DESIGUALDADES Y PROBLEMÁTICA DEL MEDIO RURAL ESPAÑOL

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LA RELEVANCIA DEL MEDIO RURAL EN ESPAÑA.

En la serie de artículos iniciada en abril de este año nos hemos ido centrando en la temática de las desigualdades territoriales, enfocadas como comparación relativa de los estándares de bienestar de la población, primero, en los distintos países del planeta y en la posición que ocupa España en esa comparación; en segundo lugar en la situación diferencial de las distintas Comunidades Autónomas españolas y, en tercer lugar por su relevancia, dado el creciente proceso de urbanización de la población, en la comparación entre las principales ciudades españolas y del mundo.

Hasta ahora, como elementos de comparación se utilizaban una serie de indicadores relacionados con las dotaciones que objetivamente contribuyen al bienestar de la población y con los niveles subjetivos de bienestar manifestados por la misma, con particular referencia a indicadores asumidos por Naciones Unidas y los 193 países que apoyaron la Agenda 2030 (Transformar el mundo) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia los que todos esos países se han comprometido a avanzar, con el horizonte del señalado año 2030. Se trataba de considerar las desigualdades territoriales y la eficiencia relativa implícita de los Gobiernos de cada territorio en la mejora –o empeoramiento- de su situación relativa en los últimos años.

En este artículo pretendemos una aproximación a las desigualdades en el medio rural y, lo que es más importante, a la incidencia de esas desigualdades en la conservación –o destrucción- del rico patrimonio territorial –natural y cultural- que es uno de los elementos más característicos de ese medio rural y uno de los elementos fundamentales de la riqueza de este país que es, además, fundamental para la sostenibilidad ambiental de su desarrollo.

La primera dificultad que nos encontramos es la de la propia definición y delimitación del medio rural y, por lo tanto, del establecimiento de los indicadores que nos permitan avanzar en el análisis de las desigualdades territoriales en el mismo. Las delimitaciones existentes de la OCDE, la UE, o las que han venido realizando a lo largo del tiempo el Ministerio competente en materias agrícolas, u otros Ministerios, incluida la del propio INE, no son coincidentes ni homogéneas, lo que obliga a una consideración relativamente difusa de lo que denominaremos medio rural. En efecto existen partes claras del territorio español que podemos considerar no-rurales, correspondientes a los municipios integrados en Regiones Funcionales Urbanas, Áreas Metropolitanas o Ciudades, a las que nos hemos referido en artículos anteriores, pero que no dejan de tener ámbitos específicos de suelo rural, aunque los elementos con los que caracterizaremos a los rural, son secundarios o marginales. Existen ámbitos territoriales en España claramente rurales, a los que nos referiremos fundamentalmente en este artículo, que constituyen la inmensa mayoría del territorio español; y, por último, ámbitos intermedios de límites necesariamente imprecisos, donde lo rural tiene un peso decreciente y es sustituido por comportamientos, actividades y dinámicas específicamente “urbanas”. Y veremos cómo entre cada una de estas tres grandes zonificaciones existen fuertes desigualdades en las dotaciones y condiciones para el bienestar de sus habitantes, aunque éstas aparecen también entre los distintos territorios incluibles en cada una de ellas.

