CIUDADES PARA VIVIR

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1.- CONSIDERACIONES INICIALES

Hoy termina una semana que puede acelerar de manera muy sensible la inestabilidad mundial en el mundo económico y, por ende, en el social y, finalmente, en el ambiental y territorial. Una semana marcada más por sentimientos exacerbados por informaciones de los media, más centradas en la exageración de problemas que en la racionalidad de planteamientos para una evaluación ponderada de dichos problemas por la población. Pero esa información parcial y muchas veces manipulada por intereses concretos, es otro de los elementos que constituyen el marco de crisis global en el que nos encontramos y en el que el incremento de las desigualdades es uno de los factores dinamizadores.

En los artículos anteriores, dedicados a las desigualdades territoriales, se enfocaban, respectivamente, la situación relativa mundial de los distintos países -y la posición de España en la misma-, y la situación diferencial de las distintas Comunidades Autónomas españolas. Como elementos de comparación se utilizaban una serie de indicadores relacionados con el bienestar de la población y con los niveles subjetivos de bienestar manifestados por la misma, con particular referencia a indicadores asumidos por Naciones Unidas y los 193 países que apoyaron la Agenda 2030 (Transformar el mundo) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia los que todos esos países se han comprometido a avanzar con el horizonte del señalado año 2030.

Se trataba de considerar las desigualdades territoriales y la eficiencia relativa implícita de los Gobiernos de cada territorio en la mejora –o empeoramiento- de su situación relativa en los últimos años. El primer artículo concluía señalando que España, de media, aunque mantiene posiciones aceptables en los indicadores de desarrollo humano mundiales, ha perdido posiciones con el Gobierno de Rajoy en el ranking de países respecto a los indicadores globales de “felicidad” de sus habitantes tras la crisis. Y que si bien España se sitúa en la actualidad en un proceso de crecimiento económico, éste incide de forma desigual sobre, por una parte, una clase media acomodada, rentista o con empleo estable, que aunque ha padecido los efectos de la crisis se encuentra optimista ante el futuro económico cercano; si bien la inestabilidad política y la irrupción de Podemos como potencial fuente de Gobierno compartido, le produce inquietudes e inseguridad; y, por otra parte, la crisis ha incidido sobre un grupo social mucho más amplio, que se encuentra en riesgo de pobreza, desempleado y con pocas posibilidades de acceso a un empleo de calidad, porque ha quedado subordinado a la precarización laboral y a los bajos sueldos, y tiene unas expectativas de futuro fuertemente restringidas.

Se destacaba en el primer artículo que la situación no era fruto de la casualidad, sino que respondía a unas políticas conscientes del Gobierno del PP que, en paralelo a las políticas dominantes conservadoras de la Unión Europea, iban dirigidas a recuperar los deterioros auto-infligidos por el sistema financiero y las principales multinacionales, a costa de penalizar el empleo, los salarios y las dotaciones y servicios para el bienestar ciudadano, convirtiendo sus políticas en elementos básicos de transferencia de renta desde el trabajo al capital. El resultado, como se citaba en el primer artículo, venía reflejado en datos como los recogidos, en septiembre de 2015, por Oxfam y Unicef, que calcularon que del orden del 29% de la población española (más de 13 millones de personas) se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social; y que desde principios de siglo su patrimonio se incrementaba en un 3%, mientras que el del 10% de la población más rica lo hacía en un 56%. Hoy sabemos que desde 2008, el número de patrimonios millonarios españoles (personas con capacidad de inversión superior al millón de dólares) se ha incrementado en un 50%, pasando a representar el 0,41% del total de la población en 2015 (www.worldwealthreport.com), a la vez que, según la Fundación BBVA, la “clase baja de la sociedad española” pasó a representar un 12% adicional de la población total, pasando del 26,6% de la población, en 2007, al 38,5%, en 2013. Es decir la crisis financiera internacional y las políticas del partido popular han contribuido a producir un trasvase de un 12% de la población total que podíamos considerar clase media a clase desfavorecida, mientras que el número de personas con renta millonaria se incrementaba en un 50% y alcanzaba al 0,41% de la población en 2015.

