DESIGUALDAD, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN SOCIEDADES PARADÓJICAS

La desigualdad social, como problema sistémico y estructural a nivel planetario, es el contexto en el cuál situar la pobreza y la exclusión social en ciernes de iniciarnos en la tercera década del siglo XXI. Numerosas entidades internacionales alertan desde hace años sobre el acrecentamiento de la desigualdad, entre otras Oxfam Intermon que denunció en el año 2014 que debía ser considerada la enfermedad del siglo XXI y uno de los grandes retos que amenazan el progreso de la humanidad hacia sociedades más equitativas, justas y democráticas. El World Economic Forum destaca reiteradamente desde el año 2017 que uno de los principales riesgos en la actualidad es el aumento de las desigualdades de ingresos. En el informe del año 2018 se explicita que en los cinco años previos las 29 economías más avanzadas habían experimentado una bajada en su nota de inclusión, a pesar de haber crecido en más de un 3% (las economías más inclusivas fueron las de Noruega, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo y Suiza). España obtuvo una clasificación de 26 sobre 30, resultando la única economía avanzada que había retrocedido en crecimiento y cohesión social, apareciendo al final de la clasificación. Por otro lado, expone que entre 2006 y 2015, la riqueza de la élite económica del mundo había crecido anualmente en torno al 13%, a un ritmo seis veces más rápido que los salarios de los trabajadores que se ensancharon de media anual en un 2%. De tal suerte que entre marzo de 2016 y marzo de 2017 estimaron se había producido la mayor subida de la historia del número de millonarios (personas que superan los mil millones de dólares), con un nuevo milmillonario cada dos días (con 4 incorporaciones de españoles según la revista Forbes, sumando un total de 25). El de 2019 se ratifica en este sentido, haciendo constar entre las cinco tendencias riesgosas mundiales está la creciente polarización de las sociedades y de la inequidad económica.

En España, un informe de Oxfam Intermon de enero de 2019 puso sobre la mesa que ocupamos el cuarto puesto en el ranking de los países más desiguales dentro del ámbito de la Unión Europea, además de ser el segundo Estado europeo en donde la distancia entre ricos y pobres se ha ensanchado más. De hecho, durante el 2018 el 1% más rico acaparó 12 de cada 100 euros creados, a diferencia del 50% más pobre que se repartió 9 de cada 10.

En consonancia con lo anterior, el índice de Gini en nuestro país pasó del 0,319 en 2007, a 0,329 en 2009, a 0,34 en 2011, con un ligero descenso en 2013 (0,337), a 0,346 en 2015 y 0,341 en 2017, datos que no puede interpretarse como una mejora de la situación social, sino como una consecuencia del empobrecimiento general de nuestra sociedad.

Ello ha conllevado que gastos cotidianos y necesarios como comer carne o pescado con regularidad o calentar la vivienda en invierno son graves carencias que se agudizaron con la crisis y no han mejorado con la recuperación económica. Según un trabajo del Observatorio de la Caixa de 2018 el 8% de la población pasa frío en su casa —más que el 7,2% que sufría esta carencia en 2009, en plena crisis— y el 3,7% no se alimenta como debe por falta de dinero, frente al 2,1% que solo comía carne o pescado cada dos días en 2009[1]. En este sentido, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2018 la evolución de las dificultades económicas de los hogares siguió una tendencia creciente hasta el año 2014, con una ligera bajada hasta el año 2018.

Por su parte, las cifras de gasto en protección social han seguido una tendencia a la baja desde el año 2013, y a distancia de los países de la Unión Europea de los veintiocho. Para Eurostat con cifras relativas a 2016 mientras que como promedio en la Europa de los veintiocho ascendió al 28,1% del PIB, en España se sitúo en el 24,3%.

En este contexto, se ha delimitado, a raíz de la crisis económica, una tendencia según la cual la pobreza y la exclusión social afectan en mayor medida a las mujeres, los parados, las personas inactivas, los jóvenes y los que disponen de menor grado de educación y formación.

