DESPUÉS DEL 155, LA POLÍTICA

La composición política de Cataluña siempre, desde 1978, ha sido más compleja que la del conjunto del Estado español. Como ejemplo, mientras en este siempre ha habido un gobierno monocolor, en Cataluña nunca ha habido un govern en el que estuvieran representados menos de dos partidos (CIU o Junts pel Si). Y no es que en España haya un número de partidos menor que en Cataluña, pero no todos, durante este tiempo, han llegado a alcanzar un peso específico suficiente como para influir en el gobierno, como sí lo han hecho varios grupos políticos en Cataluña.

Esto podría permitir el análisis de que los matices son más relevantes en la política catalana de lo que lo son en otras zonas de España. Y, si eso fuera así, habría que actuar en consecuencia. Con finezza, como diría Giulio Andreotti. Nunca, en política, debe sobrar la sutileza, pero cuando es imprescindible, la falta de tacto es desastrosa.

Como en la situación actual. La aplicación del artículo 155, lejos de un aviso para otras regiones españolas, como ha dicho un portavoz del PP, debería ser un aviso para quien lo ha aplicado. Como toda respuesta penal, su necesaria aplicación, incluso su aparente éxito inicial, habría de evitarse en el futuro anticipándose a situaciones que lo hicieran preciso.

El actual momento parece propicio para la política, eso que se ha estado reclamando para complementar la justicia. Y lo es porque van a coincidir una campaña electoral en Cataluña y el inicio, así debería ser, de la Comisión que puede acabar con una reforma de la Constitución de 1978.

Porque esa reforma de la Constitución, si no se olvida el pasado, puede ser un elemento electoral para los partidos no independentistas el próximo 21 de diciembre, con los matices que cada uno de ellos incorporen a esa oferta.

La reforma del Estatut de 2006, truncada en 2010 por el Tribunal Constitucional, se hizo después de un referéndum en Cataluña y mereció su aprobación en el Parlament y en las Cortes españolas. Su aplicación, pues, no se hizo por falta de voluntad política, sino por falta de adecuación entre dicho Estatut y la Constitución Española, leyes, ambas, susceptibles de cambiarse en función, precisamente, de esa voluntad política expresada democráticamente mediante las mayorías suficientes que señala la Ley.

Este, pues, sería un momento para lograr esa adecuación entre ambas normas, si una mayoría de españoles -y catalanes entre ellos- lo decidieran. No se trata de convencer a los dos millones de independentistas que, posiblemente, hay en Cataluña, sino de ofrecer a una parte de ellos una satisfacción a sus problemas dentro del Estado español, y ello, con fórmulas que ya han sido aprobadas, en su momento, por los representantes de la mayoría de los españoles.

Si, además, se definen con claridad, mayor que la actual, las competencias del Estado y las de las Comunidades Autónomas, se nominan estas y se consolida la idea de que, se definan como se definan las diferentes Comunidades Autónomas, solo habrá un Estado en España, la reforma de la Constitución podría tener el mismo consenso que tuvo su aprobación en 1978.

Esa modificación que debería ser aprobada en referéndum en España, tendría después una continuación con la del Estatut catalán en las claves del de 2006, adaptado ya a la Constitución reformada. Y un nuevo referéndum en Cataluña cerraría el proceso, esta vez, legal.

A veces, es preciso que algo cambie para que no todo siga igual.