COMPENSAR LA FUERTE DEUDA SOCIAL Y RECUPERAR DERECHOS

COMPENSAR LA FUERTE DEUDA SOCIAL Y RECUPERAR DERECHOS

Los diversos análisis económicos y sociales efectuados por instituciones y expertos en el pasado periodo vacacional, han tenido un gran protagonismo en los medios de comunicación y todos ellos han coincidido en que, si bien la economía (PIB) está creciendo por encima de la media europea, los trabajadores y las personas más desfavorecidas siguen sufriendo las consecuencias de la fuerte y prolongada crisis económica que hemos sufrido. Es un hecho incontestable que los salarios, las retribuciones de los empleados públicos, la protección social (pensiones, desempleo y dependencia) y la inversión transferida a los servicios públicos se han reducido considerablemente. Como consecuencia, se ha producido una fuerte transferencia de rentas del trabajo al capital -desconocida hasta ahora-, lo que explica sobradamente el gran aumento de la desigualdad, la alta precariedad de nuestro mercado de trabajo, la pobreza, la marginación y la exclusión social de muchos.

Por lo tanto, no es extraño que en este contexto económico y social se produzca un aumento notable de la conflictividad social: en el primer semestre del año el número de horas de trabajo perdidas ha aumentado el 52,97%, en comparación con el mismo periodo del año 2016, y el número de huelguistas se duplicó hasta alcanzar a 179.349 trabajadores, según datos de la CEOE recogidos por Vidal Folch en El País (31 de agosto de 2017). El último conflicto de AENA también ha sido un ejemplo altamente significativo del aumento de la movilización social y, lo que es más grave, del apoyo descarado del Gobierno a los empresarios (a través de servicios mínimos abusivos y laudo de obligado cumplimiento, lo que ha atentado gravemente contra el derecho de huelga). Este conflicto se inscribe en un contexto económico muy favorable a la externalización y a las subcontrataciones (empresas multiservicios) impulsadas por las grandes empresas (también por las públicas); simplemente para reducir costos laborales y mejorar la competitividad a costa de la explotación de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores con rentas más bajas.

En estas circunstancias no resulta extraño el comportamiento combativo de los trabajadores y también la incipiente ofensiva sindical en busca de la recuperación de los derechos perdidos y, desde luego, la actitud decidida y entusiasta por compensar el déficit salarial y social contraído con los trabajadores por las políticas neoliberales llevadas a cabo desde el comienzo de la crisis. En coherencia con ello, en la apertura del nuevo curso político, la UGT ha emprendido una campaña encaminada a elevar el SMI a 1.000 euros mensuales por 14 pagas (60% del salario medio: Carta Social Europea) y, junto a CCOO, está encabezando las movilizaciones encaminadas a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y luchar contra la fuerte brecha salarial de género. De la misma manera, los sindicatos están fijando sus posiciones en relación con el incremento de las retribuciones de los empleados públicos y con las políticas relativas a la protección social de los desempleados. Además, pretenden superar la precariedad de nuestro mercado de trabajo (rotación) y, más en concreto, derogar las dos últimas reformas laborales. A esto que hay que añadir el esfuerzo de los sindicatos por consolidar una actitud más ofensiva en torno a la negociación colectiva y por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores (incluyendo la cláusula de revisión salarial), lo que, seguramente, nos anuncia un previsible aumento de la conflictividad y de las movilizaciones obreras encaminadas a equilibrar la deteriorada relación de fuerzas con los empresarios.

De la misma manera, los partidos políticos de izquierda deben perfilar con claridad las políticas a desarrollar en los próximos meses. A pesar del indudable protagonismo de los asuntos relacionados con el terrorismo, la corrupción y, sobre todo, con el enquistado problema político de Cataluña, el PSOE y Podemos deben marcar la agenda política y tomar iniciativas (si es posible a través de acuerdos) en torno a las políticas económicas y sociales. No debemos olvidar que lo que esperan los ciudadanos de los partidos políticos son respuestas a sus problemas concretos y que, en los próximos meses, se deberán discutir los Presupuestos Generales del Estados-2018. En este sentido, el principal asunto que debe abordar la izquierda tiene relación con el desempleo (tasa de paro del 17,22% y casi 2 millones de puestos de trabajo menos que en 2007): particularmente con el desempleo juvenil y con la recolocación de los desempleados mayores de 52 años. Las alternativas para responder a este gravísimo problema deben contemplar la presentación de un Plan de Choque capaz de abordar prioritariamente el cambio de nuestro modelo productivo; el impulso a la política industrial; la potenciación de la inversión en políticas activas de empleo (entre 2010 y 2017 se ha reducido un 38% y en el presente año un 3,93% sobre el pasado año 2016); la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo (verdes, sociales, educación infantil, restauración de inmuebles…); la cualificación profesional y tecnológica; la innovación e investigación en un mundo global y digitalizado (revolución 5.0); y el reparto del trabajo existente (manteniendo el mismo salario), cuando menos en el marco de la UE.