En el segundo grupo de artículos sobre la situación de las Comunidades Autónomas españolas partíamos de la constatación de que la evolución media española no incidía de manera homogénea sobre todos los territorios españoles, y que las desigualdades entre las Comunidades Autónomas (CCAA) españolas se habían acrecentado con la crisis, siendo imprescindible valorar hasta qué punto la gobernanza de las mismas estaba asociada a los resultados diferenciales encontrados.

Para ello se utilizaban una serie de Indicadores básicos regionales representativos del grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sobre suyas bases, España, y si son responsables también las CCAA, deberían elaborar sus correspondientes Agendas 2030. Con la evolución de estos indicadores entre 2011 y 2015 (población, empresas, ocupación y producción total, evolución del riesgo de pobreza, del empleo y de la tasa de paro) se ha tratado de establecer las desigualdades no estructurales que son achacables a los Gobiernos regionales responsables de la gestión en las correspondientes CCAA entre los citados años de 2011 a 2015. Y ello sin olvidar que tanto España como todas sus comunidades autónomas y provincias sufren, desde 2008, una de sus mayores crisis tras un decenio de crecimiento más o menos sostenido de su producto interior bruto (PIB), incremento de su población activa, de sus niveles de empleo y de mejora del bienestar y de la renta disponible de las familias. Y que con esta crisis se inician varias procesos interrelacionados: el deterioro de la renta per cápita, que ha ido distanciándose de la media de la Eurozona hasta 2014; un fuerte incremento de las desigualdades sociales, sobre todo tras la Reforma laboral del partido popular de 2012; un empobrecimiento de las clases medias; la aparición de niveles de indigencia extrema, de la pobreza energética e hídrica; y la pérdida de cohesión social en muchos territorios, contrarrestada en parte por nuevos fenómenos de solidaridad participativa.

Las respuestas autonómicas a esta situación las llevaron a un fuerte nivel de endeudamiento y déficit ante la desaparición, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, de una de las fuentes de ingreso que les permitía mantener adecuados niveles de dotación de servicios (educación, sanidad, dependencia, etc.) que ante las presiones de la Unión Europea y del Gobierno del PP para potenciar un rápido “ajuste fiscal” devinieron en fuerte deterioro de las dotaciones de servicios de bienestar a la población respectiva. Los Gobiernos regionales que en 2011 heredaron una dinámica económica muy negativa, con fuertes condicionantes internacionales y estatales, tuvieron que hacer un esfuerzo por reconducir la situación. Pero no todos han tenido la misma eficacia y eficiencia en el proceso como se apreciaba en el último artículo anterior, destacando respecto al conjunto de las variables consideradas la positiva evolución relativa, entre 2011 y 2015, de las Illes Balears, La Rioja, Cataluña, Madrid y Canarias. En el aspecto negativo destacaban las dos Castillas, Asturias y, sobre todo, Cantabria.

Señaladas las consideraciones territoriales anteriores, en este artículo pretendemos tener en cuenta las diferencias entre ciudades, para entrar en uno próximo –y último de la serie- a valorar las desigualdades en el medio rural y en el patrimonio natural español, considerando específicamente algunos de los otros indicadores de los ODS de la Agenda2030.

2.- OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LAS CIUDADES

Como se ha señalado en los últimos artículos publicados en esta sección de Políticas de la Tierra, entre 2016 y 2030, los Gobiernos de la comunidad mundial han asumido el compromiso de centrar sus políticas en el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en septiembre de 2015. Entre estos, y de forma particular, el Objetivo 11 por primera vez incorpora a una Agenda de Naciones Unidas la problemática de la ciudad, haciendo referencia al Objetivo de “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Este Objetivo se concreta en diez Metas específicas que hacen referencia a:

1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar las áreas degradadas y el chabolismo.

2 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

5 Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, habiendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables.

