COLOMBIA: UNA PAZ NECESARIA PERO INCIERTA

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Los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y la FARC deben ser saludados como una noticia positiva, pese a todas las dudas y dilemas no resueltos que han suscitado, tanto de manera legítima como interesada, por algunos sectores de la oposición.

No obstante, debe evitarse cualquier forma de complacencia o triunfalismo. No es el fin de la violencia lo que debe cuestionarse, sino precisamente lo contrario. La paz sigue siendo una aspiración, no una realidad. Y no por defecto, descuido o falta de voluntad de los negociadores, sino por los problemas estructurales del Estado y de la sociedad colombiana y por la propia evolución de las FARC y de otros agentes políticos y sociales.

ALGUNAS AMENAZAS

El proceso de paz se enfrenta a numerosas amenazas de orden político, social y de seguridad. Quizás estas últimas sean las más peligrosas. Pueden sintetizarse así:

1) La entrega de las armas que tiene en su poder las FARC a responsables de la ONU puede no ser completa; de hecho, es casi imposible que lo sea. No está claro que todas las unidades guerrilleras observen obediencia a la cúpula de la organización. Algunos sectores, más radicales, como el Primer Frente (los autores del secuestro de Ingrid Betancur, por ejemplo) ya han manifestado su oposición. Otros han decidido pasarse a las filas del otro grupo guerrillero con el que aún no hay acuerdo, el ELN (Ejército de Liberación Nacional o los elenos, como se les conoce coloquialmente). Algunos de esos disidentes de las FARC con capacidad operativa en sus territorios habrían vendido ya sus armas al ELN o incluso, por motivos de supervivencia o de otro tipo, a bandas criminales residuales de las autodefensas (los grupos antiterroristas consentidos o apoyados en su momento por el Estado).

2) La reinserción social de los guerrilleros desmovilizados es un largo proceso que estará sometido a fuertes tensiones, como ocurrió con el proceso similar en el caso de las autodefensas o combatientes anti-terroristas en la década anterior. Como pude comprobar durante la elaboración de un reportaje para TVE en 2006, muchos de estos individuos eludieron los esquemas oficiales de inserción y se unieron o incluso fundaron bandas criminales autónomas. Esos grupos delictivos no se han debilitado con el tiempo; por el contrario, se ha convertido en una fuerza temible, más o menos agrupados bajo la popular denominación de BACRIM, y representan un problema de seguridad de notable envergadura para el Estado colombiano.

3) No pueden descartarse ajustes de cuentas, en distintos planos: sobre el terreno, las imputaciones de traición, entreguismo o rendición al enemigo por parte de los recalcitrantes o contrarios al final establecido del conflicto pueden solaparse con las acusaciones de desobediencia, infantilismo o individualismo narcisista provenientes de los oficialistas o partidarios de los acuerdos. Por otro lado, existe también el riesgo de enfrentamientos armados entre ex-guerrilleros y ex-autodefensas, por disputas puramente ideológicas o, más probablemente, por asuntos pendientes de los años de combate. Aunque estos ajustes de cuentas no tengan respaldo organizativo, es difícil creer que las organizaciones dispongan de la autoridad, de los medios y de la capacidad para prevenir tales actos de venganza.

4) La propia dinámica del negocio de la elaboración, distribución y venta de la cocaína, principal elemento de financiación de las FARC en esta última fase de su evolución operativa, constituye un factor fundamental de amenaza para la seguridad general. Hay informaciones solventes que atestiguan una transferencia masiva del negocio desde hace tiempo. En algunos casos, serán guerrilleros opuestos a la paz; en otras, miembros de otros grupos guerrilleros; pero, sobre todo, es el crimen organizado, procedente de las autodefensas o no, quienes parecen estar en mejor disposición de controlar este negocio tan lucrativo. De hecho, según la Oficina antidrogas de la ONU, el cultivo de cocaína se ha incrementado en un 39% el último año con respecto al anterior (2). Donde hay negocio de la droga, hay violencia. El corredor de la frontera con Venezuela es un sector especialmente sensible. La desmovilización de las FARC abre el mercado, por así decirlo, generando una lucha por el control de la oferta. Este pulso puede resolverse en forma de trato o, en su defecto, tiro a tiro, bomba a bomba. Puede presentarse el riesgo de revivir los oscuros ochenta, cuando el narcotráfico mantenía en vilo a toda la sociedad y en jaque al Estado.

5) Es de temer que a los ex-guerrilleros de las FARC que decidan participar en la vida política y, en su día, se conviertan en candidatos para desempeñar cargos y responsabilidades en las instituciones democráticas, les ocurra lo mismo que a los militantes del M-19 en los años noventa. La izquierda colombiana fue prácticamente decapitada en esos años, con el asesinato sistemático no sólo de antiguos guerrilleros, sino de otros dirigentes políticos, sindicales y sociales que defendieron la reinserción o simplemente se mostraban críticos con el sistema político y social de Colombia. La debilidad del Estado es palpable. Y lo peor: su escaso compromiso, cuando no su negligencia e incluso encubierta hostilidad ante la vigilancia y defensa de los Derechos Humanos, como han denunciado en no pocas ocasiones organizaciones internacionales neutrales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

ACUERDO NECESARIO PERO NO SUFICIENTE

En definitiva, Colombia necesitaba este acuerdo de paz, pero no deben albergarse expectativas exageradas sobre su efectividad práctica. La posición opuesta, en particular la sostenida por el ex-presidente Uribe, es poco constructiva. La utilización de la justicia como valor opuesto a los términos de esta paz suena a oportunista. El acuerdo con los terroristas de las Autodefensas fue obra suya. Aunque las garantías ofertadas a los combatientes no fueron tan amplias, el seguimiento de los acuerdos fue fallido. Uribe cree que puede encabezar el malestar de ciertos sectores de la población y de los aparatos del Estado para erigirse de nuevo en alternativa. De ser así, es un cálculo peligroso.

Después de años de esfuerzo y paciencia, el trabajo no ha terminado. Para que este acuerdo no se convierta, involuntariamente, en el “futuro del crimen”, como teme el investigador Adam Isacson (3), todos los actores políticos y sociales deberán acometer el compromiso de salvaguardar no sólo la letra de los acuerdos, sino también su espíritu: es decir, trabajar en pos de una sociedad más justa y más igualitaria, es decir, menos propensa a la generación de violencia. Un desafío mucho más complicado que las negociaciones de paz ahora concluidas con éxito.

 

NOTAS

(1) NUEVA TRIBUNA, 28 de agosto

(2) https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Monitoreo_Cultivos_ilicitos_2015.pdf

(3) “Colombian War Just Ended. A new wave of violence is begining”. ELISABETH DICKINSON. FOREIGN POLICY, 25 de agosto.