EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA ACELERA

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España necesita un Gobierno que haga frente al desafío independentista catalán. Un independentismo, que está aprovechando la falta de inteligencia política de estos meses en nuestro país para llevar a nuestra sociedad hacia un callejón sin salida, que acabará con una gran frustración, y una profunda división en la convivencia, que tardará años en superarse. En este contexto, los independentistas manosean mucho el concepto de democracia. Pero, ellos saben, y lo van a ver, más pronto que tarde, que en democracia nadie está por encima de la ley. Y ese nadie, también les incluye a ellos.

La información política en España lleva meses girando entorno a la formación o no de Gobierno. Gira en torno a la repetición o no de las elecciones. Gira en torno a quien gobernará en Galicia y el País Vasco y como los futuros resultados pueden afectar a un cambio de postura de algún partido político en el Congreso. Pero siendo ello decisivo, lo que está ocurriendo durante los últimos meses en el Parlamento de Cataluña hace urgente una respuesta democrática conjunta para preservar nuestra democracia. Una democracia, que necesita unas mejoras y unas reformas que se realizarán siguiendo los mecanismos que establecen las leyes, y no saltando por encima de ellas. Diálogo y acuerdos son la receta, no la unilateralidad pisoteando la ley.

En este contexto, escuchar al exconsejero y hoy diputado en el Congreso, Francesc Homs, decir que: su declaración como investigado en el Tribunal Supremo, por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, “es un juicio político. La sentencia ya está dictada”; “declararé por el 9-N en nombre de Cataluña”; “He tenido la oportunidad de explicar que la decisión que tomó el Govern se circunscribía a seguir el mandato del pueblo de Cataluña”; o “tengo la sensación de que quieren tumbar a alguien para acabar con el proceso, pero no se dan cuenta de que somos muchos y que pasa todo lo contrario”, demuestran que vive en una realidad paralela a la que están empujando a muchos ciudadanos que actúan de una buena fe que ellos no tienen.

Pero no son solo las palabras pendencieras y bravuconas. Ya sean de Joan Tardá, de ERC, diciendo que “Desgraciadamente el Estado español ha optado porla represión y la violencia judicial (…). Son estúpidos”. O del Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, afirmando que si hay condena judicial por el 9-N todos, entre los que se incluye, se sentirán “condenados”. Y amenazando con que “si hay condena, habrá consecuencias”. Lo grave son las decisiones políticas que se están adoptando:

  • 09/11/ 2014. Consulta soberanista.
  • Declaración del Parlamento de Cataluña del 9 de noviembre de 2015.
  • 18/07/2016. Junts per Sí y la CUP aprueban un texto en la Comisión de estudio del Proceso Constituyente que plantea una supuesta secesión en tres fases. Primero, un proceso participativo para decidir sobre la independencia. Segundo, “se completará la desconexión con la legalidad del Estado español a través de la aprobación de las leyes por parte del Parlament” y una Asamblea Constituyente, que dispondría de plenos poderes y sus decisiones serán de obligado cumplimiento. Y por último, celebración de un referéndum para aprobar una Constitución.
  • 26/07/2016. El Parlamento de Cataluña, con los votos de Junts per Sí y la CUP aprueban las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, desafiando al Tribunal Constitucional.

Decisiones que han tenido respuesta por parte del Tribunal Constitucional cuando declaró inconstitucional la declaración del 9-N; el 19 de julio de 2016, cuando advierte de los riesgo devotar el texto de la Comisiónde estudio del Proceso Constituyente en el Pleno del Parlamento de Cataluña; el 1 de agosto de 2016, cuando el Tribunal Constitucional suspende la declaración de ruptura del Parlamento de Cataluña. Y al mismo tiempo, requiere a la mesa del Parlamento que en el plazo de 20 días informen sobre el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en diciembre de 2015y julio de 2016 “a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.”

Pero decisiones, que tienen que tener una respuesta clara por parte de todas las fuerzas políticas que creen en nuestra democracia. Y al mismo tiempo, creen en la necesidad de abordar una reforma Constitucional que es determinante para garantizar la prosperidad y el bienestar de todos los españoles durante las próximas décadas.

Este es el reto al que nos enfrentamos en un momento en que sería oportuno recuperar la inteligencia política colectiva que ha caracterizado a nuestro país durante décadas. Un momento, donde es preciso que se abandonen los viajes al precipicio de la ruptura, para lograr mejorar una convivencia que los independentistas han roto y el PP intenta aprovechar. Esperemos que piensen, aunque sea un momento, en el bienestar de unos ciudadanos a los que tienen abandonados con tanto proceso identitario. Y esperemos, sobre todo de los independentistas, que no conviertan la cuestión de confianza del día 28 de septiembre en un espectáculo teatral carente de sentido; o la gobernabilidad de España en otro circo donde hoy apoyo a uno para ver si la ingobernabilidad del país conviene más a los intereses de ruptura.

¡Rememos juntos! En paz y con bienestar.