DIÁLOGO SOCIAL Y AMENAZA CREÍBLE

DIÁLOGO SOCIAL Y AMENAZA CREÍBLE

En los últimos días han coincidido varios hechos de relevancia social e informativa: el Informe periódico de la OCDE, la publicación del IPC del mes de febrero, la carta enviada por UGT y CCOO a la CEOE-CEPYME solicitando la apertura de conversaciones para fijar la referencia salarial de la negociación colectiva del presente año, el rechazo del Decreto Ley sobre la estiba en el Parlamento y, finalmente, el anuncio, no sin sorpresa, de Ignacio Fernández Toxo, de no presentarse a la reelección en el próximo congreso de CCOO, junto a la presentación de Unai Sordo como su sustituto a la secretaría general. Esta propuesta se aprobó sin ningún voto en contra y seis abstenciones, lo que nos anuncia un congreso escasamente problemático y, por lo tanto, con grandes posibilidades de que se polarice en torno a un análisis más sosegado sobre el presente y futuro del movimiento sindical en nuestro país.

En todo caso, estos hechos ponen de manifiesto la urgencia de profundizar en un debate sobre la situación política, económica y social, sin perder de vista la necesidad de analizar el futuro del trabajo (tecnología digital, robótica y revolución 4.0) y las repercusiones que ello tendrá para el empleo, las condiciones laborales de los trabajadores y los propios sindicatos. En este sentido, el Informe de la OCDE hace un diagnóstico (nada sospechoso de izquierdista y radical sino todo lo contrario) que carga las tintas en la elevada tasa de paro y su fuerte incidencia en los jóvenes de baja cualificación y en los parados de larga duración, la alta precariedad de nuestro mercado de trabajo, la escasa calidad del empleo y su consiguiente baja productividad, así como en el insuficiente gasto en políticas activas de empleo, la escasa inversión en investigación en las empresas y la necesidad de aumentar los ingresos fiscales, además de denunciar las serias carencias de nuestro sistema educativo.

El Estudio reconoce también, sin paliativos, algo que el Gobierno no tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones en políticas económicas y sociales: el fuerte aumento de la desigualdad, la pobreza (particularmente infantil: 23,4% frente al 13,3% de media de la OCDE en 2013) y la exclusión social -que se han agudizado desde el inicio de la crisis por las políticas de austeridad- y, más en concreto, el desplome de la prestación por desempleo, las pensiones, la dependencia y los salarios en general. Ello resulta coherente con la afirmación que se contempla en el Informe de que los aumentos de la productividad que se generan en las empresas deben trasladarse al empleo y a los salarios para mejorar así el bienestar de los ciudadanos y para que éstos perciban la mejora del crecimiento de nuestra economía, lo que evitaría un “crecimiento excluyente”, como vienen denunciando los sindicatos que, además, deja al margen a la gran mayoría de los trabajadores y consolida el reparto regresivo y escandaloso de la renta (transferencias de renta del trabajo al capital): según UGT, desde el año 2008 a 2016, las rentas salariales han caído en 33.679 millones de euros y, en cambio, los excedentes empresariales han aumentado en 7.850 millones de euros.

Estas afirmaciones compartidas por los sindicatos no significan ausencia de críticas al Documento. En relación a la reforma laboral es incomprensible y contradictorio que la OCDE diga que hay que profundizar en la misma (insulto a la inteligencia) desconociendo sus efectos perniciosos: aumento de la temporalidad, crecimiento de los contratos de corta duración (empleos basura), aumento de la inseguridad de los contratos, disminución de la contratación indefinida, aumento de la contratación a tiempo parcial (no deseada); al margen de sus graves efectos en la negociación colectiva, la prestación por desempleo y los salarios como se ha señalado anteriormente. En relación al mercado de trabajo resulta también inasumible que se siga insistiendo en la necesidad de reducir la indemnización por despido de los contratos indefinidos e, incluso, de los despidos improcedentes. De la misma manera, es inconcebible que la OCDE persista en bajar las cotizaciones a la Seguridad Social de los empresarios, sobre todo cuando los expertos niegan la eficacia de estas medidas para reducir el desempleo (los empresarios tienen actualmente costos más bajos que la media de sus homólogos europeos) y, en cambio, todos los expertos en general alertan sobre las graves consecuencias que esta medida tendría en la financiación y sostenibilidad de la Seguridad Social y en las pensiones de nuestros mayores. Finalmente, en relación a la fiscalidad, el Informe resulta timorato y poco ambiciosos y, por lo tanto, no incide con decisión en los impuestos directos (IRPF y Sociedades) con el propósito de elevar los ingresos fiscales de los más ricos, ni en la lucha decidida contra el fraude fiscal y la economía sumergida, a pesar de que el problema fundamental de nuestro país es la falta de ingresos -y no el excesivo gasto- para combatir el déficit público y garantizar un mínimo Estado de Bienestar Social.

