EL DERECHO A SER ESCUCHADO DE PEDRO SÁNCHEZ

Como todos saben, Michael Ignatieff es un prestigioso politólogo de la Universidad de Harvard al que el Partido Liberal canadiense convenció un día para pasar de las musas al teatro; esto es, de la placidez teórica de los seminarios a la batalla cruenta de las elecciones. No tardó mucho en volver a las aulas, como era de esperar. Pero de aquella experiencia surgió un libro de gran interés para quienes solemos flirtear con ambos mundos de la política, el teórico y el práctico: “Fuego y cenizas. Éxito y fracaso en política”.

En este libro, Ignatieff describe algunas de las técnicas más habitualmente utilizadas en la competencia entre contendientes de la brega electoral. Muchas de ellas, a pesar de haber dedicado buena parte de su vida profesional al estudio de las relaciones políticas, tan solo acertó a conocerlas bien en el momento en que fueron aplicadas sobre sus propias carnes. De estas técnicas de batalla electoral, el canadiense destaca una sobre las demás por su radicalidad. Es lo que él llama “negar al adversario el derecho a ser escuchado”.

No se trata de rebatir las ideas o las propuestas del oponente, sino de impedir siquiera que el oponente tenga la oportunidad de exponerlas y hacerlas valer. Esta técnica parte de la premisa de que, en términos electorales, resulta más eficaz descalificar al contrario que contrastar sus mensajes con los propios.

Hay varias maneras de hacerlo. La más fácil y directa consiste en destruir la reputación del adversario. Dañando su prestigio personal, cuestionando su moralidad, se deslegitima su capacidad para hacer propuesta alguna que merezca ser escuchada. También se puede descalificar de manera radical el posicionamiento político del contendiente, situándole al margen de los grandes consensos sociales. Es la técnica del llamado cordón sanitario: arrojar al contrario fuera de la contienda aceptable.

La derecha española está haciendo uso de esta estrategia que consiste en tratar de deslegitimar y destruir al contrario en lugar de rebatir sus posiciones políticas. Casado y Rivera intentan negar a Pedro Sánchez su derecho a ser escuchado, descalificándole como contendiente legítimo.

Casado le llama “traidor”, “felón” y “presidente ilegítimo”. Rivera le excluye de cualquier acuerdo, porque “España necesita un gobierno constitucionalista”. Ambos dos, además, junto a sus altavoces mediáticos, llevan meses procurando sacarle de la escena con todo tipo de falsas acusaciones relativas a su comportamiento personal, como el falso plagio de su tesis doctoral o la falsa utilización abusiva de los medios oficiales de transporte.

Ninguna de estas acusaciones y ninguno de estos adjetivos puede sustentarse en hecho cierto alguno, pero ambos dirigentes entienden que su reiteración puede ayudarles a tumbar a un adversario político frente al que no logran encontrar críticas o alternativas eficaces.

La estrategia de negar al contrario el derecho a ser escuchado se lleva, además, de lo general a lo particular, en cada uno de los grandes debates de la política nacional.

La derecha no acusa a Pedro Sánchez de proponer un modelo territorial equivocado para el país. Simplemente le acusa de “traicionar”, “humillar” y “arrodillar” al país. No hay un debate entre más o menos centralización de competencias, o entre diferentes modelos de financiación autonómica. No se dan a conocer alternativas a la política de “ley y diálogo” en Cataluña. La derecha solo busca sacar al candidato socialista de la lona por la contundencia grosera de sus descalificaciones sin fundamento, incluso al precio de deteriorar la convivencia.

Tampoco se acusa a Sánchez de plantear una política económica demasiado socialdemócrata o expansiva. Sencillamente se le atribuye la intención de “hundir la economía”, “llevarnos al precipicio del paro masivo” y “dar sablazos a los contribuyentes”. Por tanto, no se contrastan políticas económicas, laborales o fiscales. Se pretende destruir al contrincante con acusaciones sin base alguna, porque la realidad es que en estos nueve meses de mandato socialista la economía ha crecido por encima de la media europea y la EPA arroja récords históricos en creación de empleo.

Lo mismo ocurre en la agenda de la regeneración democrática, porque se ignoran las propuestas de reforma constitucional para eliminar aforamientos, por ejemplo, mientras se acusa falsamente al presidente y sus ministros de comportamientos inmorales. La persecución al presidente del CIS, con todo tipo de insultos, sin querer escuchar sus explicaciones siquiera, resulta paradigmática en este sentido.

Idéntica estrategia se utiliza para la política exterior. Ignorando la tradición del consenso en la defensa de los intereses de España en la escena internacional, la derecha ha lanzado todo tipo de epítetos desaforados e infundados al presidente del Gobierno. Se le ha acusado falsamente de no defender la soberanía española en Gibraltar y de no ser beligerante con el régimen dictatorial de Maduro en Venezuela, por ejemplo, cuando la evidencia constata exactamente lo contrario.

Esta estrategia de la derecha española radicalizada no resultará eficaz para sus propósitos. Por el contrario, el crédito y la confianza de los españoles en Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE no cesan de crecer. Todos los pronósticos colocan al Partido Socialista como opción ganadora en las próximas elecciones generales.

Pero esta estrategia hace daño, al debate político, a nuestras instituciones democráticas, y a la propia convivencia entre españoles y españolas. La derecha tiene derecho, desde luego, a discrepar, criticar y plantear alternativas a la política de Pedro Sánchez y el PSOE. Pero no tiene derecho a socavar las bases de nuestra convivencia constitucional en una deriva radical, irresponsable y contraria al interés general de los españoles.