EL “ASCENSOR SOCIAL”

La dinámica de los procesos de movilidad social, en sentido ascendente o descendente, está asociada al modelo social donde se desenvuelven los ciudadanos, de tal suerte que su estudio permite visualizar el grado de rigidez o de apertura de una determinada sociedad, así como los principales elementos sobre los que se construye la desigualdad social.

Según un informe de Oxfam Intermon del pasado enero, ocupamos el cuarto puesto en el ranking de los países más desiguales dentro del ámbito de la Unión Europea, además de ser el segundo Estado europeo en donde la distancia entre ricos y pobres ha aumentado más (tan solo por delante de Bulgaria). Así las cosas, si en 2008 el 10% de los hogares más ricos disponían de 9,7 veces más ingresos que el 10% de los más pobres, en 2017 esta cifra ascendió al 12,8.

La desigualdad se ha disparado durante la crisis y el crecimiento económico ha beneficiado sobremanera a las rentas más elevadas. No en vano durante el 2018, el 1% más rico acaparó 12 de cada 100 euros creados, a diferencia del 50% más pobre que se repartió 9 de cada 10. En paralelo, en 2017 aumentaron en 16.500 los hogares en los que no entraba ingreso alguno y los multimillonarios vieron incrementar su riqueza en un 4%.

La realidad es que hay más desigualdad, a la par que más inmovilidad, habiéndose acusado los procesos de movilidad social descendente (las clases medias españolas han sufrido la crisis con intensidad, a consecuencia del aumento del desempleo), resultando los sectores sociales más vulnerables los migrantes, las mujeres y las personas sin estudios. En este contexto, se observa una dinámica de transmisión intergeneracional de la pobreza, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de potenciar nuestro sistema de protección social a la hora de luchar contra la pobreza y la exclusión social.

En este sentido, un informe del pasado año de la OCDE que lleva el título ¿Un ascensor social? Cómo promover la movilidad social vía OCDE (una idea, la del ascensor social, que utilizó Karl Mannheim en una obra del año 1935 y que lleva el título El hombre y la sociedad en la época de crisis) subrayó que en un país promedio de este entorno serían necesarias 4,5 generaciones para que un niño de familia pobre alcanzará un nivel medio de ingresos (120 años) (en España se estima que serían precisas 4 generaciones).

No hay lugar a dudas, la crisis ha traído consigo una quiebra del principio de meritocracia, de forma que un buen origen familiar, materializado en una economía saneada de los padres y el haber recibido una buena educación, son cuasi garantes de una inserción laboral satisfactoria. El “ascensor social” en los países nórdicos es donde adquiere una mayor consistencia al existir políticas redistributivas sólidas, a pesar de los retrocesos de los últimos años. Sirva de ejemplo que en España el hijo de un padre de ingresos elevados percibirá al hacerse adulto un 40% más que el de un padre con bajos ingresos, mientras que en Dinamarca, Finlandia o Noruega este porcentaje se sitúa en el 20%. Por otro lado, 1 de cada 4 hijos de padres obreros serán directivos, a diferencia de 1 de cada 2 hijos de padres directivos que se convertirán en directivos; 4 de cada 10 hijos de padres con bajo nivel educativo acabarán con baja formación, contrastando con el dato de que 1 de cada 10 hijos de padres con alto nivel educativo concluirá con bajo nivel educativo.

En nuestro caso existe la percepción generalizada entre los ciudadanos de que la situación educativa, económica y social de los padres es un factor clave en la vida de las personas. De hecho, el 53% de los entrevistados en el precitado estudio de la OCDE valoró que la educación de los padres es fundamental para el futuro de los hijos (el 37% en promedio en la OCDE). En particular, 1 de cada 5 hijos de padres obreros se convierte en directivo, en comparación con 1 de cada 2 hijos de un directivo; el 69% de los niños de padres con un alto nivel educativo dan fin a los estudios universitarios, contrastando con el 22% entre los que tienen un más bajo nivel educativo.

Lo anterior demuestra que el sistema educativo, pieza vital de nivelación social es inequitativo y, en mayor grado, tras la crisis económica de la última década. Si en 2008, los jóvenes del 20% más pobre de los hogares abandonaban la escuela previa obtención de un título de bachillerato o de FP superior 3,18 veces más que los que provenían del 20% de los hogares con mayores ingresos, actualmente lo hacen 11 veces más (del total de chicos y chicas que no ultiman estos estudios, 1 de cada 2 pertenece al 20% de los hogares con menos ingresos).

Ante este escenario inmovilista y, en términos éticos y humanos del todo injusto y que violenta el principio de la igualdad de oportunidades, ¿qué se podría hacer? Dos son los ejes básicos que deberían acometerse. En primer lugar, potenciando una política de empleo que garantice proyectos laborales dignos y a largo plazo, específicamente revirtiendo la tendencia a la disminución de los salarios, que ha dado lugar a que el 13,1% de los trabajadores vivan por debajo del umbral de la pobreza (somos los terceros de la Unión Europea con más pobreza laboral tras Rumanía y Grecia). De manera que la combinación de precariedad y bajos salarios ha conllevado que el empleo haya perdido su capacidad de ser un “ascensor social”, a la par que el mercado laboral ha generado más desigualdad social.

Otras áreas prioritarias a robustecer son las políticas educativas con la conformación de un gran pacto de Estado (con especial atención al abandono escolar, así como a la mejora de la calidad del sistema educativo), desplegar políticas de inclusión social, en general y, concretas, sobre la pobreza infantil.

Por otro lado, es indispensable reforzar las políticas de protección social (pensiones de jubilación, prestaciones por desempleo, rentas de inserción ayudas para la crianza y la infancia, ayudas para la vivienda, …). Somos el quinto Estado de la Unión Europea con un menor aprovechamiento de las transferencias públicas focalizadas a la redistribución de la renta nacional. En 2016, éstas aminoraron la desigualdad de ingresos en un 32% (8 puntos porcentuales menos que en la UE y muy a la zaga de Suecia, Finlandia o Alemania que limitan su desigualdad a la mitad). Resulta imprescindible aumentar la presión fiscal, pues los últimos datos relativos al año 2017 confirman en lo que a la misma se refiere que nos encontramos en el octavo puesto a la cola entre los 19 Estados que compartimos el euro (34,5%), a gran distancia de Francia (48,4%) e Italia (42,4%). Además, consignar que durante la crisis se ha producido una bajada sustancial de recursos tributarios y de mayor alcance que en los Estados de nuestro entorno más cercano (el sistema tributario ha reducido la desigualdad en un escueto 2,54%).

Finalizaremos con una idea que hemos manejado en otras ocasiones: la desigualdad mata y nos aleja del principio de igualdad y justicia. Impidamos la deriva perversa que ya se ha instalado con nosotros que se solventaría acometiendo las políticas adecuadas en el ámbito de una sociedad madura como la nuestra. Está en nuestras manos…