Definamos que vamos a considerar una caracterización del Medio rural como el territorio en el que la población se distribuye en asentamientos de pequeño tamaño, atendiendo a las necesidades de explotación de un medio natural del que se extraen, predominantemente, materias primas y recursos naturales, y en los que el sector primario ha tenido históricamente una importancia básica (especialización productiva), pero crecientemente descendente, lo que lleva a que ganen importancia relativa una amplia gama de actividades económicas, entre las que crecen distintas formas de las del sector servicios, muchas de ellas asociadas a las características naturales del medio –turismo ambiental o cultural, servicios de los ecosistemas, etc.- que permiten mantener la relación entre actividad económica y el medio natural. Por otra parte, la población residente en municipios rurales es reducida y decreciente en términos absolutos y en densidad de ocupación del territorio, tiene un elevado grado de envejecimiento, y tiende a tener carencias en el acceso a ciertos servicios y dotaciones básicos, que son más acusadas que en las ciudades; y sus pautas de comportamiento y su cultura se diferencian de los urbanos, aunque estas diferencias tienden a disminuir, sobre todo en las nuevas generaciones, por la influencia de los medios de comunicación, de las TIC y del incremento de movilidad que proporciona un índice de motorización creciente. Un último aspecto fundamental desde el punto de vista territorial es su escasa capacidad real para gestionar el territorio municipal, pese a las competencias teóricas que le asigna la ley en su ordenación y custodia del mismo, y su fuerte dependencia de dinámicas externas (ayudas agrícolas, nivel de pensiones, decisiones de inversión, etc.). Dependencia que hace a los habitantes de estas zonas rurales también “conservadores” en el sentido político, tendiendo a votar a los partidos con capacidad de decisión sobre las variables de las que dependen (las citadas ayudas agrícolas, la incidencia de las pensiones, etc.) pudiendo señalarse que en muchas zonas del territorio rural español se mantienen tradiciones caciquiles, características de épocas históricas muy anteriores. Fenómeno de elevada importancia política dada la alta ponderación relativa del voto rural en el actual sistema electoral español.

Atendiendo a la legislación vigente sobre desarrollo sostenible del medio rural, éste se caracteriza por ámbitos integrados por municipios menores de 30.000 habitantes con densidad inferior a 100 hab/km2, que sea definido como tal por las comunidades autónomas (CCAA) respectivas. De esta consideración saldría que más del 84% del territorio español sería rural, destacando las CCAA de Castilla y León, Aragón, Castilla la Mancha, Navarra y La Rioja por encontrarse con porcentajes de su superficie total por encima de los índices rurales medios.

En segundo lugar, hay que constatar que, efectivamente, el sector primario sigue ocupando un extensa área de actividad que afecta a la inmensa mayoría de la superficie del país, aunque las zonas cultivadas o de explotación ganadera tengan una tendencia decreciente en el tiempo, frente a una creciente superficie forestal, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente.

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En este marco, importancia singular tienen el número y características de las explotaciones agrarias que inciden sobre el medio rural, ya que éstas son las que permiten establecer las condiciones de la renta productiva que se producen en este medio. De una forma general podemos señalar que del orden de las tres cuartas partes de las explotaciones agrícolas españolas pueden considerarse de baja o muy baja rentabilidad, afectando a del orden de un tercio de la superficie agraria útil (SAU) y a más del 30% del empleo y renta agraria, manteniéndose su viabilidad básicamente gracias a las ayudas a la agricultura: Política Agraria Común, sin la que se estima que del orden del 85% del total de explotaciones agrarias del país no serían viables económicamente.

Alrededor del 75% de la producción forestal de madera se concentra en la Cornisa Cantábrica y Galicia en una superficie que supone el 20% de la superficie forestal arbolada española. En el resto de la superficie arbolada, salvo excepciones, la rentabilidad de los montes es prácticamente nula. Sin embargo debe también tomarse en consideración el valor de los beneficios indirectos generados (servicios de los ecosistemas) que, por ahora, no se valoran económicamente de forma significativa.

En el otro extremo, del orden de un 5% de las explotaciones pueden caracterizarse como de alta rentabilidad, afectan aproximadamente a otro tercio de la SAU, y vienen a representar algo menos del 60% de la renta agraria y del orden de una cuarta parte del empleo total. En este tipo de explotaciones el regadío tiene una importancia capital.

Atendiendo a este hecho, los datos referidos a la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE 2015) nos proporciona la situación relativa del regadío en España, donde se observa la relevancia de éste, tanto con respecto a la superficie geográfica total como con respecto a la superficie de cultivo, principalmente en las comunidades autónomas de Murcia, Valencia, Andalucía, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Aunque por importancia del regadío con respecto a la superficie de cultivo, es Canarias la región más relevante, y también Extremadura supera la correspondiente media regional.

