ARTUR MAS CONDENADO

El trece de marzo de 2016 será recordado por Artur Mas, como el día en que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Una condena que también afecta entre otras, como cooperadoras necesarias del delito de desobediencia, a la ex vicepresidenta, Joana Ortega, y a la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, condenadas respectivamente a un año y nueve meses, y a un año y medio.

En septiembre de 2016 escribía en el artículo El desafío independentista acelera, que los independentistas manosean mucho el concepto de democracia. Pero, ellos saben, y lo van a ver, más pronto que tarde, que en democracia nadie está por encima de la ley. Y ese nadie, también les incluye a ellos.

Pues bien, ese día llegó y el fallo del tribunal dice negro sobre blanco “Que debemos de condenar y CONDENAMOS al acusado D. ARTUR MAS I GABARRO como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, precedentemente definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de MULTA DE DOCE (12) MESES con una cuota diaria de CIEN (100) EUROS y a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas, e INHABILITACIÓN ESPECIAL para el ejercicio de cargos públicos electivos ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado, por tiempo de DOS(2) AÑOS”

El tribunal  deja claro que “la autoría material del delito de desobediencia se le asigna desde la constatación de haber ostentado el cargo de President de la Generalitat en la fecha de los hechos, y, como tal, aparecer como convocante del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre de 2014, cuyas actuaciones preparatorias constituían inequívoca e invariablemente el objeto material de la suspensión decidida en la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de aquel mismo año”.

Pero además, señala que no hizo nada para suspenderlo. Concretamente, indica que “el acusado señor Mas omitió decisión o actividad encaminada a suspender o paralizar las actuaciones que conocía como ya emprendidas para la efectividad del proceso participativo, pudiendo hacerlo, pues exactamente igual que había anunciado la convocatoria del proceso participativo pudo también comparecer y anunciar sus suspensión por imperativo constitucional”.

Para unos, la condena será menor, ya que el fiscal pedía 10 años de inhabilitación para Artur Mas, y también le acusaba de prevaricación, hecho éste que el Tribunal no ha estimado. Para otros, será una barbaridad. Solo hay que recordar las palabras del Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Hace un año, afirmando que si hay condena judicial por el 9-N todos, entre los que se incluye, se sentirán “condenados”. Y amenazaba con que “si hay condena, habrá consecuencias”. Y ahora, bastantes más matizadas, donde ya solo habla de: “¡Qué error! ¡Qué diferencia con las democracias consolidadas y saludables!”

Se esté más próximo a unos o a otros, lo que es evidente es que la democracia española está consolidada y en ella todos tienen que respetar el imperio de la ley. Y todos son todos. Como estima el tribunal, Mas “pervirtió los valores democráticos de división y equilibrio de poderes…..hizo quebrar una regla básica e imprescindible para una convivencia pacífica, la que pasa indefectiblemente por la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales”.

Frente a tanta mentira, que hemos tenido que soportar y soportamos, la sentencia también especifica que la causa del 9-N no versa sobre la convocatoria de un referéndum “ni tampoco sobre la colocación de urnas, como interesadamente se ha querido hacer ver…Se juzga la desobediencia de una orden del Tribunal Constitucional”.

Y tras la sentencia ¿qué? Primero, es evidente que algunos querrán convertir en mártir a Mas, aunque no con muchas ganas tras el tsunami de corrupción que asola a la antigua Convergencia. En segundo lugar, lo que parece un hecho es que como la condena es de aplicación inmediata en lo relativo a la posibilidad de presentarse a las elecciones, según el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, Artur Mas ve frustrado su deseo de volver a ser candidato por PDeCat, lo que divide todavía más a esta formación política. Algo que beneficia las posibilidades electorales de ERC.

En tercer lugar, será aprovechado por los independentistas para dar un paso más hacia el precipicio. Y en cuarto lugar, en este punto, hay que repetir una y otra vez lo obvio. Una respuesta clara por parte de todas las fuerzas políticas que creen en nuestra democracia. Al mismo tiempo, que se aborda una reforma Constitucional que es determinante para garantizar la prosperidad y el bienestar de todos los españoles durante las próximas décadas.

Es lo que eligieron. Es lo que toca.