ACUERDO PUIGDEMONT–ROVIRA: HAY 155 PARA RATO

El acuerdo que Puigdemont y Rovira han pactado la noche del 9 al 10 de enero en Bruselas, si se cumple en todas sus previsiones, conduce a Cataluña a una situación duradera de crisis sin posibilidad de detener la aplicación de las medidas dictadas al amparo del artículo 154 de la Constitución pues la Comunidad Autónoma va a seguir mucho tiempo sin Gobierno y, se presume, con una mayoría parlamentaria en franca rebelión.

Según ha informado la Cadena SER el 10 de enero, Puigdemont y Rovira han pactado la investidura del primero. Como no parece que el ex–Presidente vaya a acudir al Parlamento, el debate de investidura se realizaría, bien a distancia desde Bruselas, bien hablando en nombre del candidato otro Diputado. Como veremos a continuación y anunciamos la semana pasada (Javier García Fernández: “La elección telemática del Presidente de la Generalidad. Régimen jurídico y consecuencias políticas”, Sistema Digital, 5 de enero de 2018), esta elección, por ilegal, abre un panorama de vacío institucional que es sólo reflejo de un gran vacío político.

¿En qué medida el acuerdo refleja realmente la posición política de Esquerra y hasta de Junqueras? La Secretaria General de Esquerra fue una de las responsables de que Puigdemont no convocara elecciones cuando ya se había comprometido. Cierto que Junqueras no impidió la presión de Rovira, ni tampoco la de Rufián pero es claro que, además del ex–Presidente, si hay una persona responsable de la desmañada declaración de independencia es Rovira. Luego, no es descartable que Rovira haya actuado por su cuenta, aunque será difícil que Junqueras la desautorice.

La consecuencia del acuerdo, probablemente, seguirá la siguiente secuencia:

  • Elección de una Mesa del Parlamento con mayoría independentista;
  • Opción A: la Mesa lleva al Pleno la reforma del Reglamento para prever la intervención telemática o por delegación del candidato a la investidura de Presidente de la Generalidad;
  • Opción B: no se reforma el Reglamento, pero de todas formas se convoca la sesión de investidura y Puigdemont habla a través de una pantalla o por medio de un delegado;
  • Los Diputados de los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y de los populares del Grupo Mixto abandonan el Pleno o no asisten. Los Diputados de los Comunes votarán en contra o se abstendrán, pero participarán en la votación para dar legitimidad a la nueva maniobra secesionista. Aún no conocemos qué posición adoptarán los Diputados del PSC;
  • La elección del Presidente de la Generalidad será impugnada por el Gobierno al amparo del Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que conlleva la suspensión del acto parlamentario, que no llegará al Rey para que lo expida como Real Decreto.

Suspendida la elección del Presidente de la Generalidad, Puigdemont puede hacer dos cosas:

  • Volver a España para ser probablemente encarcelado por el Tribunal Supremo como lo están ya sus cómplices. Le daría más ganancias políticas, pero no parece que tenga la vocación martirológica de Junqueras;
  • Quedarse en Bruselas como Presidente legítimo en el exilio, modelo Irla y Tarradellas, lo que, con el tiempo, acabará distanciándolo de los independentistas.

Los efectos de esta elección falsa son muy claros. En términos jurídicos, no va a haber Gobierno catalán salido de las elecciones, lo que comporta seguir con la Administración intervenida en aplicación de lo autorizado por el Senado.

En términos políticos, las consecuencias son muy graves:

  • El independentismo no corta la ofensiva y va a seguir actuando al margen de la legalidad con todos los medios que posee;
  • La tensión política será mucho más elevada, porque la lucha secesionista se hará desde el nuevo Parlamento. Esa presión desde un Parlamento es difícil de aguantar:
  • Previsiblemente, los independentistas sacarán a sus masas a la calle y lo que vimos el día 20 de septiembre será sólo el aperitivo de la nueva presión callejera.

Esta situación exigirá probablemente un pacto político Gobierno – Partido Popular – PSOE – Ciudadanos sobre cómo gestionar Cataluña sin límite de tiempo. Habrá que rectificar el contenido de lo autorizado por el Senado incluyendo, necesariamente, el control de los medios de comunicación (que los juristas de Moncloa diseñen salidas constitucionales, que las hay) y el PSC tendrá que decidir, definitivamente, en qué lado se quiere situar.

Es posible que, como se ve con las dimisiones de Mas y de Mundó, surja en el independentismo un movimiento transversal que pretenda volver, tácticamente, a la vía constitucional. Es posible, pero me temo que tardará algún tiempo en controlar al secesionismo de ruptura que ahora, de la mano de Puigdemont y de Rovira, sólo quiere despeñarse.