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Una idea de la destacada rentabilidad efectiva del regadío (en media para todo el territorio nacional se puede decir que la puesta en regadío de una superficie de secano puede llegar a incrementar su rentabilidad en más de tres veces) viene recogida en el hecho de que la superficie regada con riego localizado, que exige una inversión significativa y una cierta gestión industrial de la producción, se haya incrementado en un 50% entre 2005 y 2015, afectando ya a cerca del 50% de la superficie regada del país.

No obstante, frente a esta distribución regional del tipo de explotaciones, es importante señalar que la mayor incidencia del Valor Añadido del sector primario respecto al total autonómico se produce en Extremadura y las dos Castillas, por delante de La Rioja, Murcia, Galicia y Andalucía. De hecho, las provincias con una mayor especialización agrícola en su VAB serían Badajoz, Cuenca, Lugo y Zamora, aunque en otras cinco ha venido teniendo en los últimos años una importancia relevante el sector construcción (Murcia, Tarragona, Girona, Granada y Almería) que coexiste con una agricultura de alta productividad y una cierta preponderancia del turismo. No obstante, también es preciso reseñar la necesidad de ser cautos con los datos referidos al empleo, producción y productividad en un sector donde la economía sumergida tiene históricamente una alta y desigual incidencia territorial.

En cuanto a la estructura de los asentamientos españoles y su dispersión territorial, ésta es muy elevada en amplias zonas del norte e interior peninsular. En efecto, con los últimos datos disponibles del INE (padrón continuo de población a 1/1/2016) la estructura municipal española vendría reflejada en el siguiente Cuadro, en el que se han recogido las provincias en las que más del 25% viven en municipios de características netamente rurales, con los casos extremos de Soria (más de tres cuartas partes de la población en municipios con menos de 2.000 habitantes) y Teruel (del orden del 65% de la población en esa situación):

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Lo curioso del caso es que el proceso de despoblamiento asociado a la crisis de 2008, con el retorno de muchos de los inmigrantes acogidos en España a lo largo de este siglo, hasta 2008, y con la nueva salida de población española en busca de trabajo en el extranjero ante la falta de posibilidades de encontrar un trabajo decente en este país, ha dado lugar a que, desde el censo de 2011, los únicos estratos de tamaño municipal que ganan población significativamente, sean los de menos de 100 habitantes (un 14%), aunque fundamentalmente por el incremento del número de estos municipios (en un 16%) y los de 20.000 a 100.000 habitantes (+1%, misma proporción en la que crecen los municipios en este estrato) que son ya municipios urbanos de tamaño medio, en los que la estabilidad de las condiciones de trabajo han sido algo mejores que en las ciudades mayores y en las áreas metropolitanas y regiones funcionales urbanas.

En todo caso, crece el número de municipios rurales y se amplía una desfavorable estructura municipal que, unida a la distribución de competencias administrativas, favorece una situación ineficiente e ineficaz en la dotación de muchos servicios básicos a la población rural que, como hemos constatado, adquiere proporciones muy significativas en un número muy relevante de provincias españolas. Y, además, en algunas de ellas el porcentaje de población respectiva mayor de 65 años y mayor de 85 años, alcanza cifras muy preocupantes; particularmente en Zamora, Ourense y Lugo, pero también en Soria, Teruel, Ávila, Salamanca, León y Palencia. A las que habría que añadir Cáceres y Huesca en la tendencia negativa en lo que se refiere a estas variables demográficas, y a su negativa incidencia sobre el medio rural.

No obstante, hay que señalar que desde el punto de vista de la población activa, la del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) representa, a 1 de abril de 2016, algo más del millón de personas. Y ha crecido entre el primer trimestre de 2008 y el primero de 2016 en 51,7 miles de activos (5,2%), pasando a representar la población activa en el sector primario, del 4,3% al 4,5% de la población activa del país, que alcanza a 1 de abril de 2016 cifras semejantes a las de 1 de abril de 2008. Se rompe así una cierta tendencia descendente de la participación de la población activa del sector primario en el conjunto de la economía española, que había llevado a ésta desde cifras cercanas al 6% de la población activa, en 2002, con unos activos totales de 19,1 millones de personas, a la señalada del 4,3% en abril de 2008, con unos activos que ahora se situaban en 23,1 millones. Lo que implica que la población activa en el sector primario goza de una cierta estabilidad, habiendo variado en el total del período 2002-2016 considerado, entre 1,0 y 1,2 millones de activos. Situación que nos muestra un sector primario con mayor capacidad de resistencia a las crisis que el sector industrial o ramas muy importantes del sector servicios.

