AGENDA SOCIAL, FISCALIDAD Y DEBATE TERRITORIAL

AGENDA SOCIAL, FISCALIDAD Y DEBATE TERRITORIAL

Después del triunfo del PSOE en las recientes elecciones del 28-A- que permitirá a Pedro Sánchez formar gobierno-, los sindicatos han celebrado, como todos los años, un 1º de mayo claramente reivindicativo. Días antes habían conmemorado también el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Un Futuro del Trabajo Seguro y Saludable: Mejorar el Conocimiento sobre la Enfermedad Profesional).

Como se sabe, desde 1890, los sindicatos han venido recordando a los “mártires de Chicago”, de acuerdo con la resolución aprobada en el Congreso Internacional Obrero celebrado el año anterior en París (1889), en el que participaron Pablo Iglesias y José Mesa como delegados españoles. Años antes, el 1º de mayo de 1886, había estallado en EE.UU la huelga por la jornada de ocho horas (ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de ocio). Más de 5.000 fábricas pararon y 340.000 obreros salieron a la calle para defender sus reivindicaciones y luchar en contra de unas condiciones verdaderamente inhumanas (era frecuente el trabajo de niños y mujeres y las jornadas interminables de 12 a 14 horas) y donde la miseria, la explotación y la represión eran un lugar común entre las clases obreras. En Chicago, en la Plaza Haymarket, el 4 de mayo de ese mismo año, se masacró a los manifestantes que protestaban por esta situación (38 obreros muertos, 115 heridos y 6 policías muertos) y 4 de sus dirigentes fueron ahorcados un año después: “Los colgaremos igualmente. Son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios” (Historia del 1º de mayo. Maurice Dommanget). Lo más escandaloso de todo el proceso es que fueron declarados más tarde “víctimas inocentes de un error judicial” en un nuevo juicio celebrado en 1893.

Por lo tanto, no es extraño que el 1º de mayo causara horror a la burguesía, no tanto por el número de los participantes, sino porque aquellas banderas rojas, aquellos líderes obreros, aquellas masas, rompían el retablo, la organización del Estado, la forma de estar en el escenario político (Luis Gómez Llorente). En definitiva, el 1º de mayo representaba la movilización de una clase social contra la burguesía (la lucha de clases), que se concretaba en el eslogan: “Es necesaria otra política”. La lucha por las ocho horas duró décadas y el 1º de mayo terminó siendo olvidado en muchos países, ocultado deliberadamente y desprovisto de todo contenido social hasta el punto de transformar dicha fecha en un simple día festivo. Por eso, solamente teniendo presente lo que ocurrió en aquellas fechas adquiere una total significación el 1º de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. 

En esta ocasión, los sindicatos han reivindicado una vez más el “giro social de la política económica” y han concretado sus exigencias en un Manifiesto que, a grandes rasgos, contempla un Plan de Choque por el  Empleo, el cambio de nuestro modelo productivo (impulso a la política industrial), superar la precariedad del mercado de trabajo, aumentar los salarios, recuperar la calidad y la financiación de los servicios públicos, asegurar el sistema público de protección social (pensiones, desempleo y dependencia), acometer una reforma fiscal en profundidad y derogar las reformas laborales llevadas a cabo desde el año 2.010.

Las reformas laborales (sobre todo la última del PP) no han creado empleo y, en cambio, han generado una fuerte precariedad, devaluado los salarios, penalizada la negociación colectiva e, incluso, golpeado fuertemente a los propios sindicatos, lo que ha generado un profundo malestar social y un aumento intolerable de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Además de incidir muy negativamente en la siniestralidad laboral que alcanza cifras intolerables: según UGT, cada día en España 3.652 personas sufren un accidente laboral y dos trabajadores fallecen. En cómputo anual, las cifras resultan intolerables: en el año 2.018 se produjeron un total de 1.333.002 accidentes de trabajo, de los cuales 652 fueron mortales.

