DERECHO A DECIDIR, REFERÉNDUM Y LA PEREZA INTELECTUAL DE CIERTAS IZQUIERDAS

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En la reunión del Comité Federal del PSOE del 2 de abril su Secretario General se refirió a “un independentismo erróneo que subyace debajo del mal llamado derecho a decidir” (La Vanguardia, 3 de abril de 2016). La expresión (entrecomillada por el periódico) es una de las mejores descripciones valorativas del denominado “derecho a decidir” que ampara la celebración de un referéndum que, sea a la canadiense o a la tahitiana, es una decisión que afecta conceptualmente a la unidad de España e incluso la pone en peligro. Además, la declaración de Sánchez es particularmente oportuna en un momento en que una izquierda no independentista como es teóricamente Podemos, propone referéndums tous azimuts. Vamos a examinar qué hay detrás de esta propuesta de Podemos que rebasa el marco catalán para introducirse también en el País Vasco con una contundencia que empuja al PNV a situarse en esa misma dirección. Y después de tratar de encontrar los motivos de esta apuesta de Podemos pasaremos a analizar el trasfondo de la descalificación que formuló Pedro Sánchez sobre el derecho a decidir.

¿Por qué un partido como Podemos que parece tener vocación de gobernar en toda España y en sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se atreve a lanzar una propuesta que probablemente le reste apoyos electorales en algunas regiones como Andalucía, Extremadura o las dos Castillas? Dos factores son, probablemente, los que han empujado a Podemos a defender el referéndum en Cataluña, País Vasco y (aunque todavía no sea explícito) en Galicia. En primer lugar, razones tácticas electorales. En Cataluña Podemos se ha aliado con Barcelona en Comú que también defiende el referéndum. Y en el País Vaso Podemos ha decidido competir en el campo nacionalista (identificando el españolismo con el PSE) y se ha inventado, yendo más allá que el PNV, un derecho a decidir que es muy peligroso porque obliga al nacionalismo vasco a no distanciarse de esa vía. Otra razón también táctica, que Iglesias Turrión expuso la misma noche de las elecciones, es dificultar el entendimiento con el PSOE que si admitiera un referéndum en Cataluña se hundiría en el resto de España.

Pero además de esta razones tácticas Podemos defiende el referéndum y el llamado derecho a decidir porque esta bebe doctrinalmente de una fuente que responde a un fenómeno de pereza intelectual que caracteriza a la extrema izquierda en España. Durante la Dictadura franquista la izquierda en general reaccionó contra el hipernacionalismo españolista y rechazó con gran intensidad los símbolos del Estado (especialmente la bandera y el himno) y hasta la propia idea del Estado unido, porque parecía más avanzada la idea de romper ese Estado opresor, como si los madrileños o los segovianos no estuvieran tan sojuzgados como los barceloneses o los guipuzcoanos. Desde la última Dictadura, lo moderno, lo liberador, lo progresista era identificar el Estado franquista con el Estado español, como si éste sólo hubiera aparecido en 1939. Y se incurrió con ello en dos muy graves errores.

Por una parte, se hizo el juego a la parte más rancia y corrupta de la oligarquía catalana que, aliada a una franja empresarial e intelectual de las clases medias, prefiere un Estado independiente en el que explotar mejor a las clases populares (también lo prefieren los máximos dirigentes sindicales, adecuadamente integrados en la oligarquía independentista para, de paso, olvidar los conflictos de clase, que son muy latosos de gestionar cuando debe reinar la armonía nacional). En segundo lugar, por pereza intelectual, la extrema izquierda de fuera de Cataluña y del País Vasco siguió pensando que el Estado español, el Estado democrático donde se vota libremente, se elige a los gobernantes y se disfruta de un marco de libertades y derechos fundamentales, es el mismo Estado opresor del franquismo y hasta responde a los mismos símbolos. Lo ha explicado con gran acierto un artículo colectivo publicado el lunes pasado (J. C. de Ramón et alii: “España en común, España plural”, El País, 4 de abril de 2016) donde se señalan las diversas expresiones de la pobreza intelectual de los nacionalistas y de quienes les hacen el juego que incluso rechazan, como es conocido, el empleo de la palabra “España”. Es, repito, un ejercicio de pereza intelectual al que parece haberse sumado Podemos, que prefiere pensar con lugares comunes antes que con análisis rigurosos de la realidad política. De modo que el resultado es una extrema izquierda que quiere gobernar en Extremadura, en Aragón y en el resto de España pero que, en contradicción con esos deseos, hace el juego a la oligarquía corrupta de Cataluña y a un nacionalismo vasco que hasta hace poco se resistía a condenar a ETA.