No obstante, existe una cierta desventaja respecto a la media nacional si tenemos en cuenta la tasa de ocupación del sector, considerada como porcentaje de ocupados (777,4 miles para el sector primario: un 4,3% de los 18.029,6 miles de ocupados para el total nacional) respecto a la población activa correspondiente, que se situaba en el orden del 75% para 1 de abril de 2016, frente a un 78% de la media de todos los sectores para España. E igualmente, la estructura de la situación profesional en el sector muestra una clara desventaja para el logro de elevadas productividades en un ámbito en el que los empresarios sin asalariados y los trabajadores independientes representan del orden del 30%, los asalariados el 61% y los empleadores el 6%.

Nuevamente la reducida fiabilidad de los datos de empleo, producción y valor añadido llevan a manejar con cautela las cifras disponibles, pero no cabe duda que la situación es muy distinta en los territorios rurales especializados en el regadío y en la agricultura intensiva en invernadero, con asalariados en una gran variedad de condiciones (desde inmigrantes en condiciones de semiesclavitud a asalariados con remuneraciones acordes con la normativa) a las que caracteriza a la agricultura familiar tradicional en una parte mayoritaria del medio rural español.

En todo caso, el mayor problema en el acceso de las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles se produce más en las áreas urbanas marginales que en el medio rural; aunque en éste todavía existe un importante parque de infraviviendas y asentamientos con problemas (sobre todo para los trabajadores eventuales de temporada) y generalizados en muchos ámbitos rurales, sobre todo en las zonas desfavorecidas que se comentan a continuación, en lo que se refiere al acceso a los servicios básicos adecuados.

CONCLUSIONES FINALES SOBRE LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES EN ESPAÑA.

El primer artículo sobre las desigualdades territoriales de esta serie, concluía señalando que España, en media, aunque mantiene posiciones aceptables en los indicadores de desarrollo humano mundiales, ha perdido posiciones con el Gobierno de Rajoy en el ranking de países respecto a los indicadores globales de “felicidad” de sus habitantes tras la crisis. Y que si bien España se sitúa en la actualidad en un proceso de crecimiento económico, éste incide de forma desigual sobre, por una parte, una clase media acomodada, rentista o con empleo estable, que aunque ha padecido los efectos de la crisis se encuentra optimista ante el futuro económico cercano; y, por otra parte, sobre un grupo social mucho más amplio, que se encuentra en riesgo de pobreza, desempleado y con pocas posibilidades de acceso a un empleo de calidad, porque ha quedado subordinado a la precarización laboral y a los bajos sueldos, y tiene unas expectativas de futuro fuertemente restringidas.

Se destacaba en el primer artículo que la situación no era fruto de la casualidad, sino que respondía a unas políticas conscientes del Gobierno del PP que, en paralelo a las políticas dominantes conservadoras de la UE, iban dirigidas a recuperar los deterioros auto-infligidos por el sistema financiero y las principales multinacionales, a costa de penalizar el empleo, los salarios y las dotaciones y servicios para el bienestar ciudadano, convirtiendo sus políticas en elementos básicos de transferencia de renta desde el trabajo al capital.

El resultado, como se citaba en el primer artículo, venía reflejado en datos como los recogidos, en septiembre de 2015, por Oxfam y Unicef, que calcularon que del orden del 29% de la población española (más de 13 millones de personas) se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social; y que desde principios de siglo su patrimonio se incrementaba en un 3%, mientras que el del 10% de la población más rica lo hacía en un 56%. Hoy sabemos que desde 2008, el número de patrimonios millonarios españoles (personas con capacidad de inversión superior al millón de dólares) se ha incrementado en un 50%, pasando a representar el 0,41% del total de la población en 2015 (www.worldwealthreport.com), a la vez que, según la Fundación BBVA, la “clase baja de la sociedad española” pasó a representar un 12% adicional de la población total, pasando del 26,6% de la población, en 2007, al 38,5%, en 2013.

