CÓMO ALCANZAR LA GOBERNABILIDAD EN EL SISTEMA MULTIPARTIDISTA (IV). LA ADOPCIÓN DE CONVENCIONES CONSTITUCIONALES

En el artículo anterior de esta serie señalábamos la reforma de la Ley Electoral como vía más rápida que la reforma constitucional para salir del impasse de gobernabilidad provocado por el cambio del sistema de partidos, cambio que no ha podido asumir una Constitución que estaba pensada para un bipartidismo imperfecto.

Si la reforma constitucional resulta azarosa (no sólo por la dificultad de alcanzar doscientos diez votos en el Congreso sino por el empeño demagógico de Podemos de someter a referéndum toda reforma ordinaria de la Constitución) todavía nos queda una tercera vía que puede contribuir a mejorar la gobernabilidad, una convención constitucional. ¿Qué es una convención constitucional?

Las convenciones constitucionales se originan en Gran Bretaña a fin de complementar su atípica y fragmentada Constitución, y en Estados Unidos, para asegurar la vigencia de la de 1787. En Europa continental son un fenómeno tardío, del siglo XX, y han aparecido sin mucha intensidad y con poco interés han sido reconocidas por los órganos del Estado y por las fuerzas políticas. Siempre han provocado dudas sobre la forma de aparecer y sobre su eficacia (sobre estos problemas, hay un gran libro del constitucionalista italiano Giuseppe Ugo Rescigno: Le convenzioni costituzionali, Padua, 1972, más una densa producción bibliográfica en el Reino Unido).

En la situación actual española, sólo se podría plantear la aparición de una convención constitucional que contribuyera a mejorar la gobernabilidad en el sentido de considerarla una simple práctica política aceptada por varios partidos que declararían su voluntad de practicarla en el caso de que accedieran al Gobierno, lo que supone rebajar su densidad normativa que sería muy débil. Es decir, su aplicabilidad se basaría exclusivamente en la decisión voluntaria de los partidos que asumieran la convención. Y toda su formalización consistiría en la declaración de dos o más partidos que, de manera conjunta o separada, anunciarían a los ciudadanos su voluntad de poner en práctica esa convención en el caso de que nadie pudiera presidir el Gobierno de la Nación. Ello no impediría que tuviera cierto carácter prescriptivo, definiendo lo que se debe hacer y tendría también naturaleza supletoria, sólo para el caso de que no se pudiera aplicar lo previsto en el Constitución. Y nacería como una simple práctica que, de aplicarse varias veces, devendría una convención constitucional.

¿En qué consistiría la convención? En el acuerdo de dos o más partidos por el que se comprometerían, en caso de que la composición del Congreso no permitiera a ningún candidato obtener mayoría simple para la investidura, a apoyar la elección del Presidente del Gobierno antes de la disolución forzosa de las Cámaras. La forma de apoyar la elección del Presidente sería ceder al primer partido un número de escaños en el Congreso el número suficiente de Diputados para que el candidato de ese partido fuera investido. Con este compromiso, el comienzo de la gobernabilidad estaría asegurado, aunque no sería suficiente.

Y no sería suficiente porque no basta elegir al Presidente del Gobierno. También hay asegurarle la posibilidad de gobernar por un cierto tiempo y también que no tenga estar sometido a la amenaza de una moción de censura. Por ello la convención constitucional contendría dos compromisos adicionales: a) no plantear una moción de censura en un plazo no inferior a dos años desde la votación de investidura; b) que los partidos que voten la investidura colaboren en la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con el compromiso del Gobierno de asumir propuestas de los restantes partidos.

¿Es posible crear hoy esa convención constitucional? ¿Comportaría una mutación constitucional?

A mi juicio, en la situación actual, tras la fracasa investidura, debería explorarse la posibilidad de crear esa convención constitucional que contribuiría a la gobernabilidad. Debería ser una operación discreta que, hoy por hoy, sólo podrían asumir el PSOE, el Partido Popular, el PRC y quizá el PNV. Pero si se asentara liberaría a la política de las presiones de los partidos que hoy se están situando fuera del diálogo democrático por diversas razones y que no pueden, no saben o no quieren gobernar. A diferencia de las restantes alternativas que hemos examinado en esta serie, al no precisar formalización, podría adoptarse muy rápidamente porque si hay algo que necesita la sociedad española es un Gobierno que gobierne.

Es verdad que al día de hoy, un acuerdo PSOE-Partido Popular parece imposible pues la designación de la Diputada Álvarez de Toledo como Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la reacción desaforada ante el acuerdo para gobernar Navarra (olvidando que el Partido Popular gobierna en varias Comunidades Autónomas y Ayuntamientos gracias a un pacto con Vox) y el posible ascenso electoral del partido conservador si se repitieran las elecciones, provoca que Casado no tenga ningún interés en crear una convención constitucional que asegure la gobernabilidad. Pero hay que insistir en sus ventajas y, sobre todo, crear conciencia social de su necesidad, ya sea para la actual y azarosa legislatura ya sea, incluso, para la siguiente si llegaran a disolverse las Cortes Generales en el próximo mes de septiembre.

Antes de acabar querría tocar el tema relativo a la posibilidad de que esta convención constitucional comportara una mutación constitucional. La doctrina de las mutaciones constitucionales se formó en la primera mitad del siglo XX [por todos, Hsü-Dau-Lin: Mutación de la Constitución, Onate, 1998 (1932)] y se observa con precaución por lo que supone de reforma constitucional sin acudir al Poder Constituyente constituido. No obstante, en ocasiones singulares puede contribuir a dar vitalidad a una Constitución obsoleta. A mi juicio, si la convención constitucional se asentara habría que acudir a la reforma de la Constitución y no dar por implantada una mutación de la norma constitucional pues no debemos olvidar que las convenciones constitucionales no tienen más fuerza de obligar que su asunción por parte de varios partidos.