¿DEBE DIMITIR RAJOY TRAS LA FRACASADA INVESTIDURA?

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Entre las nuevas situaciones que está produciendo la actual imposibilidad de constituir Gobierno, los pasados días 31 de agosto y 2 de septiembre nos depararon una situación que sería chusca si no fuera muy grave: un Presidente del Gobierno, bien que sólo en funciones, al que el Congreso ha denegado dos veces la confianza y que sin embargo sigue gobernado el país. ¿No es raro que quien ha sido repudiado de forma expresa por el Parlamento siga ocupando la Presidencia del Gobierno? Para responder adecuadamente conviene recordar dos elementos básicos de nuestro régimen parlamentario.

En primer lugar, hay que recordar que el basamento del régimen parlamentario español es la confianza parlamentaria que necesita el Presidente del Gobierno para gobernar. El Presidente gobierna porque una Cámara del Parlamento, el Congreso de los Diputados, le ha otorgado su confianza y ha establecido con él lo que se denomina la relación fiduciaria, Y así podrá gobernar mientras que el Congreso no le retire la confianza mediante la moción de censura o le deniegue la cuestión de confianza que el Presidente puede solicitar en todo momento.

Este principio tiene una excepción: si el Presidente pierde la cuestión de confianza o agota el plazo de la legislatura (cuatro años) o dimite, ese Presidente pasará a ser Presidente del Gobierno en funciones hasta que el Congreso elija a su sucesor. Esa situación, en cambio, no se da en caso de moción de censura porque la modalidad constructiva de la moción comporta la elección automática de un candidato a Presidente.

La figura del Presidente en funciones está prevista en la Constitución cuando su artículo 101.2 establece que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. El texto constitucional no especifica nada más y durante casi veinte años no hubo regulación sobre la situación jurídica del Gobierno en funciones y de su Presidente pero en 1997 la Ley del Gobierno reguló al fin muy escuetamente esta situación, definió a este tipo especial de Gobierno, le atribuyó algunos deberes y fijó algunas prohibiciones tanto para el Gobierno como para su Presidente.

Lo que no podían prever la Constitución y las Leyes que la desarrollan esla situación de un Presidente del Gobierno formalmente desautorizado por el Congreso, un Presidente que sigue en funciones a pesar de estar expresamente desautorizado por el Parlamento. Es cierto que la situación de Rajoy es similar a la del Presidente al que el Congreso no otorga la confianza que le solicita, conforme al artículo 112 de la Constitución y que, de conformidad con el artículo 114.1, seguiría siendo Presidente dimitido pero en funciones hasta tanto no se elija otro Presidente (situación no producida hasta ahora). Es decir, la Constitución no obliga al Presidente a quien el Congreso ha negado la confianza a dejar su situación de Presidente en funciones. Desde ese punto de vista, la Constitución no obligaría a Rajoy a cesar como Presidente en funciones.

Sin embargo, la situación de Rajoy podría analizarse desde otro punto de vista. En la Constitución hay un principio sustantivo, que es el de la relación fiduciaria entre el Presidente y el Congreso. Y resulta que en las votaciones de los días 31 de agosto y 2 de septiembre el Congreso de manera expresa y formal ha dicho que no otorga su confianza a Rajoy. Frente a ese principio sustantivo (más que sustantivo, capital en el sistema político español) tenemos un principio formal que consiste en que la Constitución no exige que el Presidente que carece de la confianza renuncie a su condición de titular en funciones de un cargo público.

En tal confrontación de principios, entiendo que debe tener preeminencia el principio más sustantivo, el principio capital que caracteriza al régimen parlamentario que nos señala que nadie puede gobernar sin la confianza parlamentaria. Por eso un acto expreso de denegación de la confianza, como el que se produjo la semana pasada en las dos votaciones de investidura, debe predominar sobre el mero silencio acerca de lo que ha de hacer un Presidente en funciones al que el Congreso ha denegado la confianza.

En consecuencia, puestos a elegir qué preceptos constitucionales se deben aplicar en la compleja situación actual, creo que debe aplicarse el artículo 1.3 de la Constitución que proclama que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria y, en consecuencia, renunciar Rajoy a su condición en funciones. Para esos casos está la figura de la Vicepresidencia del Gobierno que puede suplir al Presidente sin necesidad de ningún acto expreso de nombramiento.

¿Qué utilidad tendría la renuncia de Rajoy? En primer lugar, exteriorizar la vigencia del parlamentarismo, que excluye de la gobernación a una persona expresamente desautorizada por el Parlamento. En segundo lugar, permitiría que Rajoy, si desea concurrir a una segunda investidura, lo hiciera como mero candidato, sin las falsas plumas del vencedor que sigue gobernando. En tercer lugar, ayudaría a entender (y visualizar) el papel central que ocupa el Parlamento en el sistema político español. Es una situación ni prevista ni regulada por la Constitución pero los principios generales que derivan de ésta también están vigentes y deberían respetarse.