CORRUPCIONES Y CORRUPTELAS EN LA ESPAÑA ACTUAL

tezanos210916

Toda organización y todo régimen político conlleva la posibilidad de determinadas corruptelas, debido a que algunas personas intentan sacar ventaja de su situación y no resisten la tentación de meter la mano en la caja, esperando que no les descubran. Por eso, las organizaciones y los sistemas políticos han desarrollado diversos mecanismos para evitar tales comportamientos, o para mantenerlos bajo mínimos, sancionándolos debidamente.

Sin embargo, en aquellos regímenes políticos en los que no se cuenta con controles democráticos, la corrupción tiende a hacerse sistémica, convirtiéndose en un rasgo específico del modelo. Por eso, no hay peores corrupciones que aquellas que se dan en las dictaduras, en las que ni siquiera pueden ser aireadas ni denunciadas públicamente, ni perseguidas, ni castigadas. Por eso, se dice que en estos casos la corrupción es sistémica. Es decir, inseparable del régimen dictatorial como tal.

En nuestros días, es bastante frecuente escuchar que en el caso del PP la corrupción se ha convertido también en sistémica. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué no se suele analizar a fondo, y de verdad, la corrupción que está dándose en estos momentos en España?

La opacidad y la falta de análisis y explicaciones de fondo sobre la mayor parte de los casos de corrupción que afectan al PP, es un exponente bastante claro de hasta qué punto las prácticas corruptas han llegado a instalarse en múltiples espacios y planos de la sociedad española, y hasta qué punto podemos encontrarnos ante riesgos severos de corrosión de las bases de nuestro sistema político. Con todos los efectos negativos que esto tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la propia credibilidad y salud de la democracia.

En el caso del PP, estamos ante un fenómeno que tiene más complejidades y ramificaciones de las que a primera vista parece. Lo que hace que el objetivo de erradicación total de dicha corrupción tenga muchas implicaciones para este partido. No en balde se trata del primer –y único− partido europeo que está imputado como tal en casos bien concretos de corrupción. Lo cual suscita una importante cuestión: ¿quién acabará sentado en el banquillo en tales casos judiciales? ¿Quién responderá por las obras de la sede del PP pagadas con dinero negro? ¿O del borrado y rotura de los ordenadores de Bárcenas?, etc.

El hecho de que prácticamente todos los tesoreros del PP, desde los tiempos de Fraga Iribarne, hayan acabado implicados en causas de corrupción y con pruebas o indicios de disponer de fondos y riquezas –apreciables− que no pueden justificar, es algo que nos obliga a preguntarnos: ¿qué pasa realmente en el PP? y ¿desde cuándo?

En la mayor parte de las ocasiones, el PP ha logrado, hasta ahora, sortear jurídicamente los problemas de corrupción en la recaudación y uso de dinero negro en la actividad política. Pero, ha dejado no pocos cadáveres en el camino, de los que ha sido capaz de distanciarse súbita y despectivamente, con gran profesionalidad, cuando ha llegado el momento en el que no quedaba más remedio que hacerlo.

Algunos ingenuos se preguntan: ¿de dónde sale todo el dinero que se maneja en el PP? Y, posiblemente, se sorprenderán de la escasa atención que ha merecido el análisis a fondo de tal situación y sus causas.

En realidad, en el origen de todo está un comportamiento recaudatorio que en principio no tendría por qué ser corrupto, y que bien merecería un análisis sociológico y politológico riguroso, metódico e imparcial. La raíz está en la necesidad que se sentía originalmente en AP, y luego en el PP, de contar con recursos suficientes como para poder competir con otros partidos que, en su momento, tenían más medios humanos y/o más apoyos mediáticos. Y para ello recurrieron a algo que se hacía en otros partidos, sobre todo del espectro conservador, en países en los que la legislación no prohíbe las aportaciones económicas de los empresarios y las empresas a los partidos. Eso sí, con límites y bajo determinadas condiciones de publicidad y transparencia.

