ATISBOS DE ESPERANZA

Maquiavelo tiene la facultad de poder ser leído e interpretado desde perspectivas muy diferentes. Pero puede haber acuerdo en que sus análisis de los antagonismos/contradicciones, y sus previsiones de estabilidad/cambio están muy asociadas a lo que él denomina “tumultos” y a la existencia de la “corrupción”, entendida ésta como “destino último de cualquier institución o sistema”. Para Maquiavelo todos los sistemas tienen unos comienzos positivos, pero a medida que pasa el tiempo se vuelven cada vez más corruptos a menos que sean radicalmente renovados. La corrupción aparece por poner el bien individual o de facciones por encima del bien colectivo, para lo que van estableciendo normas de auto-reproducción que tratan de perpetuar o incrementar dicho beneficio parcial.

En “Discursos” Maquiavelo llega a la conclusión (capítulo XVII, pág. 159) de que “… cuando el material (sistema) no es corrupto, los tumultos y otros problemas no causan daño, pero cuando sí lo es una buena legislación no supone ninguna ayuda, a no ser que la ponga en marcha alguien en una posición tan extremadamente fuerte que pueda imponer la obediencia hasta el momento que ese material (sistema) se haya vuelto bueno”.

Cuando el fin de semana leía documentación sobre la caída del imperio romano y las transiciones en los modos de producción, la relectura de Maquiavelo no dejó de hacerme pensar en la situación de España y del Partido Popular, aunque no sólo de ellos. Poco a poco el análisis de las transiciones históricas permite ir avanzando en la idea de que son necesarias estructuras potentes y bien organizadas para garantizar un buen gobierno; pero que son las personas, su ética y su capacidad las que posibilitan que esas estructuras cumplan con su cometido de servir al bien general. Estructuras inadecuadas hacen perder muchas energías y son normalmente ineficientes. Personas inadecuadas terminan en la corrupción del sistema, en la creación de facciones y en la imposición del bien parcial sobre el bien general. Y, como concluye Maquiavelo de sus análisis históricos aplicados a la política del siglo XVI, una vez el sistema se ha corrompido, buenas leyes no lo van a cambiar; son necesarias revoluciones o reformas radicales de personas e instituciones que permitan iniciar nuevos procesos.

En relación a las Políticas de la Tierra, la última reunión del G7 muestra la importancia de las personas y de las “facciones” o intereses que defienden para la gestión de instituciones o estructuras, en este caso de gobierno mundial. El desentendimiento de Donald Trump de los compromisos de EEUU en cambio climático –aunque ahora aduce no cuestionar la evidencia científica del proceso- comercio internacional, políticas de migraciones/refugiados o defensa multilateral (OTAN), anteponiendo los intereses a corto plazo de la industria y de la clase dominante estadounidense (que identifica con el “America first”) es una muestra clara de la afirmación anterior que dificulta el avance hacia objetivos de sostenibilidad imprescindibles para no desbordar los límites de la biosfera que implican los patrones de desarrollo vigentes.

Los cambios políticos que se están produciendo a lo largo de este siglo XXI, herederos de los cambios acaecidos desde 1981 y de las consecuencias de la tercera revolución tecnológica desarrollada a partir de 1991, con la irrupción de internet y de las TIC, están generando ámbitos globales crecientes de tensión e incertidumbre. Ante el actual desarrollo creciente de lo que se considera la cuarta revolución tecnológica, afrontamos un cambio de ciclo histórico global con una fuerte crisis ecológica, una grave amenaza para la estabilidad mundial asociada al calentamiento global, y con el riesgo de la expansión de una “corrupción”, “fraccionamiento” y colapso social (en términos “maquiavelianos”), frente a los que las medidas adoptadas hasta la actualidad son manifiestamente insuficientes.

