CATALUÑA: LA LEY ELECTORAL FAVORECE A LOS INDEPENDENTISTAS

Cualquier sistema electoral es el resultado de una decisión política. Por tanto, no hay discursos neutros en esta materia. Por este motivo, una de las cuestiones que más puede sorprender en Cataluña, si es que sorprende ya algo, es que tras décadas de incremento constante de autogobierno no haya aprobado una ley electoral propia para sus elecciones autonómicas, y se siga utilizando la ley electoral general, desde que Tarradellas convocara las primeras elecciones autonómicas el 17 de enero de 1980.

¿Un descuido? NO, una imposición de los nacionalistas e independentistas porque esta norma les conviene desde siempre. Con menos votos siempre tienen más diputados. Una imposición además blindada, porque el Estatut, en su artículo 56.2, exige una mayoría de dos tercios del Parlamento para aprobar una ley electoral, y todos los intentos por aprobar una han fracasado, porque los nacionalistas-independentistas no están dispuestos a renunciar a este privilegio.

Es decir, los independentistas hablan de libertad y democracia pero imponen que en Cataluña la máxima de una persona un voto no se cumpla.

El sistema electoral catalán, no es de representación proporcional y no asegura la representación adecuada de todas las zonas del territorio de Cataluña, como señala el artículo 56.2 del Estatut. Así, la distorsión del sistema electoral hace que se produzcan discrepancias entre el número de votos totales recibidos por un partido y el número de escaños. Con casos significativos, como en las elecciones autonómicas de 1999 y 2003, donde el PSC, con Pascual Maragall de candidato, fue el partido político más votado en Cataluña, pero no el que sacó más escaños.

Concretamente, en el año 1999, el PSC obtenía 1.183.299 votos (el 38,21 %) y 52 escaños. Mientras que CIU, con 1.178.420 votos (38,05 %) conseguía 56 diputados, y hacía Presidente de nuevo a Pujol. En las siguientes elecciones autonómicas, volvía a ocurrir, el PSC tenía 1.031.454 votos (31,16 %) y 42 escaños, y CIU, con Artur Mas de candidato, sacaba 1.024.425 votos (30,94 %) y 46 escaños. Aunque en esta ocasión, Maragall llegaría a la Presidencia de la Generalitat.

La existencia de cuatro circunscripciones provinciales y el número de diputados que elije cada una no es proporcional a su población. La provincia de Barcelona, está infrarrepresentada en relación a su población y número de escaños. Representando el 74 por ciento de la población, solo elije el 62,96 por ciento de los diputados. Mientras, Tarragona, Lérida y Gerona están sobrerrepresentadas. Una sobrerrepresentación que favorece de manera descarada a los independentistas, y que probablemente se repetirá en las elecciones del 21 de diciembre.

Circunscripción

Habitantes% PoblaciónEscaños% de escañosCoste escaño/votos habitantes

Barcelona

5.518.430

74

85

62,96

64.922

Tarragona

790.185

11

18

13,33

43.899

Lérida

427.208

6

15

11,11

28.480

Gerona

741.308

10

17

12,59

43606

Total 7.477.131 100 135

 100

Por tanto, una de las cuestiones pendientes en Cataluña es aprobar una ley electoral que cumpla lo que dice el Estatut. Es decir, contar con un sistema electoral que sea de representación proporcional y que debe asegurar la representación adecuada de todas las zonas del territorio de Cataluña. Lo de ahora es una verdadera anormalidad democrática que el independentismo intenta tapar porque les conviene.

Con ello se conseguirá que en el Parlamento de Cataluña esté reflejada la voluntad de los ciudadanos a través de su voto y que se puedan conformar gobiernos estables.

Abrir el sistema electoral a una mayor participación de los ciudadanos y asegurar el principio de igualdad del sufragio, es decir, que todos los votos valgan igual, son dos pilares fundamentales del sistema electoral que no pueden continuar ausentes de Cataluña.

Ahora toca denunciarlo. Después de las elecciones, cambiarlo. Y entre medias, conociendo que el voto de los independentistas está primado, movilizar el voto de los que no lo son, y quieren la convivencia, para neutralizar este dopaje electoral secesionista.