CATALUÑA 1 DE AGOSTO DE 2017

Hace un siglo, en julio de 1917, se celebró en Barcelona la llamada “Asamblea de parlamentarios” en la que los Diputados de los partidos no dinásticos se reunieron al margen del órgano parlamentario, reunión reprimida por el Gobierno, lo que conectó, semanas después, con la llamada revolución de 1917. No hace falta ser historiador para ver la gran diferencia entre la Monarquía constitucional de 1917, donde el Rey y una élite caciquil tenían todo el poder, y la Monarquía parlamentaria de 2017, forma política de una democracia que se rige conforme a las reglas del Estado de Derecho.

Si la diferencia entre 1917 y 2017 es abismal (aunque no lo crean así los populistas que carecen de los mínimos conocimientos históricos y políticos), revolotea sin embargo un punto de acercamiento entre ambas fechas por la crisis que una élite secesionista quiere provocar en Cataluña. En realidad, como veremos ahora, los secesionistas quieren provocar un golpe de Estado, algo que ni siquiera se plantearon los parlamentarios de la asamblea de 1917. Al cerrar estas reflexiones antes de agosto voy a ofrecer un cuadro somero de la situación en Cataluña al comienzo del mes.

En primer lugar, ¿cómo describir la compleja situación que vive Cataluña? Me atrevo a definirla de la siguiente manera: tras la pésima gestión de las secuelas de la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, que sólo declaró inconstitucionales expresiones e incisos de trece artículos del nuevo Estatuto de Autonomía (sobre un total de doscientos cuarenta y cinco preceptos), la coalición que volvió a gobernar en Cataluña, CiU, entró en una deriva independentista que no había aflorado hasta entonces, deriva que puso al Presidente de la Generalidad, Artur Mas, a la cabeza de la nueva política de ruptura con el Estado. En esa deriva secesionista aparecieron dos elementos conceptuales que permitieron a los secesionistas construir un “relato” (como se dice ahora con cursilería) que legitimara sus aspiraciones, a saber, el “derecho a decidir” y el referéndum. Ambos son argumentos falaces porque el “derecho a decidir” se ejercita en Cataluña desde 1977, cuando se votó en las primeras elecciones democráticas, y el referéndum se concibe por los independentistas no como una consulta neutra sino como el instrumento que permitirá alcanzar la independencia.

“Derecho a decidir” y referéndum han permitido a los secesionistas crear una pseudo-legitimidad que conduce a una nueva legalidad. Han creado una persona colectiva ficticia dotada de derechos históricos y al crearla se han inventado una legalidad que emana, exclusivamente, de la Asamblea Legislativa creada por el primer Estatuto de Autonomía, el de 1980, conforme al mandato del artículo 152 de la Constitución. En realidad, esa legalidad es como un chicle que encoge y se alarga: permite a la Presidenta del Parlamento invocar una inmunidad parlamentaria inexistente para evitar ser acusada penalmente y permite al Presidente Puigdemont, en declaraciones a Le Figaro, afirmar que sólo el Parlamento catalán le puede desposeer de su cargo, lo que también es incierto. Esa legalidad emanada de la Asamblea Legislativa legitimaría realizar un referéndum que conduciría directamente (al día siguiente) a la independencia, a la proclamación de la República, si hubiera un solo voto afirmativo más que los votos negativos. Y esa legalidad falsa, irreal, es la que ampararía las ya anunciadas Leyes de desconexión y de referéndum. Hace tres años, señalé que la política de los secesionistas catalanes era una política decisionista, tal como la defendió Carl Schmitt (Javier García Fernández: “La independencia de Cataluña”, El País, 17 de julio de 2014), que se impone al margen del Derecho, por la mera fuerza política, pero confieso que no esperaba que llegarían a este elevadísimo grado de decisionismo.

