BALANCE POLÍTICO DE LAS ELECCIONES CATALANAS DEL 21 DE DICIEMBRE. EL RETORNO A LA CASILLA DE SALIDA

Si tuviéramos que resumir en dos frases el significado político de las elecciones catalanas del 21 de diciembre podríamos decir, en primer lugar, que “los ciudadanos de Cataluña han demostrado que no existe acuerdo ni consenso suficiente en apoyar la aventura secesionista que lanzaron Puigdemont y sus coaligados”. Y, en segundo lugar, que “en Cataluña las izquierdas retroceden, o quedan estancadas, al tiempo que el debate izquierda-derecha tiende a perder peso y visibilidad”; con todo lo que esto significa.

Las urnas han evidenciado que el pueblo de Cataluña, como el de cualquier nación moderna y desarrollada, no puede reducirse a un todo uniforme y dogmático. El pueblo de Cataluña está conformado por una pluralidad de personas con percepciones, apreciaciones y criterios políticos distintos entre sí. Solamente desde estructuras de pensamiento totalitario se puede hablar de un único pueblo, con una única voluntad y con una única voz. La realidad sociológica, como se ha visto en las urnas, es compleja y diversa.

Por lo tanto, en Cataluña en estos momentos se está muy lejos de que exista una única voluntad política muy mayoritaria favorable a una aventura independentista. Lo que significa que ahora son precisos todos los esfuerzos posibles para volver a la normalidad constitucional, al respeto a la Ley y a las coordenadas europeas, como requisito imprescindible para que la sociedad catalana pueda vivir en paz, reconociendo su pluralidad y generando confianza en sus ciudadanos y en las entidades económicas que habían emprendido una fuga apresurada del territorio catalán. Y que previsiblemente ahora continuará.

La alta participación alcanzada (82%) revela que estas elecciones han contado con las debidas garantías de legalidad y de funcionalidad democrática. Es decir, los catalanes con su voto y su masiva participación pacífica han dado un ejemplo de normalidad que ahora es preciso traducir a las esferas de gobierno.

Los datos sociológicos procedentes de las encuestas rigurosas venían demostrando que la población de Cataluña había seguido lo que podemos calificar como la curva o “la línea de la sensatez”. Después de un largo período de normalidad democrática y de asunción de los valores de la Constitución de 1978, a partir de 2011-2012 empezó a aumentar significativamente la proporción de las personas que postulaban la independencia. Población que fue aumentando hasta superar en las encuestas el 48% en torno al año 2013, en el que se entró nuevamente en retroceso (con “la línea de la sensatez”), para caer significativamente durante los últimos años hasta el 39/40% (vid. gráfico 1).

Así, en las anteriores elecciones autonómicas −que se presentaron como un plebiscito independentista− el porcentaje de voto secesionista apenas superó el 47%. Y el 21 de diciembre se ha quedado otra vez en torno al 47,5%. Una proporción sin duda importante, pero bastante lejos de los consensos que son necesarios –pero ni siquiera suficientes por sí solos− para emprender la independencia en pleno siglo XXI y en el marco de la Unión Europea. Por eso es significativo que, pese a la intensa emocionalidad despertada, esa proporción haya permanecido prácticamente estancada en las elecciones del 21 de diciembre y que el conjunto de voto no secesionista supere incluso en 150.000 papeletas al secesionista.

Ahora –después del “subidón” de la noche electoral− la cuestión está en cómo se pueden gestionar los resultados para garantizar el retorno de Cataluña no solo a la vía constitucional, sino, sobre todo, a la normalización económica y social. Lo cual exige, en primer lugar, volver al sentido de sensatez, y a la normalización de la convivencia que caracterizó los mejores momentos de Cataluña.

Esta vía va a exigir liderazgos con capacidad de integración e interlocución entre los distintos sectores que conforman la sociedad catalana, tanto desde la perspectiva izquierda-derecha, como desde la óptica independencia-integración.

En este sentido, el pobre aumento de votos que ha experimentado el PSC, con la candidatura liderada por Miquel Iceta, no solo han defraudado expectativas, sino que, en sí misma, es una mala noticia para las necesidades de interlocución y las exigencias de compromisos que permitirían a Cataluña salir del túnel de la intolerancia y del deterioro económico y social en el que algunos pugnan por meterla.

Ahora hay que dar muestras de altura de miras, de voluntad de entendimiento y de inteligencia política, más allá de los porcentajes concretos que cada uno ha obtenido en las urnas, asumiendo que lo que se necesita no es continuar confrontando, ni agudizando las “contradicciones”, como algunos pretenden, sino que en estas circunstancias hay que hacer un ejercicio inteligente y generoso de suma y de reconstrucción de la convivencia.

En este sentido, las elecciones del 21 de diciembre suponen un retorno a la casilla de salida, en unas condiciones muy similares a las que se tenía cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución. Por eso, es inevitable que algunos recuerden que las elecciones se convocaron quizás demasiado pronto, antes de que se enfriaran y sanaran las heridas y, sobre todo, antes de que la población pudiera acabar de entender –y asumir− las desastrosas consecuencias económicas y sociales que conllevaba la aventura secesionista. Y que en estos momentos es posible que empeoren aún más, si las fuerzas secesionistas no saben reaccionar con rapidez, con realismo y con sensatez. Algo que ni está asegurado, ni es fácil.

Por lo demás, las tendencias concretas de voto que se han producido el 21 de diciembre en algunos casos confirman otras tendencias de inclinación electoral que se están dando en España. Es decir, hay dos partidos de carácter nacional que se encuentran a la baja. Y aparentemente de manera muy aguda. Lo que explica el descalabro del PP y el importante descenso de Podemos y sus coaligados.

Y, por otra parte, hay dos partidos que se encuentra al alza: los socialistas –de manera bastante moderada en Cataluña en esta ocasión− y Ciudadanos, cuyos resultados en Cataluña no se sabe hasta qué punto podrán extrapolarse al conjunto de España, o tendrán causas específicas en este contexto tan particular. Contexto en el que ha sido notable el peso de la orientación final de una parte apreciable de población −sobre todo del área metropolitana de Barcelona−, que quería parar la aventura secesionista y que ha estado dudando –algunos hasta el último momento− o bien en respaldar a un partido histórico de la izquierda moderada como es el PSC, con su apuesta por la interlocución, o bien apostar por una formación más rotunda, más nueva –casi inédita−, con una candidata joven, que todavía tiene pendiente demostrar cuál es su trayectoria y capacidad política real, como es Ciudadanos.

Después del 21 de diciembre, lo que parece evidente es que el PP, y el propio Mariano Rajoy, quedan notablemente cuestionados y debilitados, también ante sus socios europeos, a los que les costará entender que el partido que gobierna España y que gestiona la “política” haya quedado reducido a la más absoluta insignificancia en Cataluña, en una forma que merma apreciablemente su capacidad para continuar siendo alternativa de gobierno a nivel general. Mientras, Ciudadanos emerge como una fuerza política alternativa que ha demostrado que puede ganar elecciones en detrimento del PP.

En definitiva, continuamos emplazados ante una complejidad que no tiene fácil salida.