CAMBIAR EL RUMBO DE LAS POLÍTICAS SOCIOLABORALES

CAMBIAR EL RUMBO DE LAS POLÍTICAS SOCIOLABORALES

Tras casi cinco años de crecimiento económico, la evolución del PIB ha superado el volumen anterior a la crisis. De hecho, en 2017 se superó en más de 82.000 millones de euros el PIB anual de 2007. Los datos de la evolución del empleo recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA) del II trimestre de este año son positivos: los ocupados han superado los 19 millones. Pero aún no hemos salido de la crisis: faltan más de un millón de personas ocupadas respecto a los 20,38 millones de ocupados que había el segundo trimestre de 2007.

El desempleo y la precariedad son la herencia del Partido Popular (PP), después de casi siete años en el Gobierno, desarrollando políticas de recortes de los servicios públicos y contrarreformas laborales y de pensiones. Los grandes logros de creación de empleo, que se auto-otorga el PP se basan en la sustitución del empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial. Según la EPA del segundo trimestre de 2018, el desempleo afecta a 3,49 millones personas, lo que representa una tasa de paro del 15,28%, solo superada por Grecia. Por comparación, en mayo, la Unión Europea tenía el 7,0% de tasa de paro. En el mismo periodo de 2007, el desempleo afectaba a 1,76 millones de personas y la tasa de paro era del 7,95%. La tasa de empleo de las mujeres es un 11% inferior a la de los hombres. Más de la mitad del empleo creado es temporal, la temporalidad afecta a casi el 27% de los trabajadores, el porcentaje más alto de la Unión Europa seguido de Polonia con un 25,3%.

El empleo que se crea está condicionado por la alta rotación, temporalidad y parcialidad involuntaria. En el primer semestre de 2018, los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) han registrado 10,42 millones contratos de los que 9,70 millones fueron temporales, lo que representa más 93% del total de los contratos registrados y 715.000 han sido contratos indefinidos. La precarización de las condiciones laborales se va extendiendo, los contratos temporales son cada vez más cortos, el 40% de los contratos iniciales registrados tienen una duración inferior a un mes, los contratos temporales tienen una duración media de 52,82 días, los de menos de una semana suponen el 28,2% del total y un tercio del total de los contratos son a tiempo parcial, siendo tres de cada cuatro para mujeres, una parcialidad que en la gran mayoría de los casos no es querida por los que los afectados.

La reforma laboral es un modelo laboral fracasado, injusto e ineficiente, que no ha conseguido los objetivos de reducir la dualidad y la segmentación de nuestro mercado de trabajo. La precariedad y la desregulación de las condiciones de trabajo se agravan por el gran número de horas extraordinarias que se realizan. Según la EPA, durante 2017 se realizaron nueve millones de horas extraordinarias ilegales cada semana; más de un millón de asalariados realizaron jornadas de trabajo que excedían de los límites legales. De haberse convertido esas horas extraordinarias en puestos de trabajo se habrían creado 235.000 empleos con la consiguiente reducción del desempleo y aumento de ingresos a la Seguridad Social. La mala gestión del Gobierno del PP y la precariedad y los bajos salarios son las verdaderas causas del déficit de la Seguridad Social, que ha pasado de un mínimo de 1.063 millones en 2011 a 18.800 millones de déficit en 2017 a lo que hay que añadir el vaciado del fondo de reserva y el endeudamiento de la Seguridad Social.

Uno de los objetivos centrales de la reforma laboral era la devaluación que ha provocado la caída de las rentas de los trabajadores y sus familias, como efecto de la desregulación y de la debilidad producidas a la negociación colectiva. El Índice de Precios de Trabajo (IPT) acumula una caída real de los salarios del conjunto de los trabajadores del 8,6%. La precariedad y los bajos salarios, junto con las políticas de recortes de los servicios públicos y de la protección social, han supuesto un incremento de las desigualdades y de la pobreza: el 27,9% de la población está en riesgo de exclusión social y el 14,1% de los trabajadores ocupados sufren la pobreza. La tasa de cobertura se ha reducido más del 20%, hay más de 1,6 millones de personas desempleadas sin protección. Según la Fundación Foessa de Cáritas la pobreza entre los parados alcanza el 44,8%.

Este diagnóstico sobre la situación laboral existente en el modelo español de relaciones laborales es la consecuencia de las políticas basadas en la desregulación y la precariedad laboral, que han generalizado la figura del precariado y el trabajador pobre como consecuencia de los bajos salarios. Por ello, es necesaria la puesta en marcha de forma urgente de medidas que se orienten hacia el necesario cambio de rumbo en las políticas laborales y sociales desarrolladas en nuestro país desde la reforma laboral de 2012.

Dentro de esa nueva orientación se inscribe el Plan Director por un Trabajo Digno, aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de julio. El Plan Director se configura en un conjunto de medidas integradas e integrales para garantizar el respeto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores mediante el cumplimiento y la correcta aplicación de nuestra legislación sociolaboral y de los convenios colectivos de trabajo.

Persigue poner en marcha políticas e instrumentos para erradicar la explotación laboral, con la implicación y coordinación del conjunto de las administraciones públicas, la participación de los sindicatos y patronales a través del diálogo social y de otras partes interesadas. Este mismo verano se pondrán en marcha planes de choque contra los fraudes de la temporalidad injustificada y la parcialidad abusiva.

El Plan Director es una apuesta clara y decidida por el empleo de calidad, igualitario y con derechos. Pretende, entre otros objetivos, poner fin a la temporalidad y la parcialidad abusivas; los falsos autónomos y la utilización de ficticias cooperativas de trabajo asociado; los excesos de jornada y las horas extraordinarias ilegales; las discriminaciones por razones de género, edad, raza, etc.; la explotación de los jóvenes bajo la figura de los becarios; potenciar la prevención de riesgos laborales; controlar el cumplimiento de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva y combatir el fraude laboral y la economía sumergida.

Para ello, se prevé mejorar los medios técnicos y aumentar los efectivos de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (ITSS) para implementar las acciones de inspección y control derivadas en este Plan Director, contando con la necesaria cooperación de las Comunidades Autónomas sobre la base de sus propias competencias en las materias sociolaborales. También se propone una Fiscalía especializada en delitos contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social y establecer un convenio entre la ITSS y la Fiscalía General del Estado para luchar contra la precariedad.

Este Plan Director comporta también iniciativas de carácter normativo para revertir las medidas lesivas de la reforma laboral, mediante el diálogo político, como las siguientes Proposiciones de Ley: para mejorar la protección de los trabajadores de las contratas y subcontratas (artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores); fijar la obligación del registro de los horarios (artículo 34 del ET); garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en materia retributiva y también en el empleo y la ocupación.

A su vez, establece el compromiso de desarrollar a través del diálogo social tripartito aquellas materias que han acordado UGT, CCOO, CEOE y CEPYME en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. El Gobierno tiene la voluntad de proponer para su discusión la modificación de diferentes aspectos de la reforma laboral de 2012, como la negociación colectiva o sobre la inestabilidad y precariedad de la contratación laboral.

El nuevo rumbo de las políticas laborales necesita un cambio del modelo económico y social; potenciar un crecimiento económico sostenible y justo que desarrolle políticas redistributivas, potencie los servicios públicos y la protección social y que impulse el trabajo digno, con buenos empleo y salarios decentes.