En este contexto político, económico y social la publicación del IPC del mes de febrero ha vuelto a incidir negativamente en el poder de compra de los salarios y de los ciudadanos que perciben pensiones y prestaciones sociales. Según el INE, los precios se mantienen en el 3% en tasa anual (lo mismo que en el pasado mes de enero); por lo tanto, muy por encima de los precios de la eurozona (2%). Debemos recordar que para 2017 el Gobierno fijó una previsión de inflación del 1,4% en su cuadro macroeconómico, a pesar de lo poco realista de esta previsión (FUNCAS prevé una inflación media del 2,2% para el presente año). A ello hay que añadir, según CCOO, el resultado de los convenios colectivos firmados hasta febrero, que cubren a 3,6 millones de trabajadores y alcanzan un crecimiento salarial de sólo el 1,23% y que la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del cuarto trimestre de 2016 señala que los salarios han vuelto a caer un 0,8%, como denuncia UGT.

No debe resultar extraño que los sindicatos reclamen con insistencia restablecer las conversaciones en torno a la negociación colectiva del presente año (los sindicatos reivindican una banda entre el 1,8% y el 3% con cláusula de revisión incluida). En este sentido han enviado una carta a los dirigentes empresariales instándoles a convocar de manera inmediata la Comisión de Seguimiento del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), al que acompaña un documento con la propuesta de los sindicatos en materia salarial para el año 2017. La Carta contempla además abordar el marco legal de la negociación colectiva, muy malparado por la reforma laboral: garantizar y reforzar la fuerza vinculante de los convenios, su eficacia y su permanencia hasta su sustitución por otro, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores (ultra actividad).

En segundo lugar, medidas para reducir la temporalidad, modificar el régimen del contrato a tiempo parcial y de los fijos discontinuos, garantizar a los becarios una contratación laboral con derechos, abordar la reordenación del régimen jurídico de la extinción de los contratos (asegurando la protección real ante los despidos ilegales o sin justificación suficiente), eliminar las precarias condiciones laborales de los trabajadores subcontratados y de las empresas multiservicios; además de otros asuntos relacionados con el SMI (reivindican 1.000 euros en esta legislatura, para aproximarse al 60% del salario medio, de acuerdo con la Carta Social Europea), las políticas activas de empleo, la igualdad de trato y no discriminación (planes de igualdad), la prevención de riesgos laborales, los derechos de información y participación en las empresas (democracia económica), la ley de participación institucional y, finalmente, una ley de financiación de la función socioeconómica que desarrollan las organizaciones sindicales y empresariales.

Paralelamente a esta actuación, los sindicatos han convocado movilizaciones en los centros de trabajo para el próximo día 23 con el propósito de denunciar la actitud irresponsable de los empresarios (entre otras cosas, no aceptan que la banda salarial de referencia para este año parta del 1,8% y exigen que el suelo de la misma comience de 0%) y el apoyo cómplice del propio Gobierno. Ello pretende además mejorar una relación de fuerzas muy desequilibrada en el actual contexto político y social: Gobierno de derechas, desunión de la izquierda, poderes fácticos empeñados en mantener y aplicar la ideología neoliberal y, por último, debilidad de los propios sindicatos.

En este marco, el congreso de CCOO, como lo fue el congreso de UGT hace un año, abre nuevas expectativas en torno a la apertura de un debate sobre el qué hacer de los sindicatos y el futuro del trabajo y sus consecuencias en la era digital. En todo caso, los sindicatos no lo tendrán nada fácil. El movimiento sindical adolece de varios problemas: escasa afiliación (en las pequeñas empresas y en colectivos específicos y emergentes), ataques a su representatividad, dificultad para impulsar la formación de cuadros y delegados…; a lo que hay que añadir una acción sindical muy afectada por la ultra desregulación del mercado de trabajo, pero no menos por el escaso contenido de los convenios, la falta de articulación de los mismos y la escasa participación de los trabajadores en la elaboración de las plataformas de los convenios e, incluso, en la ratificación de los convenios firmados con los empresarios. Por otra parte, los sindicatos deben asumir también el reto de actualizar periódicamente sus políticas en defensa de los trabajadores, en su condición de ciudadanos, al margen de la acción sindical en las empresas. Los asuntos a los que hay que responder en concreto están en la mente de todos -sobre todo de los más jóvenes y de los más desfavorecidos- y pretenden recuperar la credibilidad y la esperanza en la acción sindical: empleo, reparto del trabajo con igual salario, precariedad, protección social, servicios públicos (sanidad y educación), sector público (banca pública), modelo productivo, fiscalidad, medio ambiente y cambio climático, vivienda social…; en definitiva, trabajar a fondo por el fortalecimiento de la libertad, la democracia y la igualdad social y de género.

El mejor procedimiento para responder a todo ello pasa por el fortalecimiento del diálogo social y la concertación social, a pesar de la fuerte hostilidad de los empresarios, el deterioro de la relación de fuerzas de los sindicatos y los problemas internos de las opciones progresistas que tampoco facilitan el diálogo social. Como ha quedado patente en el debate parlamentario sobre el Decreto Ley de la estiba, si los partidos de izquierda se unen todo es posible, y si además los sindicatos apoyan, en asuntos de su competencia, a la oposición política, los resultados están llamados a ser alentadores. A todo ello deben contribuir, en lo posible, los debates previstos en el proceso de Primarias del PSOE y una decidida apuesta por las políticas de cambio, que tengan en cuenta a los ciudadanos por encima de los intereses de los poderosos. El último desplome electoral de los socialistas (Holanda) debe ser también una razón añadida para combatir a fondo el auge de las políticas socio liberales y defender (y sobre todo desarrollar), desde la ética pablista, las ideas de nuestros Mayores: más socialdemocracia y más sindicato.