Es decir, la crisis financiera internacional y las políticas del partido popular han contribuido a producir un trasvase de un 12% de la población total que podíamos considerar clase media a clase desfavorecida, mientras que el número de personas con renta millonaria se incrementaba en un 50% y alcanzaba al 0,41% de la población en 2015.

En el segundo grupo de artículos sobre la situación de las Comunidades Autónomas españolas partíamos de la constatación de que la evolución media española no incidía de manera homogénea sobre todos los territorios españoles, y que las desigualdades entre las comunidades autónomas (CCAA) españolas se habían acrecentado con la crisis, siendo imprescindible valorar hasta qué punto la gobernanza de las mismas estaba asociada a los resultados diferenciales encontrados. Para ello se utilizaban una serie de Indicadores básicos regionales cuya evolución entre 2011 y 2015 (población, empresas, ocupación y producción total, evolución del riesgo de pobreza, del empleo y de la tasa de paro) permitían establecer las desigualdades no estructurales que son achacables a los Gobiernos regionales responsables de la gestión en las correspondientes CCAA entre los citados años de 2011 a 2015.

Las respuestas autonómicas a la crisis iniciada en 2008 en España las llevaron a un fuerte nivel de endeudamiento y déficit ante la desaparición, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, de una de las fuentes de ingreso que les permitía mantener adecuados niveles de dotación de servicios (educación, sanidad, dependencia, etc.) que ante las presiones de la UE y del Gobierno del PP para potenciar un rápido “ajuste fiscal” devinieron en fuerte deterioro de las dotaciones de servicios de bienestar a la población respectiva. Los Gobiernos regionales que en 2011 heredaron una dinámica económica muy negativa, con fuertes condicionantes internacionales y estatales, tuvieron que hacer un esfuerzo por reconducir la situación. Pero no todos han tenido la misma eficacia y eficiencia en el proceso, destacando respecto al conjunto de las variables consideradas la positiva evolución relativa, entre 2011 y 2015, de las Illes Balears, La Rioja, Cataluña Madrid y Canarias. Mientras que, en el aspecto negativo, destacaban las dos Castillas, Asturias y, sobre todo, Cantabria.

Este proceso característico de la evolución de cada Comunidad Autónoma debía diferenciarse respecto a lo ocurrido en dos ámbitos claramente diferenciados; el medio urbano y el medio rural. Las diferencias entre ciudades se han considerado en el artículo anterior y nos llevaban a unas conclusiones claras en el sentido de destacar la importancia del tamaño de la ciudad, y la importancia del gobierno específico de cada ciudad en el grado de satisfacción de sus ciudadanos. En el hecho de que las dificultades del empleo en España y la crisis han incidido en la pérdida de satisfacción en el acceso a los servicios del bienestar de los ciudadanos, de forma general, pero de una manera menos sensible en las ciudades de tamaño medio. Y que, dada la importancia de las ciudades en la evolución relativa de las provincias españolas, sobre todo en aquellas más urbanizadas, la evolución de lo que acontece en esas provincias es el mejor ejemplo de lo que acontece en las respectivas ciudades. Y en ese sentido, quedaba clara, por orden de mayor a menor, la positiva evolución y potenciales medios de futuro para los residentes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga. Bilbao, Área Central de Asturias, Zaragoza, Alicante-Elche, Bahía de Cádiz, Murcia, Vigo-Pontevedra, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Granada, Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, A Coruña, Valladolid, San Sebastián, Tarragona-Reus, Pamplona, Córdoba, Santander-Torrelavega y Castellón de la Plana, aunque las desigualdades personales y los niveles de bienestar de la mayoría de los ciudadanos no correspondiera a ese orden, tal y como se apreciaba al considerar los niveles de riesgo de pobreza o de calidad ambiental urbana.

