AGUA Y TERRITORIO. UTOPÍAS Y REALIDADES 2011-2019

En febrero de 2011 inauguraba esta sección de Políticas de la tierra con un artículo del mismo título al que hoy añado la referencia temporal 2011-2019 y la plasmación de la evolución de una etapa básicamente gobernada por el partido popular hasta la moción de censura del año pasado; y el comienzo de una etapa de reflexión, iniciada por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), dirigida a la realización de una Libro Verde del Agua, y la definición de la transición hídrica que se recoge como parte de las 370 medidas propuestas hoy mismo para un nuevo Gobierno progresista, que esperemos pueda consolidarse en este mes.

En efecto, en el grupo de propuestas 3.2 para la Transición Ecológica de la Economía, la medida 267 específicamente se refiere a la Política del agua, señalando concretamente que “para anticipar efectos del cambio climático, aumentaremos la seguridad hídrica de todas las cuencas, mediante un uso eficiente de las tecnologías disponibles para controlar el consumo y la calidad del agua, gestionar adecuadamente los acuíferos e incrementar los recursos disponibles, con menor dependencia de la evolución de las precipitaciones. Para ello, se buscará un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, que permita alcanzar un Pacto Nacional del Agua.”

Medida que se complementa con las medidas:

186. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos como la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad, en virtud de la Directiva 2009/72/CE y 2009/73/CE.

246. Plantearemos al resto de fuerzas políticas el refuerzo del derecho al medio ambiente contemplado en el artículo 45 de la Constitución, incorporando la consideración de los “límites planetarios” como garantía de un progreso duradero y justo, y definiendo el acceso al agua potable y a la energía como servicios de interés general. Asimismo, promoveremos para su aprobación por el Congreso, una declaración de emergencia climática en nuestro país.

272. Incentivaremos la producción sostenible en el sector agroalimentario, en el contexto del Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC). El Gobierno promoverá la reducción del uso de sustancias químicas en la agricultura, así como un mayor control público sobre el consumo del agua.

277. Crearemos un Consejo para la Seguridad Ambiental, con la participación de los ministerios responsables de energía y clima, agua y biodiversidad, de agricultura, pesca, alimentación, política forestal y lucha contra los incendios forestales, protección civil, sanidad, ciencia e innovación, así como a los responsables autonómicos de estas materias, y a expertos y ONGs ambientales.

La relevancia de estas medidas hay que situarlas en el marco de que el acceso al agua sigue siendo uno de los problemas más significativos para España y para la humanidad; y que este problema no ha dejado de aumentar su gravedad a lo largo del período considerado, en gran parte como consecuencia de los efectos cada vez más constatables científicamente del calentamiento global y sus efectos sobre el cambio climático. Calentamiento global y efectos asociados que ponen en valor la medida 277 de creación de un Consejo para la Seguridad Ambiental ya que la última década nos ha mostrado que el incremento de los problemas sobre este el recurso hídrico y sobre los dominios públicos asociados a las aguas continentales, costeras y de transición (dominios públicos hidráulicos y marítimo terrestre y patrimonios naturales y biodiversidad asociados, donde el deterioro en el ciclo del agua es una de las causas de la gran sexta extinción de especies en que nos encontramos). Lo que nos lleva a una propuesta de modificación de esta medida para incorporar en la misma a los responsables de las costas (sobre la que muy correctamente se recoge la necesidad de modificar su ley: medida 270), que son uno de los ámbitos más afectados de forma contrastable por la incidencia del calentamiento global sobre el incremento del nivel del mar y sobre los efectos desastrosos de los temporales.

En este marco, podemos estimar que las medidas señaladas no presentan mayores problemas de aceptación social salvo la posibilidad de llegar a un Pacto Nacional del Agua compatible con lo que de forma genérica se define como desarrollo ambientalmente sostenible. Y ello porque las contradicciones históricas en este sector no han dejado de incrementarse, y el cambio climático las está aumentando en mayor medida, sectorial y territorialmente, con sus correspondientes reflejos en las ideologías/políticas defensoras de esos intereses crecientemente afectados.