Los patrones de insostenibilidad en la producción y el consumo, junto al crecimiento demográfico, están desbordando los límites biofísicos del Planeta, con crecientes carencias estructurales ante el incremento de la demanda por el aumento demográfico y del consumo individual: de recursos energéticos y naturales, de diversos alimentos y de ciertos materiales. Además se producen crecientes alteraciones críticas de ecosistemas y ciclos vitales de la biosfera, entre los que se encuentra, pero no solo, el ciclo del carbono y sus efectos sobre el clima. Y porque ante esta situación, los avances tecno-científicos (economía circular, ecoeficiencia, energías renovables, etc.) se muestran imprescindibles pero insuficientes para paliar la creciente extralimitación ecológica en el marco de la actual organización y estructura mundial, por la resistencia de las élites económicas y políticas a cambios de lógicas que afectan a sus intereses a corto plazo. No se puede olvidar que, en particular, en la UE –y sobre todo en España- los problemas el campo energético son especialmente significativos: alta intensidad primaria (energía/PIB) de la economía; fuerte dependencia de combustibles fósiles; elevada carbonización de la economía; vulnerabilidad exterior a la oferta y coste del suministro de energía; extensión de la pobreza energética; y fuerte poder de intervención de los oligopolios energéticos en las políticas del sector.

Ante la dinámica global actual, de emisiones de gases de efecto invernadero, las medidas voluntarias presentadas por los distintos Gobiernos a la Cumbre de París (COP 21) llevarían, de cumplirse, a aumentos de temperatura de entre 2,6 y 3,7°C a mediados de siglo, lo que incrementaría muy fuertemente los riesgos físicos, biológicos y humanos y la intensidad de sus catastróficas consecuencias. El incumplimiento por parte de EEUU de sus compromisos agravaría muy considerablemente la situación, en un marco en el que la mayoría de los ecosistemas y ciclos vitales clave ya están evolucionando negativamente, con consecuencias globales -y para muchos ámbitos territoriales- catastróficas. Siendo necesario recordar, de nuevo, que en España las consecuencias del calentamiento global tienen una especial gravedad, por la existencia de amplias zonas áridas, su déficit hídrico en amplios sectores de su territorio, y por un extenso litoral, muy urbanizado, sometido al riesgo de incremento del nivel del mar y a los temporales. Lo que obligaría a afrontar con urgencia cambios socioeconómicos de envergadura, que deben ir mucho más allá –y con signo contrario- a las incomprensibles políticas del PP en materia energética y de regulación de nuestras costas, afectando necesariamente a la dimensión y organización espacial del binomio energía/ economía.

En todo caso, en el conjunto del Planeta –y también en España- en los últimos decenios las contradicciones socioeconómicas se han incrementado, ya que junto al significativo crecimiento de los grandes patrimonios personales, subsisten amplios sectores de población en situación de pobreza absoluta, han aumentado extraordinariamente las desigualdades sociales, se ha multiplicado la deuda pública y privada, y se está llevando a cabo un traspaso significativo de recursos públicos y rentas sociales hacia las grandes corporaciones financieras, multinacionales de la producción y fortunas privadas, por la vía de un entramado fiscal global que favorece la ingeniería financiera, y con la asunción pública de los rescates bancarios.

En este marco es imprescindible hacer un llamamiento a la asunción de una serie de Objetivos básicos mínimos que se sitúan en línea con lo ya planteado, en septiembre de 2015, por Naciones Unidas en su Agenda 2030 “Transformar el Mundo: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030”; por la “Hoja de Ruta Europea para una Economía descarbonizada para el 2050”; por la Encíclica “Laudato sí. Sobre el cuidado de la casa común (2015)” del Papa Francisco; por los Acuerdos de París de la 21COP de Cambio Climático, de diciembre de 2015; o por lo reiterado por muchos grupos científicos internacionales a los que nos hemos referido con frecuencia en estas páginas. Objetivos que cabría sintetizar en:

  1. Frenar y revertir la extralimitación ecológica, muy especialmente con relación a la cuestión energético-climática, y a la preservación ecológica de los sistemas naturales y los agroecosistemas, reconduciendo con urgencia las amenazas que se ciernen en los campos de la relación entre el consumo de energía, el calentamiento global y el cambio climático y sus previsibles efectos desastrosos, que podrían agudizar dramáticamente las contradicciones y la estabilidad social mundial y, particularmente, en un amplio número de regiones españolas. Por ello, las políticas públicas deben tratar de frenar y revertir el desbordamiento de los límites de biocapacidad del planeta, reduciendo y revertiendo, por sus impactos ecológicos, las actuales lógicas de acumulación de capital y de promoción de la sociedad de consumo vigentes en las principales economías mundiales, que además tienden a su generalización al conjunto de países del Planeta.
  2. El G20 debería regular la obligación del establecimiento de Planes/Estrategias –la Agenda 2030, en términos de Naciones Unidas-, y Hojas de Ruta para la correspondiente descarbonización y desmaterialización, dotadas de los instrumentos y medios adecuados para alcanzar los objetivos necesarios en los tiempos precisos. Y España. sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos proceder a la elaboración de documentos específicos correspondientes, adecuadamente coordinados y viables.
  3. Como señala el papa Francisco en su Encíclica, es urgente avanzar hacia una “revolución cultural”, donde “vivir bien” sea compatible con no rebasar los límites ecológicos, lo que, por un lado, requiere cambios fundamentales en los sistemas de producción y consumo dominantes a nivel global -que son los responsables últimos de las presiones medioambientales y climáticas; pero que, por otra parte, son imposibles sin cambios de gran calado en las instituciones, las prácticas, las tecnologías, las políticas, los estilos de vida y el pensamiento predominantes. Por ello, otro gran Objetivo para las políticas públicas de este país debería ser el de establecer nuevos principios civilizatorios a partir de, al menos, tres consideraciones fundamentales: vida digna (democrática, pacífica y con igualdad de oportunidades), justa (incluyente y de desigualdades reducidas) y segura (saludable y compatible con los límites de la biosfera).
  4. El riesgo de un empleo global decreciente -asociado a la cuarta revolución industrial y a las formas de acumulación actuales- incapaz de absorber los crecimientos de población potencialmente activa, con el consecuente incremento del paro y de la inviabilidad de acceso a puestos de trabajo con una remuneración suficiente, obliga a una nueva y urgente intervención pública que asegure una renta mínima vital a la población que puede verse en esa situación, fundamentalmente por la vía de incrementar la recuperación pública de productividad asociada a la aplicación de nuevas tecnologías y a las rentas del capital. La robotización y computarización progresiva de las actividades económicas mejoran la productividad, pero sus beneficios van fundamentalmente al capital, a la vez que se multiplica el paro y la precarización social.
  5. Otro Objetivo que ha de presidir las políticas de cambio ha de ser conseguir una sociedad mejor informada, crítica y proactiva con relación a los cambios sociales necesarios. Para que los partidos políticos y los Gobiernos decidan incorporar y avanzar hacia estos Objetivos se necesita que una gran mayoría social disponga de la información, conocimientos, concienciación y corresponsabilización en la corrección de la evolución y riesgos presentes citados; y cambiar la percepción de que el bienestar personal y social está indisolublemente vinculado a la ampliación ilimitada del consumo de bienes materiales. Pero también se necesita modificar radicalmente una situación en la que los medios de comunicación promueven las ideas, interesadas, de que no es posible ni deseable otro mundo distinto al actual; o de que la ciencia se ocupa de corregir –o corregirá siempre, sin problemas- los excesos o disfunciones de un modelo de crecimiento que se encuentra en consonancia con los intereses de las principales élites económicas y políticas, directamente vinculadas a las lógicas de acumulación de capital y de explotación ilimitada del planeta.

