AL FIN SE ATISBA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

La nueva Ministra de Administraciones Públicas se refirió el pasado 16 de junio a la reforma de la Constitución y esa referencia merece glosarse, acostumbrados como estamos a la rotunda negativa de los miembros del Gobierno popular. Es un hecho muy positivo y aunque en el futuro, si el Gobierno se plantea dar pasos hacia la reforma constitucional, tendrá que liderar esa iniciativa la propia Presidencia del Gobierno y no un Ministerio sectorial, las palabras de la Ministra Batet son un acierto, una bocanada de aire fresco, porque refuerzan, por vez primera, la idea de que la Constitución no es el cuerpo incorrupto que no se deba tocar (sobre esto, Javier García Fernández: “Mejorar el modelo constitucional”, El País, 19 de marzo de 2018). Por eso en este artículo vamos a referirnos al momento, al contenido y al procedimiento de la posible reforma.

El momento de la reforma. Aunque pueda parecer un exceso de optimismo, creo que ahora, a mediados de 2018, estamos en un momento óptimo para empezar a trabajar en la reforma constitucional. ¿Por qué óptimo? Porque el horizonte del nuevo Gobierno es de dos años, hasta junio de 2020 y en ese periodo es posible llegar a acuerdos políticos para la reforma. Es más, por vez primera es posible una reforma agravada prevista en el artículo 168 de la Constitución que siempre se teme por el “castigo” que conlleva de disolución de las Cámaras que voten la reforma. Ahora se hace posible porque si hubiera acuerdos políticos se podría dejar preparada la votación de la reforma constitucional para el último Pleno de cada Cámara, según las previsiones que haga el Presidente del Gobierno.

Incluso añadiría que si se prefiriera una reforma no agravada, es decir la que no abarca los Títulos Preliminar, Primero y Segundo, sería aconsejable mantener ese calendario para retrasar a la siguiente legislatura un eventual referéndum que puede solicitar la décima parte de los Diputados y de los Senadores.

El contenido de la reforma. He escrito con frecuencia (entre otras, Javier García Fernández: “La función política de las reformas constitucionales”, Temas para el Debate, núm. 281, abril 2018, págs. 17, 18 y 20) que una reforma de la actual Constitución de 1978 ha de basarse en varias condiciones, de las cuáles las dos principales son el acuerdo de los partidos constitucionalistas y la identificación de aquello en lo que hay ceder para negociar. De la primera condición se hablará en el siguiente epígrafe pero ahora conviene recordar que la Constitución contiene grandes aciertos y que esos grandes aciertos deben salvaguardarse: casi todo el Título II (la Corona), casi todo el Título III (las Cortes Generales) salvo el Senado, los Títulos IV y V (el Gobierno y las relaciones Cortes-Gobierno). A mi juicio, el contenido de la posible reforma debe centrarse en algunos de los derechos de la nueva generación (seguridad social, salud, vivienda, jóvenes y personas de edad, dependencia) que deben configurarse como derechos fundamentales más una reordenación completa del régimen autonómico. Para ello la Comisión no permanente para la Evaluación y la Modernización del Estado autonómico, constituida en el Congreso de los Diputados, desempeña un papel fundamental pero hacen falta otros foros donde se analice los nuevos derechos fundamentales, Además hay que rescatar las materias que se propuso el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2004-2006, la reforma del Senado (conectada al modelo autonómico), las referencias a la Unión Europea, la constitucionalización del mapa autonómico y la supresión de la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona.

¿Y Cataluña? Es claro que hay que hacer una reforma constitucional que. permita a las fuerzas no independentistas fortalecerse en Cataluña (y detener a los más activos y conspicuos defensores de la independencia) pero la reforma del modelo autonómico afecta a toda España y cualquier gran cambio que se apruebe en Cataluña será reivindicado en poco tiempo por las restantes Comunidades Autónomas. Por cierto que El País del 12 de junio informa sobre un manifiesto que está circulando con el título Renovar el pacto constitucional que puede provocar más confusión que  claridad porque se refiere a un pacto entre el Estado y las regiones periféricas, como si volviéramos al pacto de los siglos XVI y XVII de la Corona con los diversos Reinos y territorios. Una visión arcádica que ignora cómo ha evolucionado España desde la Ilustración y el liberalismo. Ya es significativo que un manifiesto que se refiere a la reforma constitucional haya sido firmado por un único profesor de Derecho constitucional, ya jubilado.

El procedimiento de la reforma. Hay que rehuir la politización de la reforma y también crear expectativas en la opinión pública. Pero el Gobierno no debe perder el protagonismo, como hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero que delegó en el Consejo de Estado algo que es propio del Consejo de Ministros. Hay que hacer un trabajo callado con los partidos políticos nacionales y cuando se haya llegado a acuerdos, dialogar con los nacionalismos de todo tipo. Pero no creemos expectativas en la opinión pública porque es un trabajo de dos años. Finalmente, sería bueno que el Gobierno transmitiera a la opinión pública que la reforma constitucional es necesaria, lícita y útil, para acabar con el mensaje quietista de Mariano Rajoy.