En segundo lugar, los partidos progresistas deben confabularse, de una vez por todas, para derogar las dos últimas reformas laborales y superar la escandalosa precariedad de nuestro mercado de trabajo (estacionalidad, rotación, contratación temporal y a tiempo parcial no deseado), al margen de potenciar la negociación colectiva sectorial y garantizar el equilibrio de la relación de fuerzas entre los interlocutores sociales. La respuesta debe ser urgente y coherente con las recientes y alarmantes cifras: en el pasado mes de agosto, sólo el 7,51% del total de contratos firmados fueron indefinidos (el 39,9% de ellos a tiempo parcial) y el resto de contratos fueron temporales (el 31,67% también a tiempo parcial). Por lo tanto, rechazar con rotundidad la situación de precariedad- que defienden algunos para aumentar la competitividad de nuestra economía-, es una absoluta prioridad. Además,  este rechazo resulta muy oportuno como muestra de solidaridad con el movimiento obrero francés, ante la decisión de su presidente (Emmanuel Macron) de imponer una regresiva y contestada reforma laboral, con la pretensión de flexibilizar la contratación, abaratar y facilitar aún más el despido, dificultar la intervención de los sindicatos en la negociación colectiva en las empresas de menos de 50 trabajadores y, en definitiva, ayudar a los empresarios a que mejore su relación de fuerzas a costa de los sindicatos.

En tercer lugar, es fundamental recuperar el gasto en protección social previo a la crisis. En coherencia con ello, las pensiones deben mantener el poder adquisitivo y el actual copago farmacéutico de los pensionistas se debe eliminar, lo que exige abordar el capítulo de los ingresos del Sistema de la Seguridad Social, sobre todo cuando el gasto en pensiones se sitúa por debajo de la media europea. Por otra parte, la cobertura de desempleo debe situarse en los porcentajes vigentes antes de la crisis (según UGT, en el mes de julio la cobertura bruta de desempleo se situó en el 58,8%, lo que deja desprotegidos a 41 de cada 100 desempleados), lo que debe obligar al gobierno a prorrogar con urgencia el Plan Prepara y a la oposición a reflexionar sobre el Ingreso Mínimo Garantizado. De la misma manera, a las personas dependientes se les debe garantizar la ayuda necesaria para cubrir sus necesidades más urgentes y elementales, lo que requerirá restablecer con urgencia la financiación correspondiente a este fin.

En cuarto lugar, los servicios públicos (sanidad y educación) deben superar los drásticos y duros recortes efectuados en infraestructuras y plantillas, lo que nos está conduciendo a un serio deterioro de la atención sanitaria y educacional. Por último, una política de estas características debe de estar acompañada de una reforma fiscal en profundidad que tenga como objetivo una más justa redistribución de la riqueza. Por eso, la lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal, la evasión de capitales y la lucha contra los paraísos fiscales deben ser las prioridades más urgentes a tener en cuenta en la apertura del nuevo curso político, además de trabajar a fondo para generalizar los impuestos de patrimonio, herencia y donaciones en la totalidad de las CCAA, recaudar el impuesto de sociedades hasta situarlo en el entorno  de la media europea y, finalmente, propiciar el establecimiento del impuesto a las transacciones financieras como una contribución añadida hacia los más desfavorecidos, sobre todo después de las ayudas canalizadas por el Estado (socialización de pérdidas) hacia  el saneamiento de nuestro Sistema financiero que, no lo olvidemos, han carecido de la mínima transparencia e información desde el propio gobierno de la Nación.

Ello requerirá un riguroso trabajo parlamentario y una comunicación fluida con la ciudadanía. El PSOE, prioritariamente, debe potenciar la organización interna y mejorar la dirección y el funcionamiento de su grupo parlamentario (para compensar el hecho de que Pedro Sánchez no sea miembro del parlamento), así como su relación con los grandes medios de comunicación en la presentación de propuestas y alternativas en el plano económico y social (el reciente documento aprobado por la dirección del PSOE, donde se exige un Nuevo Pacto de Rentas, es una excelente propuesta). Una política de estas características debe fomentar también el debate popular, la participación y el respeto a la democracia interna en el seno de la izquierda. Particularmente, en el PSOE, una vez cerrados los congresos estatutarios pendientes, se debe consolidar- desde la lealtad- la unidad de todos en torno a la dirección federal. Y, por su parte, la dirección federal debe acostumbrarse a convivir con los equipos de dirección de las CCAA que tienen en estos momentos algunas reservas con la dirección del PSOE. En este sentido ocupan un lugar destacado las Primarias y el congreso pendiente de celebrarse en el PSOE de Madrid, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos militantes esperan poder superar en este congreso la histórica división que ha marcado a esta organización. Debemos recordar que, desde los comienzos de la Transición, el Candidato del PSOE a presidir el Gobierno de la Nación ha sido presentado por el PSOE de Madrid.

En todo caso, la unidad de la izquierda y la activa participación de los sindicatos en estas tareas, cada uno en su ámbito de actuación correspondiente, son muy necesarias para salir definitivamente de la crisis y, por lo tanto, para superar las desigualdades y compensar así el déficit social generado en los últimos 10 años que, no lo olvidemos, responde a una determinada gestión de la política económica donde ha prevalecido  la aplicación a ultranza de las rancias y trasnochadas ideas neoliberales. Por eso, sólo cuando se compense la deuda social contraída con los trabajadores, se recuperen los derechos perdidos y se superen las desigualdades sociales, podremos eliminar el malestar social y afirmar, con fundamento de causa, que hemos superado la tremenda crisis económica y social que hemos padecido en los últimos años.