CAMBIO CLIMÁTICO. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Este fin de semana comienzan los fastos de la 25COP de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Madrid, tras la renuncia de Chile a su celebración por los incidentes que se están registrando en ese país, paralelos a los registrados en otros países (Francia, Uruguay, Irán,…), espoleados por medidas ligadas al incremento del coste del transporte con incidencia en una población ya muy afectada por subidas de impuestos indirectos sobre el consumo (aunque en este caso sean de índole medioambiental) que afectan a sus ya muy deterioradas condiciones de vida, consecuencia de los procesos continuados de distribución desigual de la renta, muy a favor de la renta del patrimonio frente a la renta del trabajo.

Es cierto que en muchos países, y particularmente en España, las medidas para la transición energética y climática se anuncian en paralelo a la propuesta de una “transición justa”, pero es complejo conseguir que en un marco de fuertísimo endeudamiento público y de la obligación de mantener controlado el déficit, puedan disponerse de presupuestos públicos para compensar, por el lado “social”, los efectos, necesariamente de incidencia marginal mucho más elevada para las clases de ingresos más reducidos, de las medidas de incremento de costes del uso del “carbono” (combustibles fósiles, penalización a los vehículos o a las industrias que los usen, etc.)[1]. Y las consecuencias de ese malestar ya las estamos viviendo con el resurgimiento de partidos autoritarios, cuando no directamente fascistas.

La Cumbre del Clima (COP25) va a permitir ver avances y retrocesos ante una situación que hace que las sucesivas declaraciones de “Emergencia Climática” que se están registrando sean algo más que un simple anuncio propagandístico. Entre ellas la muy significativa del Parlamento Europeo de esta semana, conseguida con 429 votos a favor (parte de los populares, liberales, socialistas, verdes e izquierda), 225 en contra (parte de los populares, excluidos los españoles, que votaron a favor, ultraconservadores y extrema derecha) y 19 abstenciones. Un aspecto importante de esta sesión de la Eurocámara es que se aprovechó también para pedir a la Comisión Europea que eleve el objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2030 del 40 al 55% respecto a 1990, y que se exija evaluar que las distintas propuestas legislativas que se realicen no tengan efectos negativos sobre el objetivo del Acuerdo de París (COP21) de mantener el aumento de la temperatura media del planeta, respecto a los niveles preindustriales, por debajo de 1,5ºC para el 2100. Lo que está en línea con el hecho de que la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya anunciado que Europa pretende incrementar la reducción de sus emisiones un 50% (en vez del citado 40% al que se comprometió en el Acuerdo de París) para el año 2030, a la vez que se pone en marcha un plan de inversiones sostenibles (Green Deal) de 1 billón de euros. Y se espera que en el primer Consejo Europeo de la nueva Comisión, a celebrar el 12 y 13 de diciembre, se acuerde formalmente declarara la “neutralidad climática en 2050” (emisiones de CO2equiv nulas para esta fecha), objetivo defendido como meta también para España por la actual ministra en funciones Teresa Ribera.

En todo caso, la 25COP se va a celebrar gracias al ofrecimiento del Gobierno  español, lo que es un aspecto a destacar aunque esta COP tenga más carácter burocrático (aprobación de reglamentos y normas técnicas que permitan iniciar el año que viene el proceso de aplicación estricta y regulada de los Acuerdos de París de la 21COP) que propiamente político, si bien la retirada del Acuerdo de EEUU (tras varios años de incumplimiento real y su responsabilidad sobre el 13% de las emisiones globales) y su potencial seguimiento por otros países, ya sea formalmente o en la práctica de relajamiento de sus medidas, tengan un carácter netamente político. En todo caso, hay que felicitarse de la iniciativa española, ya que la no celebración de la 25COP hubiera tenido un significado muy negativo para la lucha contra el Calentamiento Global.

E, igualmente, aunque las cada vez más numerosas declaraciones de Emergencia Climática tengan un carácter simbólico, su relevancia se encuentra en la capacidad de centrar la atención de los medios de comunicación y conseguir una población más informada y concienciada, que obligue a una mayor y más adecuada valoración política de la problemática y efectos del Calentamiento Global, cuya dinámica actual sigue lejos de los niveles que permitirían alcanzar los objetivos establecidos, tal y como periódicamente recogemos en esta sección, a través de la síntesis de los Informes que se van elaborando y publicando sobre la problemática del Calentamiento Global y el Cambio Climático asociado.