En España, tras la modificación de la Ley de Aguas de 2005 y sus posteriores adaptaciones y desarrollos, es claro que las prioridades a considerar como de interés general del estado, son la ambiental (asegurar los regímenes de caudales ecológicos y la calidad de las masas de aguas), garantizar el abastecimiento de agua potable a la población, y aportar los necesarios recursos como inputs productivos de los sectores agrícolas, industriales y de servicios, todo ello con el cálculo de sus correspondientes costes y forma de recuperación o subvención.

El abastecimiento de agua potable puede considerarse garantizado, salvo casos puntuales, incluso en el estío de las periódicas épocas de sequía normales, tras la terminación de las desalinizadoras contempladas en el Programa A.G.U.A., puesto en marcha en el año 2004, y el desarrollo de los Planes Especiales de Sequía que se han ido aprobando y actualizando desde 2007, que en unión de las sucesivas aprobaciones de la Planificación de las Demarcaciones Hidrológicas, cuya actualiación se encuentra en su tercer proceso, deben y pueden garantizar abastecimiento, caudal ecológico y calidad de las masas de aguas, a largo plazo.

No obstante, España tiene problemas de escasez de agua para atender a la demanda total existente en sus periódicas épocas de sequía, que se van a ver aumentados por el incremento de la población y de una demanda económica fuertemente subvencionada, por la creciente contaminación del agua y por las previsiones ligadas al cambio climático (aumento del nivel del mar que salinizará los acuíferos costeros; cambios en las precipitaciones que provocarán una reducción y variación en la disponibilidad del agua, sequías e inundaciones; aumento de la evapotranspiración que disminuirá los recursos hídricos y el nivel freático; etc.). Además, no se puede olvidar que existe una utilización histórica de los recursos hídricos, una dinámica de captación irregular o ilegal de los mismos, y un proceso de asignación de las aguas reguladas por parte de los órganos de gestión, que ha llevado a que en algunas cuencas sea imposible la asignación de nuevos recursos hídricos, ya que se han superado con creces, las disponibilidades del “año hidráulico medio” en las mismas. El resultado es que, sobre todo en años de disponibilidades inferiores al señalado “año medio”, se producen situaciones de sobreexplotación de acuíferos, y se multiplican los conflictos y las actuaciones irregulares o ilegales de captación de agua.

Conflictos que son, principalmente, la lucha por la disponibilidad de un recurso que la ley ha hecho público y que la administración provee a tarifas muy inferiores a su coste real de producción; es decir, conflictos que aparecen por la competencia para obtener subvenciones, sin las que ciertas actividades -agrícolas, del sector servicios o industriales- no tendrían viabilidad económica o tendrían unos costes de producción muy superiores.

Coste real total de producción, incluyendo componentes internos y externos, imprescindibles en un recurso cuyo valor ambiental, para la vida y la salud, es insustituible, que habría que calcular, como primer paso, con la metodología científica correspondiente y, en segundo lugar, decidir cómo se paga, a quién se subvenciona, en cuanto y porqué. Las tarifas del agua, como las del gasóleo u otros muchos inputs, pueden estar subvencionadas, pero esa subvención debe ser pública y transparente.

La alternativa de la desalación -con cobro de sus costes y con energía renovable como fuente básica de abastecimiento costero- la limitación de nuevos regadíos a actuaciones sostenibles a largo plazo incorporando la totalidad de costes, y el cobro del coste de oportunidad a las empresas energéticas por la retención, contaminación térmica o consumo del agua, son aspectos básicos para la racionalidad en el uso del recurso hídrico que, lamentablemente, no es previsible que se apliquen a medio plazo.