Se necesita una reacción urgente a la dinámica de modelo de crecimiento imperante, lo que en España implica, en primer lugar, la sustitución inmediata del Gobierno de un partido popular que ha hecho todo lo contrario a la que es necesario hacer para avanzar en el camino correcto; y, en segundo lugar, y en comunión con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la asunción de una Agenda 2030, específica para este país, consensuada y concertada por una mayoría suficiente del Parlamento español, que recoja las transformaciones radicales necesarias para avanzar en la dirección precisa, estableciendo los mecanismos de control y seguimiento que garanticen que la totalidad de las políticas de los Gobiernos correspondientes (locales, autonómicos y nacional) se coordinan y complementan en la consecución de los Objetivos mínimos antes establecidos. Cada Gobierno debería actuar en el campo de sus competencias específicas, teniendo en cuenta la variedad de ámbitos y sectores que inciden en la consecución de los Objetivos definidos, y lo debería hacer en el marco de una política de máxima concertación entre los partidos políticos, que asegurara la continuidad de las medidas necesarias, la mayor parte de ellas estructurales y de imprescindible continuidad a largo plazo. Las potencialidades (y también los riesgos) tecnológicos y la necesidad de disminuir las contradicciones que puedan acabar en catástrofes, exigen superar las pautas de la sociedad capitalista bajo nuevos principios basados en la solidaridad, en la concertación y cooperación y en el respeto a los equilibrios básicos ambientales del Planeta, que son principios que han estado siempre presentes en la izquierda española.

En España, la consecución de los Objetivos señalados, sólo viables a largo plazo, exige iniciar cuanto antes cambios en las legislaciones y regulaciones de este país que puedan servir de base a la planificación y programación de actuaciones en el conjunto del Estado español, que permitan avanzar hacia la transformación necesaria. Por la propia naturaleza de los Objetivos definidos, las medidas afectarán a una amplia gama de instrumentos de política, como los planes de cambio climático, los procedimientos regulatorios, leyes de regulación del empleo y de los salarios, establecimiento de un mínimo vital, estatutos competenciales, regulación del uso del suelo y de la construcción, regulación energética, etc., afectando específicamente a las políticas y prioridades sectoriales, regionales o locales. En importante señalar que se considera fundamental que los Gobiernos territoriales, regionales y locales dispongan de un elevado nivel de autonomía, tanto para enmarcar territorialmente las actuaciones incorporadas, como para establecer las bases que permitan promover una mayor descentralización de la acción en el largo plazo.

Como síntesis, los cambios globales que se están produciendo en el mundo pueden significar la transición hacia una sociedad desarrollada y cohesionada socioeconómicamente, si se construye en equilibrio y coexistencia con los ciclos vitales del Planeta (ambientalmente sostenible); o pueden llegar a acabar con muchos ámbitos del planeta inhabitables, y grandes tensiones globales que pueden llegar hasta a acarrear la extinción de la especie humana o de una parte muy significativa de ésta. La única esperanza democráticamente viable para poder establecer políticas coherentes, imprescindibles y urgentes en los temas considerados en este artículo, es la existencia de una izquierda progresista que incorpore al centro y a la socialdemocracia como partido de transición entre el socialismo y dicho centro político. En España, hoy por hoy, eso implica un gobierno de colaboración presidido por el PSOE que sea capaz de proponer y defender ante la Unión Europea los cambios necesarios, y de establecer en España las modificaciones Constitucionales y legislativas que permitan desarrollar la Hoja de Ruta/Agenda 2030/2050 que permitan un cambio radical en las pautas de la cultura y del modelo de desarrollo necesario para este país.

La propia Comisión Europea está defendiendo que necesitamos otro marco de gestión común europea o el euro terminará generando dificultades insalvables para la sostenibilidad económica de la eurozona. Pero también necesitamos otro modelo de desarrollo para España. No es suficiente que las previsiones coyunturales –que cambian de trimestre a trimestre- den buenas noticias sobre agregados como el PIB u otras macromagnitudes (consumo interior, formación bruta de capital fijo -aunque la inversión pública en los presupuestos de 2017 es un 33% de la de 2009- o la exportación – un 31% del PIB- en un marco de bajos precios del petróleo, del euro, o de los bajos tipos de interés, cuyo mantenimiento a medio plazo es insostenible) que siguen teniendo sus soportes básicos en el turismo, la exportación de automóviles y, de nuevo, se intenta consolidar con una nueva burbuja inmobiliaria especulativa, mientras no se tienen en cuenta ni el largo plazo ni la verdadera situación estructural de la sociedad (alta deuda, papel marginal de la inversión pública en I+D+i –ahora en un 1,22% del PIB- empobrecimiento y desigualdades sociales, reducción significativa de las dotaciones para servicios sociales, o deterioro de las condiciones de empleo que impide mínimas condiciones de seguridad en el porvenir de los jóvenes o en el de las generaciones futuras).