Además de los Informes de septiembre de este año del IPPC, OMM y distintos centros de investigación, a los que nos hemos referido en artículos anteriores, esta última semana de noviembre se han publicado nuevas noticias de la OMM y el Informe anual del “gap” de emisiones, del PNUMA[2], que reiteran que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera marcó un nuevo récord en 2018. Y, un dato muy significativo que se aprecia en la Figura siguiente: una gran parte de las emisiones producidas territorialmente en China o India, por ejemplo, son exportadas y consumidas en EEUU y la UE, que han reducido sus emisiones producidas, pero mantienen o incrementan las emisiones asignadas a su consumo final.

En este marco, las medidas en el campo de la mitigación de emisiones son numerosas y crecientes[3], pero manifiestamente insuficientes para frenar el calentamiento del conjunto del planeta, cifrado ya como media de 1,1ºC. Ya señalábamos en un artículo anterior de esta sección que más del 80% de los países signatarios del Acuerdo de París no está siguiendo la ruta necesaria para cumplir los objetivos establecidos, lo que nos lleva a que el calentamiento global para 2030 pueda llegar a ser muy superior al establecido incrementando muy sensiblemente los costes económicos de sus efectos[4].

The Economist se planteaba en su edición del 20 de noviembre que los objetivos climáticos mundiales eran insuficientes y, además, que era muy poco probable que se cumplieran. Y recogía unas gráficas, de fuentes diversas, que recogían la base explicativa de su aserto sobre la que cabía poca discusión. Entre otras cuestiones, ¿quién y cómo se asumiría el coste de abandonar los recursos privados del carbón, petróleo y gas no explotados?

La pregunta que hemos formulado reiteradamente en estas páginas es la de si una sociedad de consumo capitalista, como referente a la que parece aspirar una humanidad que se dirige hacia los 9.500 millones de habitantes para 2050 será capaz de frenar el proceso de calentamiento global a través de los cambios derivados de las nuevas políticas de “Green New Deal”. Y la respuesta, por ahora, es claramente negativa.

Lo que nos lleva a las segundas conclusiones que han sido objeto de los cuatro artículos anteriores: lo perentorio de políticas de adaptación y de resiliencia socieconómica (transición justa) ante el Calentamiento-Cambio Climático que se avecina para España.

__________________________________________

[1] Ejemplos aleccionadores en el marco europeo serían que el gobierno alemán ha aprobado un plan de transición de 54.000 millones de euros; o, en España, el apoyo de un número creciente de empresas a iniciativas como la de “Empresa neutra en carbono” para el año 2050, 2030; o el compromiso del sistema financiero en el apoyo al Green Deal: BBVA pone a disposición de la acción climática 100.000 millones de euros y el Banco Santander 120.000 millones, etc.

[2] Los datos que manejan empresas, sistema financiero y aseguradoras sobre los efectos del cambio climático son crecientemente preocupantes, en línea con lo ya señalado en el informe “The Truth Behind the Climate Pledges”, de noviembre de este año, producido por The Universal Ecological Fund (Fundación Ecológica Universal FEU-US) –https://drive.google.com/file/d/1nFx8UKTyjEteYO87-x06mVEkTs6RSPBi/view– que recuerda, por ejemplo, que las pérdidas económicas y daños de los 690 fenómenos meteorológicos extremos de 2017 supusieron unas pérdidas de 330.000 millones de dólares. Para 2030, advierten los investigadores, se espera que se hayan doblado. Para 2018, S&P Global y Aon, cifran las pérdidas económicas mundiales relacionadas con fenómenos meteorológicos en el entorno de los 450.000 millones de dólares, casi un 33% más que en 2017.

[3] Aunque tampoco hay que olvidar los riesgos y resistencias de multinacionales ante los efectos de la transición sobre la fuerte depreciación de sus reservas de petróleo, o el aumento de los costes de producción derivado de los nuevos impuestos energéticos o de los precios del carbono que, evidentemente, se trasladan en gran medida a los consumidores.

[4] PNUMA (2019).- “Emissions Gap Report 2019”. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y