Por eso resulta inadmisible que se haya manifestado- en la pasada campaña electoral-, que la derogación de las reformas laborales debe ser el producto resultante de un acuerdo entre los sindicatos y la CEOE-CEPYME, cuando todo el mundo sabe que se aplicaron de manera unilateral por el gobierno del PP (con una brutal dureza) e, incluso, en menor medida, del PSOE, con el rechazo unánime de todos los sindicatos; al margen de que la CEOE- CEPYME nunca aceptará renunciar a sus privilegios de manera voluntaria. Por lo tanto, para volver al diálogo social y a la negociación colectiva real hay que recuperar la relación de fuerzas entre los interlocutores sociales. Y ello exige recuperar la ultra actividad de los convenios, la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo, así como el control de la contratación y de la jornada de trabajo. En coherencia con ello, los sindicatos recuerdan que, en estos momentos, no caben excusas ni aplazamientos: la actual relación de fuerzas permite derogar las reformas laborales si existe una verdadera voluntad política. En todo caso, una vez derogadas las reformas laborales- y con una mejor relación de fuerzas-, los sindicatos ya han mostrado su disposición a comenzar a negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Por otra parte, se  deben superar las incertidumbres en torno a la protección social: sobre todo en pensiones (derogar la última reforma del PP), además del desempleo, renta mínima de inserción y dependencia. Para ello resulta imprescindible abordar en paralelo la reforma de la política fiscal, encaminada a luchar contra el fraude fiscal y a conseguir mayores ingresos: un mínimo en el impuesto de sociedades; impuestos a las transferencias financieras y a las empresas tecnológicas; recuperar patrimonio y sucesiones; impuestos a las rentas más altas; a los que más contaminan… El propósito  es alcanzar la mayor justicia fiscal (art 31 CE) y situar a España en la media de los países de la UE en ingresos fiscales (España recaudaría unos 80.000 millones de euros más), para garantizar la equidad fiscal y mantener el Estado de Bienestar Social.

Estas medidas conforman una importante Agenda Social que debe ser referencia obligada para un gobierno progresista. En todo caso, la relación de fuerzas resultante del 28-A obligará a Pedro Sánchez a buscar un acuerdo programático para toda la legislatura con Unidas Podemos; sobre todo después de la aberrante actitud de Ciudadanos, cautivo de una campaña endemoniada encaminada a conquistar la supremacía en el bloque de la derecha. En el desarrollo de las tareas de gobierno, el PSOE contará también con el apoyo de los sindicatos, sin que esto signifique que éstos renuncien a su autonomía y a la unidad de acción sindical en defensa de los trabajadores y de sus justas reivindicaciones.

Al margen de la Agenda Social, que tiene la pretensión de superar los destrozos causados por la gestión neoliberal de la pasada crisis económica y de recuperar los derechos perdidos, el nuevo gobierno debe seguir abordando el problema territorial y la insuficiente financiación autonómica (no sólo de Catalunya). En este sentido, el diálogo y la búsqueda de soluciones dentro del marco constitucional- en la perspectiva de un Estado Federal- debe presidir la actuación del gobierno. En Catalunya, sobre todo después de los resultados obtenidos, los esfuerzos deben estar encaminados a superar los problemas que están poniendo en riesgo la propia convivencia entre los catalanes, lo que obligará al gobierno a contar con otras  opiniones- y si es posible con apoyos, incluso de la derecha más moderada-, en las previsibles conversaciones con los partidos nacionalistas e independentistas que, no lo olvidemos, han consolidado su voto y confirmado el arraigo que tienen en  la España diversa y plural.

En segundo lugar, el nuevo gobierno debe consolidar una política respetuosa con la igualdad de género y, sobre todo, luchar contra la violencia de género y la brecha salarial. Además de atender, en lo posible, las reivindicaciones de los colectivos feministas y de financiar con suficiencia las políticas encaminadas a consolidar a España como uno de los países más avanzados en esta materia.

En tercer lugar, Pedro Sánchez debe redoblar su decidida apuesta contra el cambio climático y la lucha contra la contaminación.  No debe extrañar que las alternativas conocidas en esta materia y la continuidad de Teresa Ribera en el gobierno sean una señal positiva para muchas personas. No debemos olvidar que estas medidas concitan consenso e ilusión (sobre todo en los jóvenes) en el camino emprendido hacia una política energética y medio ambiental basada en las energías limpias y sostenibles.

En cuarto lugar, la regeneración democrática debe ser un asunto capital en la actuación del gobierno. En este capítulo, el respeto a las libertades individuales; la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la mala gestión; la igualdad de oportunidades; la educación tolerante y en valores de los jóvenes; y, finalmente, el potenciar el concepto de servicio público son asuntos relevantes en el afán compartido  por hacer de España un país moderno, progresista, solidario y respetado en el mundo.

En definitiva, el nuevo gobierno no puede defraudar las expectativas generadas: “Pedro no nos falles”. Por eso debe hacer frente a presiones de todo tipo y ser valiente a la hora de defender las ideas socialdemócratas, como contrapeso a una economía de mercado depredadora, especulativa y sin visión de Estado que, además, se expresa en términos políticos de manera crispada, agresiva y al margen de la realidad social. En este sentido, los ciudadanos deben reforzar las opciones ganadoras (en las pasadas elecciones) en los ayuntamientos, CCAA y sobre todo en la UE. Sin olvidar el seguir movilizándose (sindicatos y  colectivos emergentes) en defensa de las reivindicaciones que les incumben (“nadie regala nada”), lo que ayudará a vertebrar la democracia y avanzar hacia una sociedad que tenga como prioridad a las Personas; sobre todo a las más vulnerables y necesitadas.