EL DEBATE: UN NUEVO TIEMPO PARA ORGANIZAR EL ESTADO. NACIÓN O CIUDADANIA

La configuración del Estado, España y cualquier otro, tiene que ser fruto de un pacto, de un consenso entre las partes, sean estas las que sean, entre los diferentes territorios, entre estos y el Poder Central. Pacto que puede ser tan asimétrico como las partes acuerden y estén dispuestas a ceder en el proceso de negociación. Lo único realmente importante es que finalmente se llegue a un acuerdo. Evidentemente la otra forma de determinar el perímetro de una organización territorial es la imposición, y diferenciemos, la imposición legal es solamente posible si con carácter previo se han marcado las reglas del juego. La Constitución del 78 es en España el ineludible marco legal de configuración, cualquier alteración que se produzca será en desarrollo o en cumplimiento de la misma, como se quiera decir. Cualquier otra fórmula está vetada, estaríamos ante un incumplimiento grave de la Ley, por ello aquellos que la propugnen se sitúan fuera de la legalidad, no solo nacional sino internacional. España en 1939 se configuró como un Estado fuertemente centralizado, integrando todos los conceptos que hoy parecen volver a ponerse en discusión bajo el engendro político-jurídico que era Ley de Principios del Movimiento Nacional, pero este modelo por principios lo rechazamos.

Ahora bien, un problema, por negarlo no hacemos que desaparezca y el que se convoque a la Conferencia de Presidentes Autonómicos o que se reconsideren los planteamientos del sistema de financiación como se ha hecho en este momento es mentecato. Decir sin más que la solución está en reformar la Constitución, que es la solución sin duda, es muy insatisfactorio pues se ha dejado crecer en demasía la polémica y está en la calle. Recordemos que la calle puede denotar estados de ánimo y manifestaciones de apoyo o contrariedad, pero la calle no construye realidades.

Para reenfocar el tema no queda otra que poner propuestas creíbles y cumplibles sobre la mesa y en buena medida volver atrás sobre mucho de lo que se ha dicho, no queda otra.

En primer lugar si se quiere mantener la unidad de España habrá que dialogar, pactar y en todo caso reconocer la posición del otro de los que plantean la segregación, que no significa aceptarla. No podemos olvidar que tienen un respaldo electoral con millares de personas, los cuales tienen la misma consideración democrática que los que no están de acuerdo en la propuesta. Con ello no estamos diciendo que hay que ponerse a rueda de los denominados separatistas o de los que plantean sin más el derecho a decidir, es buscar soluciones con planteamientos y propuestas concretos de forma consensuada.

Para ello es imprescindible reconocer al otro, pero no solo eso, sino intentar generar el clima relacional apropiado para que la que se dé sea la mejor opción. Para abonar el terreno donde se pueda plantar la semilla del acuerdo es necesario elevar la mirada y renunciar a los dogmatismos o ideas que sean preconcebidos. No toda Nación exige un Estado, lo mismo que no todo Estado requiere una Nación. El concepto de Nación tuvo un significado de autodeterminación cuando se referían a los procesos de descolonización tras la II Guerra Mundial. Hoy está carente de sentido, en tanto en cuanto, los procesos de modernización de los aparatos públicos de gestión (que otra cosa no es el Estado), las transferencias competenciales se han producido hacia arriba y hacia abajo encontrado en el principio de subsidiariedad contenido en Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE ) debería haber zanjado la cuestión semántica y doctrinal, buscando la funcionalidad y mayor eficacia acercando la decisión al ciudadano. Ciudadanos españoles, catalanes, vascos o europeos, pues lo esencial no es el territorio son los ciudadanos. Un planteamiento progresista sobre la ciudadanía debe transcender a concepciones trasnochadas y que con el tiempo la filosofía política y el derecho público superara, o va a ser lo único que no cambie y evolucione. Para el pensamiento progresista, defensor de la profundización en la democracia y de luchar contra las desigualdades -propiciando y generalizando el bienestar entre los ciudadanos-, la cuestión nacional es y debe ser secundaria, lo cual no significa que los derechos propios culturales, lingüísticos, educativos, etc…, no deban ser protegidos y profundizados.

Otra cosa es que la estructura organizativa está clamando por una reforma constitucional en un sentido federal, donde los entes federados pueden ser denominados como Estados, esto en poco tiempo cambiaría la vida cotidiana de los ciudadanos. Sí es necesario un cambio en el listado competencial, clarificando concurrencias, compartimentos y exclusividades competenciales. Hay que aprender de la experiencia. El documento de Granada puede ser una buena guía de las grandes líneas.

Ser el elemento racionalizador y diferenciador de una bronca, que se puede tensar hasta lo peor, es la tarea del pensamiento socialdemócrata, que debe arrumbar los nacionalismos periféricos y españoles que han vuelto a aflorar y poner sobre el tablero propuestas donde los otros ponen palabras.

Ya ha pasado el tiempo de resolver esta cuestión en los tribunales, no se trata de parchear sino de llegar a un acuerdo que, aunque no satisfaga a todos, no frustre a ninguno.