CUOTAS DE AGOTAMIENTO Y SU POTENCIAL FUNCIÓN EN LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Señalábamos en el artículo anterior que la elevada fragilidad e inestabilidad económico-financiera, junto al crecimiento mundial de la población, del consumo energético y de las materias primas, así como al crecimiento de los residuos, emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación eran factores que muestran los riesgos de una próxima grave crisis global, salvo que se cambien radicalmente las bases de la sociedad de consumo capitalista en la que nos encontramos.

De hecho, el Foro de Davos o Naciones Unidas, para la COP de Desarrollo Sostenible de 2019 están recopilando estudios en los que se destacan estos riesgos ante la constatación de que existe una explotación cada vez más insostenible de los recursos del planeta, cada vez es más difícil y más urgente la necesidad de mitigar el cambio climático, lo que a su vez lleva a la necesidad de utilizar cada vez en mayor medida fuentes de energía menos eficientes (por la sustitución de los recursos fósiles de fácil extracción por fuentes energéticas de menor eficiencia global), y por los problemas asociados a la aceleración en la extinción de especies (con consecuencias graves sobre la biodiversidad, los ecosistemas y las cadenas alimentarias), a la creciente desigualdad, desempleo, crecimiento económico lento, niveles de deuda crecientes y gobiernos en parte impotentes o con actuaciones contradictorias (caso de EEUU, por ejemplo) con lo que se consideran políticas urgentes e imprescindibles.

En concreto, uno de los trabajos citados, elaborados para Naciones Unidas, es el publicado por Järvensivu, P. et alt., el 14 de agosto de este año (https://bios.fi/bios-governance_of_economic_transition.pdf ) en el que destacan la urgencia de un cambio radical, y cómo una imprescindible transición económica rápida requiere una gobernanza pública proactiva, que compense la incapacidad de los mercados para el necesario cambio de rumbo. Y citan como ejemplo el hecho de que la acción basada en el mercado no será suficiente, ni siquiera en la mitigación del cambio climático a través de un alto precio del carbono que gobiernos y sindicatos han defendido minimizar en cada país respectivo ante el temor de que pudiera provocar la deslocalización de las actividades afectadas.

Más recientemente la OCDE acaba de publicar de informe Effective Carbon Rates 2018: Pricing Carbon Emissions through Taxes and Emissions Tradinghttps://doi.org/10.1787/9789264305304-en) donde considera los impuestos vigentes en los 42 países miembro de la OCDE y en el resto de los países del G20 (en su conjunto suman del orden del 80 por ciento de las emisiones mundiales de CO2 equivalente) llegando a las conclusión de que con las políticas que se están llevando a cabo es imposible cumplir la limitación del calentamiento a los 2ºC acordado en París, ya que muy pocos países han elevado el precio de emitir dióxido de carbono (CO2) lo suficiente como para revertir la dinámica previa de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, estima que el valor necesario para incentivar a las empresas a innovar y enfrentarse al reto de completar una economía baja en carbono, así como para estimular a las familias y consumidores a adoptar estilos de vida bajos en carbono, sería de unos 30 euros por tonelada de CO2.

Pero, en paralelo, en la actualidad en España se destacan los precios récord de los combustibles fósiles y de la electricidad, achacando a los mercados de derechos de emisiones de CO2 y al alto precio registrado en los mismos una importante culpa en dicho ascenso. Y, efectivamente, el precio de los derechos de emisión de CO2 se ha triplicado en un año, llegando a más de 17 euros por tonelada, afectando significativamente a la generación de electricidad (el incremento del precio de la tonelada de derechos se traslada del orden de un 90% al precio del Mwh de la generación con carbón y en una tercera parte al de generación con gas). Lo que unido a que tanto el gas como el petróleo y el carbón han incrementado su precio en los mercados internacionales ha llevado a que se hayan disparado los precios eléctricos en Europa. Y, en particular en España, el precio del pool eléctrico ha pasado de unos 50 euros/MWh en enero a 76 euros/MWh en la semana actual.

