DEL ESTUPOR A LA ACCION

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pamplona en el conocido como caso de “La Manada”, nos ha dejado estupefactxs, provocando una gran y casi espontánea reacción social de rechazo.

La benevolencia del Tribunal con los cinco agresores ha conmovido a muchas mujeres y hombres y, tras mostrar nuestra indignación por ello, se hace necesaria una reflexión acerca de las causas y de cómo tratar de evitar que en el futuro se produzcan sentencias similares.

No es la primera vez que los Tribunales nos demuestran que utilizan diferente vara de mediar para las mujeres que para los hombres. Recuerdo varias sentencias, escandalosas como ésta, citando a modo de ejemplo la de la minifalda o la de prestarse la mujer a ir delante en el coche con un desconocido, en las que se juzgó y examinó exhaustivamente la vida y el comportamiento de la víctima, porque cualquier conducta fuera de la ortodoxia más machista, justificaba cualquier acción por parte del varón, por brutal que ésta fuera. Creíamos que eran tiempos pretéritos.

En la sentencia de la Manada se contiene un relato de hechos probados muy concretos, demoledores y rotundos, que son la fotografía de un acontecimiento de violencia sexual estremecedora, cometida por cinco hombres grandes, sobre una mujer joven, en medio de la noche, en un habitáculo del que ella no podía escapar, a la que desnudaron, violaron en once ocasiones, en escaso tiempo, grabando todo este horror, dejándola tirada y semidesnuda, robándole su teléfono móvil para que no los pudiera denunciar.

Estos hechos probados solo podían ser calificados jurídicamente como violaciones, porque no se puede comprender, que, no existiendo consentimiento de la mujer, lo que también es un hecho probado de la sentencia, la hayan penetrado de todas las formas posibles sin intimidación. Repugna al sentido común esa interpretación.

La sentencia quiebra estrepitosamente al aplicar el Derecho a los hechos probados que ella misma contiene. Se hace ingeniería jurídica hasta distorsionar la norma, perdiendo así la sentencia la obligada coherencia, pues el fallo no se corresponde con los hechos, al calificarlos como abuso sexual y no como violaciones.

Ya pudimos observar durante el juicio que se desprotegió a la víctima, como negro vaticinio de lo que después ha acontecido. En efecto. El Tribunal admitió como prueba un informe de unos detectives sobre la vida de la agredida, los días posteriores a que se produjera la agresión. Este informe lo aportó la defensa y el Tribunal lo admitió, si bien, dada la contestación que se produjo por ello, la propia defensa lo retiró. Pero todos y todas nos habíamos enterado ya que la mujer agredida trataba de hacer una vida normal, por lo que la defensa, con la inestimable ayuda del tribunal, había conseguido su objetivo: que todo el mundo supiera que los hechos no habían sido para tanto. Una pena.

Al aportar y admitir esta prueba, se conculcó el art. 54 del Convenio de Estambul, ratificado por el Estado español en el mes de junio de 2014, formando parte desde entonces de nuestro ordenamiento jurídico, que prohíbe admitir este tipo de pruebas sobre las víctimas en esta clase de procesos judiciales. Un escándalo.

La Fiscalía calificó de manera provisional y definitiva las conductas de los acusados como constitutivas de agresión sexual. Y ha anunciado inmediatamente a darse a conocer la sentencia, su intención de recurrirla en apelación. El criterio de la Fiscalía debe ser tenido muy en cuenta, porque su intervención a lo largo del proceso, su carácter neutral e independiente y su sólida formación jurídica, nos deben llevar a entender que cuando calificó los hechos como agresiones sexuales y no como abusos, tenía argumentos jurídicos sobrados. Esperamos sinceramente que la sentencia se revoque en las instancias superiores.

La Audiencia Provincial de Pamplona considera que no existe intimidación. Que no ha habido la necesaria resistencia por parte de la mujer y dicta la sentencia que conocemos, retrotrayéndonos a tiempos remotos, en los que el bien jurídico protegido por el Código Penal era la honestidad de las mujeres y se les exigía a éstas ejercer una resistencia heroica ante las agresiones sexuales para que se pudiera conocer que habían sido víctimas de una violación.

