EL DÉFICIT PÚBLICO DE ESPAÑA

EL DÉFICIT PÚBLICO DE ESPAÑA

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El Estado español volverá a incumplir en 2015 el objetivo de déficit público comprometido con la Unión Europea, y que será del 5,1 por ciento sobre el Producto Interior Bruto (PIB), frente al acordado del 4,2 por ciento.

Esto supone, en primer lugar, que el Gobierno de España no ha logrado cumplir el objetivo de déficit público en ninguno de los cuatro años de la legislatura, y, en segundo lugar, que se trata del déficit fiscal más abultado de la Unión, solamente por detrás del Estado griego. Y en tercer lugar, la Comisión va a reclamar al nuevo Gobierno, cualquiera que sea, nuevos ajustes de gasto para corregir un desfase de unos 10.000 millones de euros, sin que se descarte que pueda instar la imposición de una multa por incumplimiento reiterado del objetivo.

Aunque el Partido Popular ha tratado de culpabilizar del desfase a las Comunidades Autónomas, economistas como Ángel Laborda estima que de estos 10.000 millones, nada menos que 7.800 millones de euros son consecuencia de la rebaja fiscal electoralista que ejecutó el Gobierno (El País Negocios, domingo 3 de abril de 2016. p. 22) para tratar de retener, sin éxito, su mayoría absoluta.

De este modo, la derecha hasta ahora gobernante gracias al apoyo de “Podemos”, pierde credibilidad a chorros ante las instituciones europeas precisamente en lo que ha sido su prioridad política, esto es, el ajuste fiscal a ultranza en vez de estimular el crecimiento económico y la creación de empleo.

Más en positivo, es cierto que se ha logrado reducir el déficit público a lo largo de la legislatura del 9 al 5 por ciento del PIB, es decir, a una media de un punto porcentual por año, al tiempo que la derecha deja un gravísimo déficit estructural en la Seguridad Social, del orden de los 18.000 millones de euros, lo que va a requerir una reforma que asegure la financiación de las pensiones futuras.

La responsabilidad de este fiasco es compartido entre la derecha española y la europea, en especial la alemana. Al apuntarse sin complejos al bando más duro del Partido Popular Europeo que representa Merkel, el Gobierno español se comprometió a cumplir al principio de la legislatura objetivos de déficit público irrealizables, del orden de 4 puntos porcentuales del PIB por año, cuando la economía española todavía estaba en recesión.

No deja de ser una ironía que se ha necesitado toda una legislatura plagada de recortes sociales y de subidas de impuestos, concentrados en los dos primeros años de Gobierno de la derecha, para al final reducir el déficit público en 4 puntos porcentuales a los largo de cuatro años. Es decir, hubiera sido más sensato negociar y acordar un objetivo anual de reducción del déficit público de un punto porcentual, que podría haberse ampliado en función de aumentos en la tasa del crecimiento económico.

En cambio, la estrategia que se ha seguido ha resultado contraproducente respecto del objetivo buscado, pues la política de ajuste fiscal a ultranza ha deprimido el consumo privado y el gasto público, reduciendo la tasa de crecimiento del PIB y, por tanto, la recaudación tributaria, al menos en la primera fase de la legislatura, al tiempo que el Gobierno ha generado un boquete en los ingresos fiscales a última hora con las reducciones de impuestos cuando la economía ya crecía al 3,5 por ciento, con el solo objetivo de ganar votos. Es decir, se ha aplicado una política pro-cíclica, que es lo contrario de lo que hay que hacer en general, y en particular, durante las crisis económicas. Dado que las fuerzas políticas populistas parecen decididas de manera irresponsable a abocar al país a un nuevo proceso electoral, en lugar de apoyar un Gobierno progresista y reformista, solamente cabe esperar que la ciudadanía reflexione sobre qué opción es la más adecuada para formular una política económica que no sea errática ni electoralista, además de socialmente responsable y capaz de negociar una senda realista de consolidación fiscal con las instituciones europeas.