En este artículo bajamos a valorar las desigualdades en un medio rural con tendencia a una pérdida de importancia del sector agrario frente a otros sectores, pero que, sin embargo, es superior en España a la de la mayoría de los países de la UE, como consecuencia de la considerable incidencia de sistemas de producción basados en el regadío y del alto valor de los productos tempranos o de primor, producidos en ciertas zonas del país, ciertos tipos de ganadería o la fruticultura tradicional, entre otros, que conducen a una Balanza comercial agraria con superávit.

Pero como ya hemos venido señalando, las condiciones del sector primario en España presentan muy fuertes desigualdades territoriales. Y muchas de ellas vienen asociadas a la pervivencia e incremento de lo que se han denominado zonas desfavorecidas del territorio español, bien por sus circunstancias orográficas -200.850 km2 del orden del 40% de España- o por problemas de despoblamiento y dificultades especiales -196.106 km2, del orden del 39% de España- lo que hace que el 78,8& del territorio español se considere desfavorecido, con unos niveles de depresión municipal que se recogen en la Figura siguiente, elaborada a partir de la delimitación de zonas de montaña y de las consideradas especiales por el Ministerio de Agricultura, y también a partir de las consideraciones socioeconómicas específicas de cada municipio y de las particularidades del sector primario en los mismos.

La peor situación se corresponde con el nivel 4 que, como se aprecia, corresponde al área noroccidental de España (Lugo y Ourense, fundamentalmente) que presenta características fuertemente depresivas, en gran parte por motivos orográficos (altitud sobre el nivel del mar, pendientes, capacidad agrológica y forestal) pero también, y muy directamente ligados a estos, por motivos socioeconómicos y de aislamiento relativo territorial. En menor medida, el fenómeno también afecta a las provincias a las que hemos hecho reiterada referencia en la primera parte de este artículo: Zamora, Soria, Teruel, Ávila, Salamanca, León, Palencia, Cáceres, Cuenca y Huesca. En otras provincias como Lleida, Almería, Albacete, Burgos o Castellón, la situación provincial es menos representativa de la dicotomía entre zonas fuertemente depresivas (en violeta, azul o verde en la Figura) y las no desfavorecidas (resto en blanco).

El resultado de los procesos considerados es que una gran parte de los municipios existentes tienen una población muy reducida y van a seguir sufriendo procesos de despoblamiento que harán insostenible económica y técnicamente la actual delimitación municipal. Pero, por otra parte, estos espacios representan la inmensa mayoría de la superficie de España y es donde se encuentran los ámbitos de mayor interés ecológico o los espacios de mayor biodiversidad y riqueza; y, por último, poseen numerosos bienes patrimoniales, arqueológicos y culturales de elevado interés. Sin embargo, su dinámica de despoblamiento progresivo es difícilmente reversible en la mayoría de ellos, aunque una adecuada política territorial, basada en el desarrollo de los potenciales endógenos disponibles y en la creciente valoración de los elementos medioambientales de su entorno, puede significar un importante incremento en los niveles y en la calidad de vida de sus ha

No obstante, la necesidad de prever y poner solución en la actualidad a una estructuración municipal obsoleta para lo que son las necesidades del siglo XXI, es una de las demandas no adecuadamente consideradas ni resuelta por nuestros poderes públicos para el conjunto de España, desde la década de los setenta del siglo pasado. La modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, no ha resuelto ni va a resolver el problema que requiere concierto y acuerdo entre los distintos niveles administrativos y políticos si se desea avanzar en la cohesión y eficiencia de la gestión territorial.

En este marco, el espacio rural depende cada vez menos de la agricultura y la gestión del medio rural debe entenderse como un asunto territorial, no como una cuestión de política agrícola. La agricultura juega un papel muy importante en el medio rural en algunos territorios con agricultura intensiva o de regadío de alta productividad, pero en el resto su importancia es más cualitativa que cuantitativa. Y el desarrollo de los habitantes en este medio depende más de una Ordenación del Territorio coherente que de políticas de subvención cuyos beneficiarios, en muchas ocasiones, residen en las ciudades y los beneficios derivados sólo inciden de manera muy marginal sobre el medio rural.

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