior se añade el aumento del desempleo, la precarización laboral, el deterioro de las condiciones de trabajo, el cóctel es demoledor, observándose un deslizamiento de sectores cada vez más amplios de la población en nuestro país hacia la pobreza y la exclusión social. También en Alemania, Suecia y Reino Unido se ha producido un aumento del riesgo de pobreza entre la población en los últimos años, a diferencia de la tendencia inversa en Noruega, Suiza, Finlandia y Holanda.

La realidad es tozuda y el Estado de Bienestar, especialmente en los países mediterráneos, se encuentra en la encrucijada, resultando imprescindible reconducir el actual escenario, adoptando políticas públicas, basadas en el principio de solidaridad y de igualdad, que favorezcan la cohesión social y apuesten por llevar a la ciudadanía altas cotas de bienestar.