Y al servicio de su pereza intelectual, Podemos y demás grupos de extrema izquierda han comprado la mercancía averiada del derecho a decidir. Aunque hay mucho político e intelectual catalán que defiende el derecho a decidir para votar “no” a la independencia (o eso es lo que nos cuentan) la realidad es que ese mal llamado derecho es una invención de los independentistas con el fin de hacer más digerible el referéndum. Y ha triunfado, porque hay políticos e intelectuales que han descubierto las bondades democráticas de votar en un referéndum. Les parece el colmo de la democracia, pero en realidad es el colmo de la manipulación de una minoría y un ataque poco disimulado al Estado democrático.

Tres razones hacen incompatible el referéndum con la democracia cuando se trata de consultar sobre la independencia de una parte del territorio nacional. Por una parte, la unidad del Estado democrático español, unidad que arrastra una historia de quinientos años (bajo las diversas formas de la Monarquía hispana), no se puede poner en juego en una votación que acentúa los rasgos extremos y antitéticos y soslaya los matices que exige toda decisión política. Porque un referéndum es una cosa seria y quien lo convoca debe saber que lo puede perder. Por eso es un riesgo desmesurado e incontrolable para el Estado democrático, porque ese Estado es garantía de democracia y de bienestar para todos los españoles.

Pero todavía hay una razón más profunda que hace del referéndum que propugnan los independentistas una operación muy poco democrática. Comentando los cambios constitucionales de la Europa de 1918 un gran constitucionalista ruso-francés, Mirkine-Guetzévitch, decía que el problema del referéndum en Europa ya no es un problema de Filosofía del Derecho (como en el siglo XVIII) ni un problema sobre la soberanía del pueblo (como en la Revolución Francesa) sino, por el contrario, un problema técnico, lo que llevaba este autor a propugnar la exclusión del referéndum de ciertas materias como la política exterior para, a continuación, afirmar: “Desde el momento en que tenemos delante un elector que pertenezca a un partido disciplinado en un país en que existan pocos partidos, el valor del referéndum se hace muy discutible porque apenas si puede variar el resultado de la votación popular del mandato de las elecciones” (Boris Mirkine-Guetzévitch: Modernas tendencias del Derecho constitucional, Madrid, 1934, págs. 140-162). Ahí el constitucionalista ruso-francés identificaba los perfiles más complejos del referéndum, pues hay materias que han de ser objeto de procesos de toma de decisiones largos y complejos, lo contrario que el referéndum, que es binario y simple y, además, puede tener efectos preclusivos sobre los temas que están a debate. Un referéndum sobre la independencia de una región tiene como efecto, si es favorable a la independencia, cerrar para siempre la permanencia de esa región en el Estado por lo que no se debe entrar en operaciones que hacen del ciudadano un soberano absolutista (y no democrático) pues, como en el Antiguo Régimen, decide para siempre sobre el destino de todos sus descendientes, cuando la simple evolución de la opinión pública o el acierto o el desacierto de una campaña publicitaria pueden determinar que el Estado no se rompa.

Finalmente, la falaz doctrina del derecho a decidir oculta una trampa: ¿quién determina el ámbito en el que se ejercita ese denominado derecho? ¿Por qué el ámbito regional es más idóneo que el ámbito nacional o el ámbito comarcal? Porque ha habido una minoría secesionista con elevada capacidad de agit-prop que determina cuál es el ámbito territorial más idóneo. Una operación de referéndum en un ámbito espacial no nacional presupone, en cierto modo, una operación de selección del electorado, de decidir quién va a votar y quien no va a votar. Ese es el derecho a decidir, operación fraudulenta que implica, si es leal, que el Estado se arriesga a una amputación territorial y poblacional. No llamemos derecho lo que es anti-derecho, pues es una secesión encubierta que quiere romper el ordenamiento democrático.