Pero, en España la legislación electoral quiso proteger la independencia de los partidos y garantizar una igualdad mínima de recursos mediante un sistema público de financiación de las campañas electorales y del funcionamiento cotidiano de la actividad parlamentaria, a distintos niveles. Por eso, se pautaron y se limitaron mucho las aportaciones de particulares a los partidos y se prohibieron las contribuciones dinerarias de las empresas. Algo que fue apoyado también por el PP con gran entusiasmo y rotundidad.

Pero, lo cierto es que las buenas relaciones del PP (ex AP) con no pocos empresarios se mantuvieron, así como sus aportaciones. Lo que dio lugar a la institucionalización de las cajas B, que en principio se nutrían con dinero opaco al fisco, pero no necesariamente fruto de transacciones y relaciones corruptas. Sin embargo, cuando se entra en el terreno de las operaciones dinerarias opacas todo puede ocurrir. Es decir, las empresas que aportan dinero suelen querer también compensaciones contractuales por sus apoyos. Y los que se embarcan en estas operaciones ilegales, que siempre entrañan algunos riesgos, se sienten con el derecho a ser “compensados” por los riesgos que corren y reclaman sus correspondientes mordidas y comisiones. De esta manera se empieza a recorrer un camino de “profesionalización” de la cosa, en el que caben comportamientos de todo tipo, incluso los de inspiración típicamente mafiosa, como se ha podido ver en determinadas causas legales. No solo del PP.

Una vez establecido el principio de que todo vale por la causa, y que la ley puede ser burlada al servicio de los tuyos, es inevitable que surjan los aparatos recaudatorios regionales e incluso locales, en los que son muchos los que pretenden meter la mano en la caja, para llevarse su correspondiente cuota de representación. Lo cual no hace sino aumentar los riesgos de filtraciones, e incluso las presiones y los chantajes cruzados. Lo que en el caso del PP parece que obligó a intentar coordinarlo todo en una pirámide de relaciones que implicó un grado notable de profesionalización de la cosa, con cada vez más interesados y copartícipes en los procesos de recaudación y reparto. Y, a la inversa, con una mayor condicionalidad interesada en la gestión de los intereses públicos.

Esta dinámica también implicó una profesionalización de las respuestas a las causas judiciales, bajo el principio de que aquel que “caía” ya sabía que estaba destinado a ser tratado como una “baja” más al servicio de la causa, como ocurre en las batallas y en otros procesos sociales. Porque lo prioritario para todos era mantener la cosa, continuar contando con más medios que otros partidos para las campañas electorales y no dejarse llevar por sentimentalismos inútiles. De ahí que en diferentes planos de esta estructura profesionalizada empezara a cundir la pauta de hacerse seguros específicos de garantía para prevenir las eventuales incidencias desagradables. Como así ha sido. Lo cual supuso en bastantes casos generalizar la práctica de “recaudar” un 3% de comisiones en las obras y servicios públicos contratados con las empresas de “confianza”; que al final eran siempre las que se llevaban el gato al agua.

Resulta evidente, pues, que cuando una organización política –o varias− cae en estas prácticas de una manera tan organizada y tan diseminada, en su interior se produce un estado de cosas y unos comportamientos de toma y daca en todos los planos, que hacen que en ella la corrupción se convierta en algo sistémico, en una parte intrínseca en la lógica de su funcionamiento. Algo de lo que es difícil desprenderse si no se produce una conmoción interna de gran calado, que opere como incentivo sustantivo para la regeneración. Pero, desde luego, hay que entender que los paños calientes no sirven para resolver este tipo de problemas, que pueden llegar a enquistarse de tal manera que se conviertan en un auténtico cáncer, que llegue a afectar a toda la vida política de un país de una manera tan sistemática como letal.

De ahí que sea urgente acabar con la corrupción y con todas las corruptelas y las prácticas clientelares que la acompañan, de una manera radical. Y eso solo se logra con democracia, transparencia y medidas legales claras, que dejen a salvo una financiación honesta y eficaz de la actividad política, y una gestión decente de los recursos y bienes públicos. Sin ventajismos, dopajes, ni malas prácticas políticas.