En el PSOE la victoria de Pedro Sánchez ha sido la de la mayoría de la militancia, pero también la de un programa “Somos socialistas” que plantea nuevos objetivos y enfoques en los normalmente muy buenos programas del PSOE en materia ambiental. No ha sido por lo tanto sólo una victoria de la militancia sobre los tradicionales cuadros y aparatos cerrados, conservadores y oligárquicos de los partidos, al estilo de lo que ha sucedido también en Gran Bretaña o Francia, sino que puede significar también una oportunidad para atraer a una juventud progresista que ha huido de las organizaciones tradicionales de centro-derecha y centro-izquierda. Oportunidad que exige, como señalábamos al principio de este artículo no sólo la definición y formación de una estructura de partido nueva y eficiente que necesariamente debe soportarse y soportar una posición doctrinal y estratégica adecuada para atraer e ilusionar a los grupos sociales progresistas que han migrado hacia la abstención o hacia un Podemos inicialmente ilusionante y progresivamente decepcionante por sus posiciones estalinistas, sino que debe garantizar que al frente del partido y de las secretarías ejecutivas del mismo se colocan a personas con capacidad, conocimientos y atractivo suficiente como para trasmitir a la sociedad no sólo políticas y posicionamientos acordes con los Objetivos antes enunciados, sino personas de ética, compromiso socio-ambiental y personal con garantías para una sociedad hastiada de una clase política que ha puesto sus intereses por delante de los generales de la sociedad, generando facciones sustentadoras de la corrupción a la que hacíamos referencia en la cita de Maquiavelo.

El PSOE ha tenido buenos responsables de materias ambientales, destacando al respecto Hugo Sanchez y Cristina Narbona, esta última catalogada entre las mejores ministras de medio ambiente en el ámbito internacional. En la segunda legislatura de Zapatero hubiera sido conveniente seguir la experiencia de Francia con la creación de una Vicepresidencia de la sostenibilidad del desarrollo, imprescindible en un país como España para corregir una dinámica socioeconómica incompatible con los intereses a largo plazo de este país. Ahora existe nuevamente la posibilidad de que el PSOE incorpore a su estructura básica esa concepción, sentando el nuevo Congreso del PSOE las bases para que la izquierda vuelva a ser una opción de poder que defienda –con garantías- los imprescindibles Objetivos en Políticas de la Tierra antes señalados, que pueden y deben inscribirse –de forma similar a lo que sucede en Portugal, Francia o Italia- en políticas progresistas y de transición de modelo de desarrollo en la que la socialdemocracia se incorpore a opciones de izquierda que incluyan otras sensibilidades en gran parte compatibles.

El PSOE no volverá a ser mayoritario en unas elecciones y será muy difícil que vuelva a ser el segundo partido más votado en este país, si no modifica radicalmente sus pautas de confrontación interna, y adecúa sus objetivos a las preocupaciones de los ciudadanos urbanos (nunca el PSOE ha tenido tan pocos apoyos entre las personas con estudios universitarios, en las clases medias o en las clases medias-altas) y a las necesidades de los jóvenes de la nueva revolución tecnológica, donde la contaminación, la salud –y por lo tanto la problemática ambiental- presenta un interés creciente. Pero es que también va a ser imposible que en el medio plazo ningún otro partido progresista tenga mayorías que permitan desplazar a la derecha del poder. O aceptamos la senda hacia el colapso social, que la corrupción del modelo actual con el gobierno de la derecha nos vaticina, u optamos decididamente por una alternativa que sólo un PSOE con el Programa y las Personas adecuadas puede pilotar.