Categoría: Políticas de la Tierra

Desde 2014 amplios espacios del territorio español, se ven sometidos a una nueva sequía periódica que continúa por el momento en varias de las zonas de su territorio. Se reproducen procesos que ya fueron graves en la de 2004-2008 o en la de 1993-1996 sin que se haya aprendido mucho de lo que debería ser un enfoque que ya en 2004 llevó a la necesidad de una nueva política y planificación hídrica, recogida claramente en el Programa AGUA, pero que en 2008, con el inicio de un nuevo periodo de lluvias normales, se olvidaron y tras el cambio de Gobierno en 2011 se trasformaron en la política “habitual” en un Ministerio cada vez más de agricultura y secundaria y subordinadamente de medio ambiente.

Señalábamos en el artículo anterior que la elevada fragilidad e inestabilidad económico-financiera, junto al crecimiento mundial de la población, del consumo energético y de las materias primas, así como al crecimiento de los residuos, emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación eran factores que muestran los riesgos de una próxima grave crisis global, salvo que se cambien radicalmente las bases de la sociedad de consumo capitalista en la que nos encontramos.

El mes de agosto es un buen mes para realizar lecturas diversas y he querido comenzar este artículo con una cita de un epistemólogo historicista marxista. Y viene a cuento su cita a raíz del conjunto de informes y artículos publicados en estas fechas, en muchos de los cuales se vaticina un futuro fuertemente problemático para la sociedad de consumo capitalista actual, donde el negro parece ser, efectivamente, el color que mejor representaría ese futuro. Las periódicas crisis capitalistas han sido la base de previsiones de su agotamiento en muchas ocasiones a lo largo de su larga historia, pero los capitalistas en unión a instituciones y gobiernos han venido soslayando las contradicciones que las generaban, aunque siempre a costa del bienestar de la mayoría de la población.

Escribo este artículo pre-agosto con tres informes encima de la mesa y cuatro artículos seleccionados de las noticias cotidianas que nos informan, a la vez que nos instruyen, sobre los enfoques e intereses de los periodistas que las firman.

Desde que se inició esta Sección de Políticas de la Tierra se ha venido defendiendo la necesidad de una visión integrada del desarrollo sostenible (ambientalmente sostenible, socioeconómicamente cohesionado y territorialmente equilibrado) que superara las insuficiencias y sesgos de la tradicional identificación, característica de las visiones de la derecha conservadora, entre crecimiento del PIB y progreso social. Y, en ese sentido, nos congratulábamos de que la asunción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 subobjetivos establecidos en desarrollo de los mismos, por la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015, implicaba la superación de la incorrecta idea de que el bienestar y el progreso social se identifica con dicho crecimiento del PIB o del PIB per cápita, idea ampliamente extendida, aunque ni el premio nobel que propuso este indicador económico (Kuznets, en los años treinta del siglo XX) ni ninguna persona adecuadamente informada defiende dicha identificación.

El 18 de julio –fecha significativa de las efemérides españolas- España presentará su VNR o “Plan de Acción para la Agenda 2030” ante Naciones Unidas, consensuado hace unos días durante la última reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN), presidida por el ministro de Exteriores, Joseph Borrell, con la presencia de otros tres ministros, posteriormente aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de junio, bajo la denominación de “Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible”, señalándose que en su elaboración han participado todos los Departamentos Ministeriales, así como las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y organizaciones representativas de la sociedad civil, en el proceso previo organizado por el Gobierno del partido popular.

Pocos temas tienen tanta trascendencia para España y su transición hacia una sociedad ambientalmente sostenible como la problemática energética. Y ello, no sólo por la dependencia energética de este país (del orden de un 50% superior a la media europea que, a su vez, es superior al 50% de su consumo) lo que en un mundo convulso como el actual implica tanto potenciales riesgos de desabastecimiento –con las gravísimas consecuencias que ello tendría sobre la economía y bienestar de este país-, como graves problemas socioeconómicos por la incapacidad de incidir significativamente sobre los precios de una oferta muy dependiente de factores geoestratégicos y de mercados oligopolísticos globales, difícilmente controlables desde este país o desde la propia UE.

Como todos los años, en esta sección había preparado un balance de la evolución ambiental en nuestro país, para concluir y lamentar, de nuevo, la inoperancia, ineficacia y parcialidad del Gobierno del partido popular en materia ambiental. La política errática interministerial en materias fundamentales como el cambio climático y la racionalidad energética; la continuidad en la modificación de las normas ambientales provenientes del período socialista, 2004-2011, en defensa y priorización de los intereses particulares sobre los generales del país (lo último la nueva modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en beneficio de cazadores y pescadores)…

Del 21 al 25 de mayo se ha celebrado la Semana Verde de la UE 2018 centrada en los retos para lograr que se produzca una transición sostenible en las ciudades europeas, objetivo que la UE promueve con regulaciones, herramientas y mecanismos de cofinanciación de distinto tipo, buscando incentivar planes para nuestras ciudades que las encaminen hacia la “neutralidad en carbono” y la “sostenibilidad urbana”, a través de iniciativas como, entre otras, las Capitales Verdes de la UE, las ciudades Hoja Verde de la UE o las convocatorias para financiación de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integradas (EDUSI) realizadas a través de la Dirección General de Fondos Europeos.

El Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento (www.atlasau.fomento.es) considera 86 Grandes Áreas Urbanas (GAU) mayores de 50.000 habitantes (que incluyen 753 municipios y el 9,6% de la superficie de España) donde reside el 69% de la población española, se concentra del orden del 75% del empleo, y la mayoría -66 GAU- tienen carácter supramunicipal/metropolitano.