BRASIL, EN EL LÍMITE DEL ESPERPENTO

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La conspiración es un plato que se cocina a fuego lento. Y, contrariamente a lo que parece una creencia aceptada, no siempre de forma oculta o clandestina. Por el contrario, cuanta más transparencia (aparente), más eficaz resulta.

En el proceso de destitución de la Presidenta Rousseff se viven muchos procesos paralelos: políticos, judiciales y mediáticos. Todos mezclados. Sin pudor. Ya nadie puede decir con seriedad que se están respetando los roles institucionales. Importa más el ruido que el rigor, las apariencias que la verdad, las imputaciones que los hechos.

Lo que empezó como una supuesta responsabilidad de la Jefa del Estado en el amparo o la indiferencia ante mecanismos de corrupción en su partido, el Partido de los Trabajadores, ha derivado en un movimiento de rechazo a su gestión económica. No es difícil entender la razón de este giro.

LA SARTÉN Y EL CAZO

Todo el mundo admite, incluyendo sus críticos más acervos, que Rousseff pertenece a esa rara especie de políticos brasileños que no se ha beneficiado personalmente, de forma ilícita, en el desempeño de su cargo. Y, sin embargo, el proceso por corrupción lo inicia un aliado formal de Roussef, Eduardo Cunha, presidente del Congreso de los Diputados, después de iniciarse una investigación contra él por lavado de dinero y cobros ilegales de comisiones. A continuación, lo avalan, amplifican, y pueden determinar su resultado numerosos políticos con otros cargos por corrupción sólidos y, en algunos casos, contrastados. Y, finalmente, puede terminar favoreciendo al vicepresidente de la República, también incurso en delitos de desviación de fondos públicos para su beneficio personal. Resulta muy ilustrativo echar un vistazo al historial del probable sustituto de Dilma en la jefatura del Estado. Michel Temer es un político taimado y taciturno, que representa una cultura política brasileña detestable, pero en absoluto caducada, desgraciadamente. La sartén, acusando al cazo de tiznar.

CAMBIO DE ESTRATEGIA SOBRE LA MARCHA

Al flojear el argumento de la corrupción como causa sólida de destitución, los enemigos políticos de Roussef, convenientemente manejados por intereses superiores en recursos y poder, vieron otro factor potencial de destrucción de la presidenta brasileña: la gestión económica. La ventaja de este otro enfoque era evidente. La situación social se deterioró, el apoyo popular al PT se erosionó y los medios adversos, casi todos, alimentaron la frustración social y ambiental para generar y polarizar en Rousseff una dinámica de rechazo.

La coyuntura que favoreció el crecimiento y las mejoras sociales durante el mandato de Lula cambió por efecto derivado de la gran crisis financiera y económica mundial y, más recientemente, por el frenazo del crecimiento chino. Al derrumbarse la demanda internacional de materias primas agrícolas, minerales y fósiles en que se había sustentado el auge económico nacional, se puso en evidencia la fragilidad del modelo brasileño, como ha ocurrido en otros países emergentes, y en particular en América Latina.

Rousseff intentó primero mantener el rumbo a la izquierda y, cuando se vio superada por el impacto de la crisis, maniobró hacia posiciones más próximas al enfoque neoliberal, con la misma falta de resultados positivos. Finalmente, hizo lo que muchos dirigentes superados por las circunstancias: achicó agua como pudo. En su caso, reteniendo transferencias a bancos públicos para tapar temporalmente los agujeros de las cuentas del Estado. Esta práctica no era nueva, ni siquiera ilegal. Cuando, con posterioridad, se modificó la normativa, el gobierno dejó de utilizar este recurso de maquillaje financiero.

Por tanto, por discutibles que hayan sido algunas de sus decisiones, la sanción que merece, ella y/o su partido, deberían dirimirse en las próximas elecciones y no fabricando un escándalo político con aires casi circenses.

Como recuerda la profesora de economía de la Universidad de Sao Paulo, Laura Carvalho, la constitución brasileña reserva el proceso de destitución del Presidente/a para casos en que éste/a haya incurrido en responsabilidad criminal. En un sistema presidencialista como el brasileño, un cambio de mayoría en el Parlamento no puede constituir un atajo para derrotar a un rival político.

LA SOLEDAD DE DILMA

De forma que, en este proceso, se ha terminado por obliterar la causa que lo generó, al descubrirse que existían otros motivos más convenientes para alcanzar el fin deseado de antemano, es decir, la destrucción política de Rousseff, el debilitamiento del PT y, al cabo, la neutralización de la izquierda brasileña con capacidad y fuerza para gobernar.

Dicho esto, Rousseff ha cometido errores de bulto en su defensa. Nombrar a su mentor, el ex-presidente Lula, como jefe de gabinete, para blindarle de una investigación judicial basada en una dudosa acusación de enriquecimiento ilícito fue un paso en falso. Sólo puede comprenderse desde la soledad política, el debilitamiento institucional y el envilecimiento de la vida pública nacional.

Rousseff, Lula y el PT están pagando ahora un error capital: “acostarse”/aliarse con el adversario más abyecto para permanecer como opción de poder, frente a la fragmentación del panorama político brasileño. El Partido por el Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), aliado parlamentario y gubernamental del PT, no era recomendable porque fuera conservador o de derechas, sino porque su carácter declaradamente oportunista. Las rivalidades personalistas y casi pueriles en el centro-izquierda brasileño determinaron una coalición contra-natura que terminó sembrando las semillas de la desgracia.

A Rousseff no se la va a destituir porque sea corrupta. Ni siquiera porque haya sido ineficaz en el intento de capear el desastre económico. Se la va a destruir porque es débil, porque es vulnerable, porque carece de apoyos sólidos para resistir el linchamiento.

En definitiva, un proceso que se inició para combatir la corrupción va a reforzar a los corruptos. La mayor corrupción que hay en Brasil, como en otros países de América Latina, es la trama organizada de intereses económicos, financieros y mediáticos con blindaje legal, complicidad jurídica e impotencia social. Todo apunta a que ese complejo permanecerá inmune.