Por cerrar esta breve descripción, ¿cómo calificar en pocas palabras la conducta decisionista de los secesionistas? No parece haber muchas dudas: se trata de un golpe de Estado. Recordando la Técnica del golpe de Estado, de Curzio Malaparte, tendemos a pensar en los golpes de Estado armados, realizados por grupos militares o civiles que toman los puntos neurálgicos de la capital de un país y acaban aprisionando a los gobernantes. Ese es un golpe de Estado armado, pero ¿no se debe calificar golpe de Estado a la conducta planificada que va destinada a derrocar el régimen imperante en un país o en una parte de un país para implantar en el mismo un nuevo régimen? ¿Es determinante que se efectúe militarmente? No, pero la calificación es la misma, a fortiori cuando hay indicios suficientes que nos indican que si tuvieran unas Fuerzas Armadas las utilizarían… y aún es una incógnita como emplearán a los Mozos de Escuadra.

Añadamos otra peculiaridad de la actual situación, la esquizofrenia de los gobernantes catalanes. Un día vemos a un rebelde Puigdemont injuriar a España y anunciar la independencia y al día siguiente ese mismo Puigdemont acompaña al Rey en la conmemoración de los Juegos Olímpicos de 1992. Algunos ingenuos celebrarán el aparente acatamiento de la figura del Rey pero es sólo un gesto esquizofrénico, de una persona (y tras él, varios partidos y un Gobierno) que trabaja cada día por un imposible, pero se desdobla para participar en actos del Estado opresor. Lo curioso es que esa esquizofrenia se convierte en un problema político (y no sólo psicológico) cuando los secesionistas utilizan todos los instrumentos jurídicos del Estado español para ahondar en el golpe de Estado: constantes recursos al Tribunal Constitucional, denuncias ante los Tribunales, etc. En la prensa del día 27 de julio encontramos una enternecedora noticia: el Consejero de Presidencia, el fanático Turull, ha anunciado muy enfadado que se va a querellar contra un Juez de Instrucción y contra la Guardia Civil por atribuir al Secretario General de la Presidencia la condición de imputado por vulnerar los derechos de éste. Dejando a un lado que no sabe qué derechos se vulneran al declarar imputado a una persona, ¿no habíamos quedado en que el Poder Judicial, al condenar a Artur Mas y a sus cómplices, estaba haciendo justicia política? El caso de más grave esquizofrenia (para ingresar en un psiquiátrico) es que en el pleito de las obras de arte de Sigena llevadas irregularmente a Cataluña la Generalidad ha pretendido, sin éxito, que el Tribunal Constitucional aplicara el artículo 92 de su Ley Orgánica (el precepto que permite al Tribunal ejecutar coercitivamente sus Sentencias, tan denostado por los independentistas) para impedir que prosiguiera la demanda que pide la devolución de las obras

El único caso comparable a éste en Europa desde 1945 es la implosión de Yugoslavia, implosión que siempre se sospechó había sido ideada en Bonn y en el Vaticano. No es el caso actual, pero sí es similar en la vocación de ruptura, en el constante desafío y en el agotador mensaje sedicioso y de permanente injuria a la democracia española (y a veces, al resto de los españoles) en que se han instalado los secesionistas, desde Puigdemont y Junqueras hasta el último militante del PDCat, de Esquerra y de la peculiar fauna anarquista que habita en la CUP.

En esta situación, ¿hasta dónde llegarán los secesionistas? En principio, hasta donde sospechen que se les va a dejar. Ha sido por ello un acierto el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado 21 de julio, que acentúa el control de los gastos destinados a la celebración del referéndum. ¿Cómo se puede censurar este Acuerdo si sólo tres días después el Presidente Puigdemont afirmaba que ya disponían de las urnas? Sea esto cierto o sólo sea una jugada de farol, el Estado de Derecho exige controlar a una Administración cuyo máximo representante habla de esa manera. Criticar esta medida (¡al fin, una decisión del Gobierno Rajoy!) es situarse en la peligrosa equidistancia e incurrir en la ingenuidad de proponer hoy medidas de acercamiento (como veremos más adelante, las medidas de acercamiento con quien gobierne en Cataluña sólo son posibles después del 2 de octubre). Pero si en principio los secesionistas actuarán con cautela por temor a su libertad y a patrimonio (¡el tópico del catalán pesetero!), no debemos descartar medidas de rebeldía intensas, de encierros en el Parlamento o en Ayuntamientos, de concentración de Alcaldes, de manifestaciones, etc.