6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Como instrumentos específicos para avanzar en la consecución de estas Metas se señalan:

a) Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.

b) Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promoverla inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

c) Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.

Si en el año 2015, con la aprobación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático quedaba clara la posición de Naciones Unidas –y el acuerdo de los países que la integran, incluida España- en la defensa de cambios significativos en las pautas de desarrollo de la sociedad actual, como condición imprescindible para evitar situaciones catastróficas para la humanidad a medio-largo plazo, en 2016 el acento se pone a nivel global en la problemática de las ciudades. Así, en este mismo mes de junio es de esperar la aprobación de la Agenda Urbana Europea. Y en este año se celebra Habitat III, reunión de ciudades auspiciada por Naciones Unidas que cada 10 años, desde 1996, viene congregando a todas las ciudades del mundo para encontrar pautas unitarias de buenas políticas para el bienestar de sus ciudadanos.

No podemos olvidar la importancia de estas reuniones en una situación en la que, desde el año 2008, la mayoría de la población mundial reside en ciudades, previéndose que, para el año 2050 dos terceras partes de la población mundial resida en ciudades. Ciudades que ocupan del orden del 3% de la superficie del planeta y en las que se genera del orden del 80% del PIB mundial, correspondiendo del orden del 35% de dicho PIB a las 100 ciudades más prósperas del planeta, algunas de las cuales se sitúan en España. Por otro lado, no se puede olvidar que, a escala global, la expansión urbana ocupando nueva superficie para nuevos residentes se asocia con un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del orden de unos 5 millones de toneladas de CO2 per cápita, frente a la radicación de esta población en núcleos ya consolidados aumentando su compactación y densificación.

En este marco, considerando la temática inicial Prioritaria de la Agenda Urbana Europea, de mayor relevancia para la situación de las ciudades españolas, ésta se centra en:

  1. La Inclusión e integración social de los inmigrantes y refugiados.
  2. Calidad del aire que garantice la salud humana.
  3. La reducción de la pobreza urbana y la regeneración de los barrios degradados con la inclusión social de sus residentes.
  4. Acceso a una vivienda pública de buena calidad.
  5. Potenciación de la economía circular, aumentando la reutilización, reparación, reacondicionamiento y reciclado de materiales y productos existentes para promover un nuevo crecimiento y oportunidades de empleo. Por ejemplo, las medidas adicionales para aumentar la productividad de los recursos en un 30% para el año 2030 podría aumentar el PIB en casi un 1%, con la creación de 2 millones de puestos de trabajo adicionales.
  6. Empleo y cualificación de la economía local, con políticas que: a) atraigan y mantengan a las empresas; b) favorezcan la creación de nuevas empresas; c) se favorezca la producción y consumo local; d) se apoyen nuevas formas de trabajo; y e) se garantice la formación en habilidades dirigidas a satisfacer necesidades sociales.
  7. La adaptación al cambio climático (incluyendo soluciones de infraestructura verde) y la gestión de riesgos.
  8. Conseguir un cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos hacia las energías renovables, la energía distribuida y la eficiencia energética.
  9. Asegurar cambios en las zonas urbanas (en crecimiento, contracción y regeneración) respetuosos con el medio ambiente y la mejora de la calidad de vida, propiciando, entre otros aspectos, la renaturalización/enverdecer áreas urbanas.
  10. Lograr una movilidad urbana sostenible y eficiente a través del transporte público, la movilidad suave (caminar, montar en bicicleta, el espacio público) y la accesibilidad (para niños discapacitados, ancianos, jóvenes, etc.) y un transporte eficiente, con buena accesibilidad y conectividad interna y externa.
  11. Transición digital que asegure buenos servicios públicos digitales a todos los ciudadanos y cree oportunidades de negocio.
  12. La contratación pública innovadora, responsable y eficiente.