La próxima e inevitable sequía dará otro empujoncito en esta dirección, pero seguimos aprendiendo y cambiando a costosos golpes y crisis, y no por la vía de la prevención y adaptación, que es mucho menos costosa y racional. El resultado es que las situaciones de conflicto van a perdurar, y previsiblemente van a agravarse en los próximos años, incidiendo sobre territorios que realmente son muy sensibles a las disponibilidades hídricas y en los que el equilibrio tendencial es difícilmente viable (sobre todo, en el delta del Ebro en Cataluña, en los regadíos del Júcar y del Vinalopó; en la cuenca del Segura, Doñana, Alto Guadiana y cuenca alta del Tajo, por citar sólo los espacios más críticos).

En las cuencas hidrográficas que afectan a espacios en conflicto, se está muy lejos de la agricultura, energía, medio ambiente, el urbanismo y la ordenación del territorio hagan planes integrados, donde el agua (escaso y clave para adecuar desarrollo rural y sostenibilidad ambiental) tenga el papel que le corresponde, ya que lo normal es la defensa de los intereses sectoriales y profesionales por encima de los intereses generales. Varias comunidades autónomas han convertido el problema del agua en elemento de lucha política. Pero, satisfecho el caudal ecológico y garantizado el abastecimiento a la población, la «disponibilidad de agua» no puede considerarse como un problema de «solidaridad», sino como vía de acceso a subvenciones sobre un recurso económico público, con un alto «coste de oportunidad» en términos de eficiencia económica.

La previsible continuación de la dinámica de reducción de recursos hídricos y la existencia de agua en concesión por encima de los recursos disponibles en algunos territorios, obliga a que, necesariamente, las Comunidades Autónomas y la Planificación hidráulica deban plantearse restricciones de futuro claras, y establecer mecanismos de reasignación de recursos, siendo evidente que los escenarios de futuro no pueden asociarse exclusivamente a la tradicional realización de nuevas infraestructuras.

La idea dominante de que la gran obra pública es siempre la solución, porque ésta es la idea que año tras año trasmiten los interesados y beneficiados por las mismas, ya no es una solución más que marginalmente viable pese a que ésta sigue presente en una clase política no bien informada o que no le interesa estar bien informada, porque se beneficia de la “inercia” del proceso. Un conocimiento adecuado de los costes que implica cada “gran obra”, de los beneficios que genera y de quién recibe estos beneficios, así como de cuanto le cuesta al ciudadano (por lo que paga y por lo que se deja de hacer con los recursos que se invierten en las mismas) seguramente cambiaría la opinión pública y disminuiría el peso de las presiones de los lobbies históricamente beneficiados por este tipo de actuaciones, si los políticos constatan que el apoyo de los votantes contrarresta y compensa la posición de dichos lobbies.

Por lo tanto, otro gran reto en la política del agua es lograr que los conocimientos, ciencia y tecnología actuales, que pueden resolver la mayoría de los problemas existentes, ayuden a conseguir una reacción social que posibilite el cambio de modelo, desde una sociedad de consumo individualista, cortoplacista hacia una sociedad informada, participativa y solidaria, que priorice el largo plazo y los intereses generales, con un cambio social consciente, corresponsable y mayoritario.

La mayoría de los problemas del agua se pueden solucionar a medio y largo plazo. El creciente conocimiento de nuestros ecosistemas y el establecimiento de planes de protección y gestión de los mismos y de las riberas de ríos y plataformas costeras, así como la ingeniería hidráulica y la desalación, han demostrado que es posible mantener nuestros ecosistemas y disponer de agua potable de calidad en cualquier parte del país; y que el saneamiento y depuración de las aguas residuales, así como su reutilización en condiciones adecuadas, son factibles. Los verdaderos problemas están en la elaboración, aprobación y cumplimiento de una adecuada planificación y gestión del territorio, en la que el patrimonio natural y el recurso hídrico se adecúen a los objetivos señalados; en una definición de prioridades en los objetivos a gestionar y en las inversiones a realizar; y en una adecuada asignación de los costes que estos procesos incorporan, todo ello bajo los principios fundamentales de la Unión Europea de “prevenir, mejor que curar”, “quien contamina, paga”, e “internalizar los costes externos para que el mercado asigne eficientemente los recursos”.