DERECHOS Y NUEVA FISCALIDAD

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En esta nueva etapa sin mayorías parlamentarias, distintas fuerzas políticas plantean la necesidad de proteger constitucionalmente determinados derechos, para que no se puedan recortar por ningún Gobierno. Una mayoría de españoles coincide en este deseo, pero mientras llega, es oportuno afirmar que si se quieren blindar los derechos de los ciudadanos en una futura reforma de la Constitución, lo primero que hay que hacer es una reforma fiscal que cumpla lo que dice el artículo 31 de la Constitución española. Es decir, “1.- Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2.- El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3.- Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”. De no hacerse, será imposible proteger derechos, porque no habrá dinero aunque exista voluntad.

Las bonitas palabras, que aparecen recogidas en el apartado de derechos y deberes de nuestra Constitución, hoy suenan vacías de contenido cuando se analiza la realidad de nuestro país, o cuando los ciudadanos conocen la verdad de los datos. Chocaron con la carrera de los gobiernos por reducir la fiscalidad, que comenzó hace casi tres décadas, y que ha traído como consecuencia un incremento de la desigualdad, mayores dificultades para sostener el Estado de Bienestar y una peor distribución de la renta nacional en las sociedades democráticas.Tres ejemplos:

  • El primero, hace referencia a que España fue, en el año 2015, el país donde más se redujo el IRPF, pasando de un tipo máximo del 52 por ciento al 47 por ciento. O se redujo el impuesto sobre sociedades del 30 por ciento al 28 por ciento y este año al 25 por ciento, según el Estudio Global sobre Tipos Impositivos elaborado por KPMG, que analiza la situación fiscal de 145 Estados.
  • El segundo, es que España recauda menos que la media de los países de la Unión Europea en IRPF, IVA, Sociedades, impuestos especiales, cotizaciones sociales, con datos de 2014. Concretamente:
    • Los ingresos públicos en España en relación al PIB se sitúan en el 38,6 por ciento frente al 45,2 por ciento del promedio de los países de la Unión Europea, o el 46,8 por ciento de la Eurozona.
    • En IRPF, que es el tipo de impuesto más relevante por recaudación, y que grava fundamentalmente los salarios, España ingreso un 7,7 por ciento del PIB frente al 9,3 de la Eurozona, o el 9,4 de la media europea.
    • En IVA, tras subirse cinco puntos en un periodo de tiempo de dos años (2010-2012) del 16 al 21 por ciento, España es el tercer país que menos recauda, solo por delante de Irlanda e Italia. Se ingresó el 6,2 por ciento del PIB, cuando la media de la Eurozona está en el 6,8 por ciento y la media europea en el 7 por ciento. Pero además, en los años de crisis la recaudación en España subió un 1,2 por ciento y en la media europea subió un 10,9 por ciento.
    • En el Impuesto de Sociedades, a pesar de contar con uno de los más elevados de Europa en teoría, todo el entramado de desgravaciones y deducciones hace que la realidad sea otra. Resumiendo, una recaudación del 2 por ciento del PIB frente al 2,4 por ciento de media de la Unión Europea.
    • En cotizaciones sociales, a pesar de las continuas reivindicaciones de los empresarios para bajarlas, España recauda un 12,5 por ciento frente al 13,4 de la media de los países de la UE y el 15,5 de la Eurozona.
  • El tercero, España ocupael último lugar de la Unión Europea en la lucha contra el fraude fiscal. El porcentaje de PIB que dedica España a recaudar los impuestos es del 0,11 por ciento del PIB frente al 0,226 de Portugal, el 0,213 de Reino Unido, según los datos del informe Tax Administration de la OCDE. Un porcentaje que ha empeorado durante los años de Gobierno del PP, ya que en el año 2011 era del 0,113 por ciento yen 2010, del 0,135 por ciento. Junto a lo anterior, hay que añadir una plantilla de la administración tributaria en España muy escasa, con 26.962 personas en el año 2013, según la OCDE. Un número que contrasta con los 115.411 de Francia, o los 110.382 de Alemania.

En definitiva, se puede afirmar que España no tiene una elevada presión fiscal agregada. Pero, el problema radica en que el actual sistema fiscal español descansa demasiado sobre la tributación de la renta anual y del factor trabajo. Así, el sostenimiento del gasto público recae de forma casi exclusiva sobre las rentas del trabajo, fundamentalmente medias y bajas, que soportan directamente e indirectamente el grueso de la presión fiscal, en torno a nueve de cada diez euros recaudados. Mientras, las grandes fortunas y patrimonios no contribuyen de forma adecuada al sostenimiento de los gastos públicos.

¿Qué hacer? Hay que llegar a un acuerdo para cambiar la fiscalidad, porque España necesita una política fiscal que recupere “la equidad y la progresividad”, que pague más quien más gana y tiene. Y que el “todos contribuirán” de la Constitución, es todos los que se encuentren y desarrollen su actividad profesional en España, sean españoles o extranjeros, personas jurídicas de tamaño menor o multinacionales tecnológicas. Una política fiscal que recupera “la igualdad del sistema tributario”, es decir, situaciones económicas iguales conllevan una imposición fiscal igual, independientemente de las fuentes de renta.

Una política fiscal con simplicidad, eficiencia y que incentive la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación. Se necesita que tribute la riqueza y el uso de recursos naturales finitos. Se necesita luchar contra el fraude fiscal, la elusión y la evasión fiscal. Si se hace, habrá un reparto más justo de los impuestos, se fortalecerá el Estado del Bienestar, la economía española será más competitiva y se creará empleo de calidad.

Estos nuevos tiempos, si es que lo son, tienen que contar con unos poderes públicos, que con políticas y presupuestos concretos promuevan el progreso social y económico y una distribución de la renta más equitativa. Con unos poderes públicos que realicen una política orientada al pleno empleo. Entonces, serán buenos tiempos para los ciudadanos.