Por eso el Gobierno no debe desechar ninguna medida, incluyendo el artículo 155, que es una medida limpia, democrática (por su debate parlamentario) y versátil que no suspende la autonomía como temen los independentistas y como querría la derecha ultracentralista ni restringe los derechos fundamentales (como ocurriría en el estado de excepción y en el estado de sitio). Y ese recurso es tanto más necesario cuanto que, a diferencia de hace unas pocas semanas, ahora sabemos que el Gobierno catalán va a utilizar a los Mozos de Escuadra en la celebración del referéndum (ver por ejemplo, la entrevista al nuevo Consejo de Interior, Joaquim Forn, en El Punt Avui de 23 de julio). Si eso ocurre, el Gobierno español tendrá que elegir, o avocar para sí la competencia de seguridad (conforme al artículo 155) o desplegar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional versus una Policía autonómica que se niega a actuar a las órdenes del Poder Judicial. ¿Qué es preferible?

Este interrogante nos conduce al penúltimo punto de la reflexión. ¿Debe llevarse la conducta de los gobernantes catalanes a la vía penal? Si un ciudadano particular tuviera una conducta como la que anuncian constantemente los gobernantes catalanes o injuriara al Estado como lo hace, por ejemplo, Puigdemont, estaría encausado hace tiempo. Por eso hay que dejarse de melindres de izquierdista acomplejado y asumir, como posibilidad que quizá haya que acusar a Puigdemont, a Junqueras, a Romeva y a Forcadell por delitos contra la Constitución (rebelión o sedición). Hasta ahora han adoptado la costumbre de injuriar a España (artículo 543 del Código Penal) y quizá habría que empezar a pensar que un Código Penal que no se aplica por negligencia es un Código Penal que muestra la debilidad del Estado.

Llegamos así al último punto de esta reflexión. ¿Qué debe hacer la izquierda española (no incluyo en este término a los diversos populismos que cambian de ideología a capricho y que nunca son fiables)? Un partido como el PSOE, que ha gobernado España y aspira a volver a gobernarla, sólo tiene una opción: apoyo al Gobierno de Rajoy (sí, de ese Rajoy que no sabe nada de corrupción en su partido). Y ese apoyo requiere no intentar medidas apaciguadoras que los secesionistas no pueden aceptar pero debilitan al frente constitucional. Después del 2 de octubre, habrá que empezar a ofrecer medidas políticas pero hasta entonces, cualquier posición dudosa sólo se va a interpretar como debilidad. Y, por supuesto, si necesario fuera, apoyar las medidas represivas del Gobierno.

A uno de agosto de 2017 no vale la equidistancia, y así parece haberlo entendido el PSC cuyo Presidente y cuyo Primer Secretario han formulado en los últimos días declaraciones muy interesantes y firmes. Creer en un diálogo previo es una ingenuidad opuesta al principio de realidad: en el Punt Avui del 17 de julio, uno de tantos secesionistas que trabajan día a día por el golpe de Estado decía: “a hores d’ara, no hi ha marxa enrere y… flaquejar només voldria dir cavar la seva propia tomba política” (Joan Rueda: “A la tres. Directes a l’1-O”). Y en La Vanguardia del 27 de julio el historiador y antiguo psuquero Borja de Riquer escribe: “detener el proceso soberanista es rendirse. Hoy el derecho a decidir de los catalanes no sólo es una cuestión de legitimidad democrática, también lo es de dignidad” (La dignidad de los catalanes”). Parece mentira que un preclaro historiador escriba con la sutileza de un yihadista cuando habla de Cataluña, aunque lo mismo le ocurre a Fontana. Con esa actitud tan irreductible, ¿con quién se quiere dialogar?