El incremento de los precios de los derechos de emisión es una de las políticas proactivas definidas por la UE y su alza actual está ligada a la prevista reducción de un 24% en la disponibilidad de los mismos por la entrada en funcionamiento de la llamada reserva de estabilidad del mercado propiciada por la citada UE. Su objetivo claro es contribuir a la citada incentivación a las empresas para innovar y enfrentarse al reto de avanzar hacia una economía baja en carbono, así como el de estimular a las familias y consumidores a adoptar estilos de vida bajos en carbono., en línea con la filosofía de las “cuotas de agotamiento” de Herman Daly, a las que nos referíamos en nuestro artículo anterior, cuya filosofía está en línea con su tesis de la necesidad de avanzar hacia un Estado Estacionario que vendría definido por el funcionamiento simultáneo de tres líneas de actuación: las citadas cuotas de agotamiento, el establecimiento de unas rentas mínima y máxima, y la necesidad de poner un límite a la población de cada estado y del planeta.

En el citado marco, Daly concibe sus cuotas de agotamiento como instrumentos para limitar el ritmo de agotamiento de los recursos productivos (combustibles fósiles, agua, bosques, fósforo,…) sin afectar a la propiedad de los mismos, pero sí poniendo a disposición del conjunto de la sociedad (nacionalizando) la parte de esa propiedad consistente en la decisión sobre su ritmo de agotamiento cuyo derecho, al igual que sucede con las emisiones de CO2, tendrá que ser adquirido por el propietario para poder seguir emitiendo o agotando el recurso correspondiente.

Como sucede con las emisiones de CO2, la obligación de comprar esos derechos de agotamiento de un determinado recurso en una licitación pública, vendría justificada por el hecho de que el agotamiento del mismo genera unos costes sociales (externalidades) que no son consideradas por el mercado ni tenidas en cuenta por las decisiones de los propietarios.

Estas cuotas, que obviamente incrementan el coste del recurso y, en paralelo, los ingresos públicos, podrían utilizarse para compensar a los usuarios más desfavorecidos por el incremento del mismo, siguiendo el ejemplo de las actuaciones asociadas a compensar la pobreza energética o la pobreza hídrica. Pero tienen el problema de que se aplicarían en los países en que se produce, y no en los que consumen el recurso correspondiente, con el riesgo de afectar a la distribución del comercio mundial si no se aplican de forma homogénea en todo el mundo, ya que los países que las aplicaran podrían ver desplazada su producción por importaciones del mismo recurso de países que no aplicaran la cuota. Daly propone corregir esta disfunción con un arancel igualador, si bien reconoce que ello pondría en cuestión toda la lógica del comercio libre mundial y las normas de la OMC, que, por otra parte, ya están siendo puestas en cuestión por decisiones singulares de gobernantes individuales, con el ejemplo paradigmático de Donald Trump.

Pero yendo más allá con sus propuestas, es evidente que una Economía de Estado Estacionario es incompatible a largo plazo con el proceso de acumulación de capital inherente al Modelo de crecimiento actual, ya que esta Economía exigiría limitar la producción y el crecimiento. No obstante Daly considera que no es viable prescindir del capitalismo en la actualidad, considera conveniente el mantenimiento de la propiedad privada de los medios de producción, confía en la utilidad del mercado en una situación sin monopolios y oligopolios y defiende el establecimientos de mecanismos –como las cuotas de agotamiento o la regulación de las rentas mínimas y máximas- que permitan corregir sus mayores externalidades en términos de destrucción del medioambiente y de distribución desigual de los ingresos y concentración de la riqueza. La única vía que ve viable para avanzar en esta dirección, como sucedía con el estudio noruego antes citado, es la de generación de gobiernos fuertes propiciados por una conciencia democrática que establezca las leyes y mecanismos adecuados.