Consignar que en 2018 tuvimos una tasa de paro del 14,5% según la Encuesta de Población Activa 2018 (con una mayor presencia entre las mujeres), observándose a partir del año 2008 una subida significativa hasta 2013, momento en el que se observa una progresiva bajada a resultas de los nuevos contratos que dio lugar la Reforma laboral del año 2012 del Gobierno Rajoy. Nuevos contratos instalados en la inestabilidad y temporalidad. Sirva de ejemplo, que en junio de 2019 se firmaron más de 2.009.011 contratos (un 2,3% menos que hace un año), de los cuales solo 174.159 fueron indefinidos (el 8,67% de todas las contrataciones). Por otro lado, la tasa de temporalidad se situó en el primer trimestre de este año en el 25,9% a pesar de haber caído un 0,9% respecto a 2018.

La evolución del porcentaje de personas en paro de larga y de muy larga duración (2008-2014) presentó una evolución creciente hasta el año 2014, fecha en la que comienzan a bajar, alcanzando en 2018 a 1.5005.000 ciudadanos. Lo anterior puede explicarse a consecuencia del aumento de los trabajadores pobres, que han adquirido una especial presencia en nuestro país. Así las cosas, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social a principios de 2019 había en España dos millones seiscientos mil trabajadores pobres.

La pobreza y la exclusión por género muestran una influencia de esta variable en este contexto.  Según se infiere de las encuestas de condiciones de vida, con informaciones relativas al periodo 2007-2018, las mujeres presentan una mayor tasa de riesgo de pobreza hasta el año 2011, periodo en el que se produce una inflexión, debido, en buena lógica, a la mayor incidencia de paro entre los varones (25,1% las mujeres y 22,4% los varones en 2008 y 27% y 25,1% en 2018, respectivamente).

La prevalencia de la pobreza por tramos de edad advierte una considerable influencia de los factores generacionales, de manera que las tasas de pobreza para el periodo (2008-2018) han sido mayores entre los jóvenes entre 16 y 29 años (22,8% y 33,8% en cada caso y los menores de 16 años (29,6% y 28,8% respectivamente), coincidiendo con la situación en Europa.

Respecto a la importancia que tiene la formación de los ciudadanos frente a la pobreza relativa, se confirma que cuando la educación es la equivalente a educación primaria o inferior, mayores son porcentualmente las tasas de pobreza. De igual modo, con alguna ligera mudanza en el tiempo, podemos afirmar que cada vez hay más ciudadanos con estudios superiores que se desenvuelven con serios problemas económicos (según la Encuesta de condiciones de vida, en 2018 el 33,7% y en 2008 el 32,8% de las personas con educación primaria o inferior, así como en 12,6% y el 9,8% para esos mismos años de aquellos con educación superior).

De forma que el trabajo (desempleo, paro, precariedad laboral…) junto al alto precio de la vivienda y el consecuente endeudamiento de las familias españolas, así como un gasto social bajo son piezas clave que, en el caso específico de nuestro país, explican la evolución que ha seguido la pobreza y la exclusión social (TVG). Junto a lo anterior, como hemos visto, deben tenerse en cuenta, otros factores de riesgo como el ser mujer u hombre, la edad, la educación/formación disponible, las circunstancias laborales…

Finalmente, podemos afirmar que en los últimos años, junto a la caracterización más tradicional de la pobreza, estamos asistiendo al surgimiento de los llamados nuevos pobres o nuevas familias de pobres: hombres, mujeres, niños y familias que han pasado de estar en franjas de relativa integración social a entrar en la pobreza y la exclusión social. Por otro lado, se han agravado las circunstancias de las personas y sectores sociales históricamente más vulnerables. Y, junto a lo anterior, según ha informado recientemente la Agencia Tributaria con datos relativos a 2017 hay 611 contribuyentes que declaran tener un patrimonio de al menos 30 millones de euros (el 74% más que los 352 grandes millonarios que había en 2011), de igual modo que el número de ciudadanos que declaró propiedades valoradas en más de 1,5 millones ha experimentado una subida de un 35% sumando 60.337.

Tomemos buena nota de lo anterior y con la fuerza que nos confiere el ser ciudadanos privilegiados reconduzcamos la deriva de lo injustificable.

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[1] Observatorio Social de La Caixa, Bienestar económico y material, Octubre 2018. Véase, https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/135153/iBEM_digital_OCT2018.pdf/74d95da8-4b96-2450-2f66-fbe4dd25fea7