CIENCIA, AUTORIDAD Y PRUDENCIA. Responsabilidad y convicción

 “Una injusticia hecha a un individuo es una amenaza a toda la sociedad”.  Montesquieu

 

El poder puede entenderse fundamentalmente de dos maneras: como dominio (“dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo”, según la RAE) o como capacidad. En las discusiones políticas, suele emplearse el poder en el primer sentido: la lucha por el poder es la lucha por vencer, por someter. En cambio, el uso más frecuente e interesante es el segundo: poder porque se tiene la capacidad de hacer algo: ir a la escuela, acudir a un concierto, correr 42 kilómetros, curar una infección, sostener una red de generación y distribución de energía eléctrica sin interrupciones, cultivar kiwis, designar representantes competentes, pagar pensiones… La proporción de estas dos formas de poder podría incluso definir la justicia de una sociedad: en las más injustas, el dominio alcanza su máxima expresión mientras que la capacidad de hacer se queda en la mínima (excepto para quien tiene el dominio); en las justas, el dominio cede ante la capacidad de hacer y tiene lugar eso que últimamente se llama empoderamiento.

El cultivo de las ciencias es la vía más segura para ampliar la capacidad de hacer y, por tanto, un buen antídoto contra el nudo dominio, pues son ellas las que expanden la potencia de obrar. Poner en órbita un satélite, fabricar pañales desechables con una inmensa capacidad de absorción, vacunar, fumigar, leer, … son formas de expandir lo que se puede hacer que no estarían ahí sin la actividad tecnocientífica. Cuando las ciencias quedan recluidas (por ejemplo, en el secreto de estado o empresarial), pueden aumentar el dominio; cuando se propagan, lo disminuyen.

Ahora bien, la capacidad de acción no es la acción misma, y esta última no tiene por qué obedecer a un impulso científico. La mayoría de acciones humanas no cabe dentro de lo modelable científicamente, así que las ciencias sólo alcanzan a respaldar parcialmente lo que se puede hacer. Y más cuando se trata de asuntos complejos. Por ejemplo, si se quiere reducir la contaminación atmosférica en una determinada región, habrá que estudiar en qué consiste esa contaminación, qué la genera exactamente, cuánto costaría reducirla, cómo afectaría a la circulación, a la industria o a la salud de la población, etc. Saber todo eso no determina la decisión pero, sin un cálculo previo, ésta queda condenada al fracaso. En casi todas las ocasiones, la mejor manera de actuar o los resultados de una empresa no pueden anticiparse completamente. Por eso la ponderación de una acción solo puede resultar justa a posteriori. Si quien la realiza tiene éxito, gana autoridad, que crece cuanto más contrario a la intuición haya sido lo hecho. La autoridad no se gana con la mera aplicación del conocimiento preexistente (por eso un ordenador nunca podría tenerla) sino que se labra más bien contra él, incluso en el ámbito científico. Newton, Ramón y Cajal o Marie Curie no cobraron autoridad por dominar el campo científico que estudiaban sino por confrontar el saber previo con los fenómenos no bien explicados por él y suponer realidades que lo desbordaban (la gravitación universal, la neurona, la radiactividad) pero que se revelaron acertadas.

En el ámbito político (en el sentido más amplio del término), la autoridad es más necesaria que en el científico porque el cálculo se queda aún más lejos de anticipar lo que puede ocurrir (por las mayores complejidad e incertidumbre propias de la sociedad humana). A la habilidad para acertar en la incertidumbre se le ha llamado clásicamente prudencia. La persona prudente es sabia, conocedora, experimentada y posee la virtud de acertar. Esa su habilidad de acertar no nace de la mera fortuna, sino, precisamente, de su ciencia, de su conocimiento. Prudencia y ciencia van de la mano y constituyen condiciones inescapables de la buena política.

Uno de los pilares de la vida política, el poder judicial, declara abiertamente su anclaje en esa virtud con su constante referencia a la jurisprudencia. Como en cualquier otro ámbito, la jurisprudencia, la virtud de acertar en el nidio campo jurídico, no puede establecerse por la mera aplicación del saber preexistente, que sin embargo es preciso poseer: si es verdadera jurisprudencia, debe ensanchar los límites de lo establecido jurídicamente hasta ella, acertar en lo incierto. Porque cuando acierta gana autoridad, con ella respeto y, con este, capacidad de acción: solo una sentencia respetada es a la larga una sentencia eficaz. Pero para eso ha de partir de lo bien establecido (lo conocido, la ciencia) y, además, tener un objetivo que trascienda la mera aplicación de la ley o de la jurisprudencia anterior: debe aspirar a ampliar el alcance de la justicia (precisamente para convertirse en nueva jurisprudencia). El tercer poder del estado también debe llevar el cálculo hasta donde resulte posible para impulsarse más allá de lo calculable y acertar, haciendo así verdadera política –es decir, interviniendo eficazmente en la vida de la polis. Entre otras cosas para contener el dominio de los otros poderes y otorgar mayor capacidad de acción a quien la tiene mermada por aquél. La prudencia, también la jurisprudencia, exige ciencia, igual que ésta requiere prudencia. Cuando se yerra en las decisiones, se pierde autoridad, que es poder en el segundo sentido, y se alienta el dominio injusto.

El dominio injusto es la antítesis de la democracia liberal y por eso estas reflexiones quieren alarmar sobre el riesgo que corren nuestras sociedades. Las pseudoélites (pseudo porque ocupan los llamados “puestos de responsabilidad” no por autoridad, sino por dominio) son incapaces de metabolizar la mezcla de complejidades e incertidumbres que alimentan el discurrir socio-político. Quien tiene la posibilidad de actuar es responsable de lo que hace, también de cultivarse para aumentar sus capacidades, y más en tiempos difíciles. Si este cultivo se abandona, se incurre en irresponsabilidad, que sale a relucir cada vez que algo se hace por mero dominio y sin ninguna autoridad. Por eso procede invocar una vez más a Montesquieu, cuya separación de poderes es una forma de poner coto a los abusos y, con ellos, a la ineficacia. Claro que esta invocación tiene límites, y seguramente solo será recibida por personas socialmente responsables (prudentes) que alberguen convicciones basadas en evidencias cuanto más sólidas y contrastadas, mejor. Precisamente responsabilidad y convicción es lo que cualquiera puede reclamar, tanto en el ejercicio de cualquier poder como en el de sus interacciones. La irresponsabilidad y la ausencia de convicciones que muestra la circulación por la confusión, la ignorancia o directamente la mentira de las citadas pseudoélites quitan a la ciudadanía el derecho a conocer y por tanto atentan contra la salud, si no contra la pervivencia, de la democracia.