CIUTASUNOS

No soy partidario de banalizar términos con una significación social relevante, como lo es, por desgracia, Herri Batasuna, organización terrorista vinculada a la banda ETA que ocasionó cerca de mil víctimas mortales durante más de cuarenta años en España. No obstante, ha sido y es tal el abuso que los portavoces de Ciudadanos hacen de la expresión “batasuna”, “batasunos” o “batasunizar”, con ánimo siempre de zaherir a sus adversarios políticos, que merece la pena analizar hasta qué punto son ellos mismos los que merecen ser aludidos con tales palabras.

Rivera, Arrimadas y compañía no utilizan el término batasuna o batasuno para aludir a criminales asesinos o cómplices de asesinos, lo que sería más preciso, sino para señalar a quienes ellos consideran gentes sectarias, radicales o intolerantes en sus pronunciamientos públicos. Últimamente, ellos mismos y sus entornos mediáticos se han referido con tales adjetivos, por ejemplo, a los socios del PSOE para la conformación del Gobierno autonómico de Navarra –Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezquerra- o a algunos de los participantes en la manifestación del Orgullo LGTBI.

La gran paradoja consiste en que el partido más radicalmente descalificador y crispador de la política española es hoy precisamente Ciudadanos. Lo curioso es que no hay portavoces políticos en este país que utilicen agresiones verbales y descalificaciones más hirientes que Rivera y Arrimadas. Mientras la portavoz parlamentaria del partido naranja denunciaba falsamente a Fernando Grande-Marlaska por “incitar al odio” y “ponernos una diana en la espalda”, tras advertir tan solo el ministro de las consecuencias políticas que tendrán los acuerdos de esta formación con la extrema derecha, muchos teníamos presente la infinidad de infamias insultantes que esta señora ha dedicado a sus contrincantes políticos en los últimos tiempos.

La señora Arrimadas ha acusado al PSOE falsamente de pactar con pro-etarras, de negociar presupuestos en las cárceles, de alquilar el uso del Falcon con indultos a delincuentes, de romper España mil veces y hasta de “ponerse a cuatro patas delante de los independentistas”. Diversos portavoces de Ciudadanos han hablado de que el PSOE “vende Navarra al independentismo” e, incluso, de que “traiciona a sus muertos”. Resulta ridículo que quien denigra de manera tan indigna a sus adversarios políticos, intente aparecer ante la opinión pública como víctima de radicalidades y exabruptos. El ministro Marlaska, al lado de Inés Arrimadas, es Santa Teresa de Calcuta resucitada.

A menudo, Ciudadanos utiliza estas prácticas de sobre actuación y de matonismo verbal para desviar la atención mediática sobre cuestiones que le generan problemas, en su propia organización y ante sus electores. Insultan más conforme más disidentes aparecen en sus filas, especialmente cuando esos críticos se corresponden con miembros fundadores y referencias del discurso más centrado y moderado en la formación. Las descalificaciones y los insultos crecen de manera directamente proporcional a la publicación de imágenes, fotografías y documentos que prueban sin lugar a dudas la disposición del otrora partido regenerador a pactar con la extrema derecha más rancia, machista, xenófoba y anti-europea. A más imágenes de Aguado con Monasterio, más exabruptos de Arrimadas. Es automático.

Todos hemos podido leer en los informes que aprueba el Consejo General de Ciudadanos, además, cómo consideran un “éxito” con gran “rédito mediático” cada “acto especial” en el que logran aparecer como víctimas “defensoras de la libertad”, sea en Rentería, en el pueblo de Josu Ternera o, siguiendo la misma lógica, en las manifestaciones del Orgullo.

El colmo de la hipocresía ha llegado con las denuncias de Ciudadanos sobre el supuesto “bloqueo” del Parlamento, el “Gobierno descontrolado” y las inexistentes maniobras de Meritxell Batet para proteger al Presidente Sánchez a costa del funcionamiento reglamentario del Congreso.

En primer lugar, cabe recordar que el bloqueo más descarado, grave y fraudulento del Congreso de los Diputados se produjo durante la Legislatura XII, cuando Ciudadanos y PP se aliaban en la Mesa para paralizar arteramente la tramitación de decenas de leyes respaldadas por la mayoría de los españoles representados en el Pleno. La ciudadanía española no cuenta hoy con una ley que garantice el poder adquisitivo de las pensiones, una ley de eutanasia o la reforma legal que despenalice los piquetes, porque el partido de Rivera y Arrimadas vulneraron la Constitución Española y las normas más elementales de la democracia parlamentaria. Eso era bloqueo.

En segundo lugar, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, a diferencia del Gobierno del PP que respaldaba Ciudadanos, se somete regularmente a control parlamentario a través de las preguntas escritas y las solicitudes de información y documentación de los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios. Cerca de 400 preguntas y requerimientos de información están siendo contestadas ya en estos días por el Gobierno presuntamente “descontrolado”, según Arrimadas.

La portavoz del partido naranja también suele hablar, sin saber de lo que habla, sobre la necesidad de constituir la Diputación Permanente y las comisiones, “para ejercer el control constitucionalmente obligado sobre el Gobierno”. También exige a Batet, siempre de malos modos, que convoque de inmediato un “Pleno de control”. En realidad, la Diputación Permanente no es un órgano de control al Gobierno, por la sencilla razón de que el Gobierno no forma parte de este órgano. Las comisiones no se pueden constituir aún, porque la decisión sobre no contabilizar a los diputados presos suspendidos no es firme. Y Batet, precisamente, es la única autoridad que ahora no puede convocar un “Pleno de control”. Sí podría hacerlo la propia señora Arrimadas, si lograra juntar 176 firmas de diputados, y si se leyera el Reglamento del Congreso antes de reclamar lo que no puede reclamar y antes insultar a todo el que se le pone por delante.

Si Rivera y Arrimadas quieren encontrar comportamientos fraudulentos en las presidencias parlamentarias, debieran dirigir su atención a la presidencia de la Asamblea de Madrid, ocupada hoy por un correligionario suyo merced a los votos de la extrema derecha. El Presidente del Parlamento de la Comunidad de Madrid ha decidido, prevaricando a mi juicio, no proponer como candidato a la presidencia de la Comunidad a Ángel Gabilondo, el ganador de las elecciones autonómicas, que además cuenta con el apoyo de tres grupos parlamentarios. Esto sí que es fraude parlamentario.

En todo caso, que formulen denuncias retóricas sobre radicalidad aquellos que toman café, negocian y pactan con la extrema derecha machista, xenófoba, anti-europea y nostálgica del franquismo, resulta más propio de los programas de humor que del debate político serio.