Esta concepción machista y patriarcal de la vida y del Derecho, que ha supuesto la sumisión y la desigualdad de las mujeres durante siglos, comenzó a cambiar en nuestro país con la aprobación de la Constitución, que, como es sabido, prohíbe discriminar a las personas, entre otras cuestiones, por razón de sexo. Tras la Constitución, lentamente fueron cambiando todas nuestras leyes, precisamente para adaptarlas a los principios constitucionales, sobre todo al de igualdad. Y con los Gobiernos socialistas se han probado leyes en esta materia que han sido y son pioneras en el mundo, como ha ocurrido con nuestra Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y con la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, hoy paralizada por el Gobierno del Partido Popular.

Pues bien. Tener un cuerpo normativo avanzado desde una perspectiva de género no ha sido suficiente para cambiar la realidad social, que continúa siendo profundamente desigual para las mujeres. Y la razón, a mi juicio, es que no ha cambiado la mentalidad de la ciudadanía, educada toda ella en esas normas patriarcales, conforme las cuales el varón tiene una posición de superioridad y de poder sobre la mujer. Y bajo esas reglas, se interpretan por algunos/as, las leyes, como ha ocurrido en este caso.

Las personas demócratas hemos ido quitándonos las capas de educación machista recibida y hemos ido desarrollando relaciones de igualdad y de respeto con quienes convivimos, trabajamos o militamos y sobre todo con nuestros hijos e hijas. Pero esto no es, desgraciadamente, general. Tenemos un reto muy importante con la educación.

¿Qué hacer para evitar en el futuro sentencias similares a la de la Manada, que responde a una interpretación profundamente machista de la ley penal?

El recurso rápido, ofrecido ya por el Gobierno, es el cambio de la ley. Y, considerando que es mejorable la definición de los tipos penales para reducir el margen de discrecionalidad en su aplicación, el cambio de leyes no soluciona el problema. A los hechos me remito.

Es necesario, en primer lugar, que todxs los aplicadores de las leyes tengan formación de género, para que puedan aplicar las leyes desde una perspectiva de igualdad. Que escuchen la historia de dominación de los hombres sobre las mujeres. Que estudien y valoren las desigualdades en cualquiera de los poderes: el económico, el político, el artístico, el social, el judicial. Que conozcan y comprendan, y sean capaces de empatizar con las mujeres maltratadas o agredidas que van a acudir a los Juzgados siendo capaces de ponerse en su lugar. Y comprendan cómo una vida de sometimiento a un maltratador deteriora gravemente, y que la decisión de denunciarle, es una de las decisiones más importantes de la vida. Y que, ante una agresión sexual, la reacción de pánico puede ser la paralización, no por pasividad o por falta de resistencia, sino por imposibilidad de reaccionar de otra manera, demostrado científicamente. Por ejemplo, ante un atropello por un vehículo, una persona sale corriendo y otra, se queda paralizada. Las dos personas tienen pánico.

Porque este cambio de actitud por parte de lxs aplicadores de la ley es muy urgente, es por lo que la formación y la especialización de todxs ellxs es una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ojalá que el Gobierno comprenda ahora la urgencia de llevarlas a cabo.

La formación en igualdad de género, que es necesaria para aplicar el derecho sin sesgo de discriminación, no es solo una formación técnica, que también lo es. Esta es fácil de conseguir. Lamentablemente, estamos ante un problema de más difícil solución. Porque, más que de formación, se trata de llegar a la convicción de que mujeres y hombres somos iguales en derechos y en deberes. Si se interioriza esto, todo los demás vendrá dado. Pero esto es ideología y es lo más difícil de cambiar.

Por eso, en segundo lugar, debería revisarse el sistema de acceso a la función de juzgar, que es hoy como hace muchos años, fundamentalmente memorístico. Y en una sociedad como la nuestra cambiante y compleja, necesitamos jueces y juezas formados, con experiencia de la vida y que compartan de verdad todos los valores constitucionales, entre ellos como fundamental el de igualdad, y que hayan integrado la perspectiva de género en su oficio de juzgar. Porque la ciudadanía debe recuperar la confianza en la Justicia.