3.- LA SITUACIÓN DE NUESTRAS CIUDADES

No es sencillo un análisis de la situación de nuestras ciudades desde la perspectiva de la valoración de los aspectos antes contemplados, fundamentalmente por la ausencia de información específica sobre los mismos que puede valorarse de forma homogénea para todas ellas. En primer lugar porque cuando hablamos de ciudades realmente hemos de considerar que éstas no se identifican con un único municipio, sino que a partir de una determinada población y desarrollo de actividades productivas, la ciudad adquiere características supramunicipales afectando en su funcionamiento cotidiano a ámbitos que pueden alcanzar una notable superficie. Así, por referirnos sólo a las áreas metropolitanas que afectarían a espacios con más de 300.000 habitantes, podemos señalar que en España estamos en condición de definir un total de 24, que afectarían a más de 540 municipios. Y que en muchos de estos ámbitos su población es un porcentaje muy elevado de la población y de la problemática provincial, sirviéndonos en los mismos los datos provinciales como referentes de lo que sucede en la ciudad.

En todo caso, el fenómeno urbano es un fenómeno complejo que nos lleva a tener que hablar de ámbitos territoriales que a veces desbordan los límites provinciales. Tal es el caso de las Regiones Funcionales Urbanas (RFU) definibles en España en 2016 (RFU DE MADRID, RFU DE BARCELONA, RFU DE VALENCIA, RFU DE ALICANTE-MURCIA, RFU DE MÁLAGA, RFU DE BILBAO-DONOSTIA, y RFU DE VIGO-PONTEVEDRA-SANTIAGO) o de las Áreas Metropolitanas definibles (AM de Sevilla, AM Central de Asturias, AM de Zaragoza, AM de Santa Cruz de Tenerife – La Laguna, AM de Las Palmas de Gran Canaria, AM de la Bahía de Cádiz, AM de A Coruña, AM de Palma de Mallorca, AM de Granada, AM de Valladolid , AM de Almería, AM de Pamplona, AM de Santander –Torrelavega) que, conjuntamente acogen a más de dos terceras partes de la población española pero una cantidad mucho más significativa de su empleo y de su valor añadido, como tendremos ocasión de contrastar en un próximo artículo.

Pero para acabar el presente, no queremos dejar de hacer referencia a una primera consideración de la situación de una de nuestras ciudades, que puede realizarse a través del Índice de prosperidad de UN Hábitat para el año 2012. Según este indicador, que mide la productividad, la calidad de vida, el desarrollo de las infraestructuras (vivienda y servicios a la población) la sostenibilidad ambiental y la equidad y cohesión social en la ciudad, encontramos que, entre las ciudades analizadas que más destacan, aparece Barcelona como ciudad española con un índice de prosperidad sólido en las cinco dimensiones citadas.

Y, desde la perspectiva de la Calidad de vida en las ciudades europeas son cuatro las ciudades españolas que entran en la muestra del Flash Eurobarometer de la Unión Europea. Y en su valoración de 2015, los resultados y las tendencias encontradas son, en relación con la comparación internacional de 83 ciudades europeas, que Málaga es la ciudad española de las analizadas mejor situada (en el grupo de 7 ciudades que ocuparían las posiciones octava a decimocuarta de ciudadanos más satisfechos con su ciudad). Entre las españolas, a Málaga le seguiría Oviedo (entre las posiciones 24 y 29), Barcelona (entre las posiciones 30 y 35) y Madrid (entre las posiciones 64 y 66, junto a Bruselas y París) que quedaría como la peor situada en el conjunto de valoraciones de las ciudades españolas consideradas, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente. En él hemos destacado los aspectos valorados y, en amarillo, aquellos aspectos en los que las ciudades son consideradas positivamente por menos del 50% de las respuestas; o que, entre 2012 y 2015 han perdido más del 5% en su valoración.

Las conclusiones que se pueden derivar son relevantes en cuanto a la importancia del tamaño de la ciudad, a la importancia del gobierno específico de cada ciudad en el grado de satisfacción, las dificultades del empleo en España y cómo la crisis ha incidido en la pérdida de satisfacción en el acceso a los servicios del bienestar. Pero estos son aspectos que se detallarán en un próximo artículo sobre el conjunto de ciudades españolas y las provincias que las cobijan.

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