862 MUJERES ASESINADAS DESDE 2003

862 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003. Esta cruenta realidad, obliga a España a recobrar la senda de la lucha efectiva contra la violencia de género, después de cinco años donde la equidad de género ha retrocedido. Como sociedad debemos esforzarnos para que cientos de miles de personas recuperen la esperanza. La violencia contra las mujeres, que puede calificarse como una forma de terrorismo, es una muestra brutal de desigualdad que es inaceptable para cualquier sociedad que proclama el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Hay que acabar de manera definitiva, y con todos los medios, con este terrorismo constante en la vida de millones de mujeres en todo el mundo. No vale la indiferencia hacia el maltrato, no vale permanecer impasible.

En este sentido, como es un problema de primera magnitud, que afecta a toda la sociedad, es preciso que una de las primeras decisiones del Parlamento, una vez elegido el gobierno, sea la aprobación de un Pacto de Estado contra la violencia contra las mujeres que implique a todas las Administraciones Públicas y a la sociedad en su conjunto para ofrecer a las mujeres y sus hijos un plan personal, social y laboral.

Hay que corregir el rumbo. Hay que cambiar las políticas y las actitudes del anterior gobierno, que han llevado a que España sea primero suspendida por la ONU en materia de igualdad de género; y después, instada a cumplir sus compromisos internacionales en esta materia ante los graves retrocesos producidos en los últimos años.

Basta un ejemplo, desde 2010, se ha producido un descenso del 26 por ciento en las partidas destinadas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado. Mientras que la partida específica destinada a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las Comunidades Autónomas se ha reducido un 50 por ciento, según Amnistía Internacional.

España ratificó, y ya está en funcionamiento, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. Pues bien, es preciso ser congruentes con éste Convenio que señala la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación. Pero, además considera a los Estados responsables si no actúan de manera adecuada.

En España, en estos momentos, nos encontramos con muerte, miedo y un sufrimiento insoportable, que no son capaces de reflejar unos datos, que de por sí estremecen:

  • 862 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003.
  • En el segundo trimestre del año 2016, se han presentado un total de 36.319 denuncias sobre violencia sobre la mujer en los juzgados, según el informe del CGPJ.
  • El 63,6 por ciento del total de mujeres que sufren o han sufrido violencia de género afirma que sus hijos presenciaron alguna de las situaciones de violencia, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad.
  • Las órdenes de protección han ido disminuyendo desde las 41.081 de 2009 a las 36.292 del año 2015.
  • El número de llamadas al 016 ha llegado en el año 2015 a las 81.992 llamadas. Y en 2016 van 65.787.
  • El sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género ha pasado de 64.068 casos en 2013, con 16.017 con protección policial, a 52.818 casos en 2016, con 19.366 casos con protección policial.
  • El número de dispositivos electrónicos de seguimiento activos es de 847 en la actualidad. Aunque el total de dispositivos instalados ha sido de 3.989 y de desinstalados de 3.142.
  • El número de ayudas para cambio de residencia en 2015 fue de 3.632 y en 2016 el número, hasta el momento, es de 2.707 ayudas.
  • El número de ayudas concedidas en relación al artículo 27 de la ley integral 2006, destinadas a prestar apoyo económico a las mujeres víctimas de violencia de género con escasos recursos y especiales dificultades para obtener un empleo, y con la finalidad de garantizar sus derechos económicos y facilitar su integración social, han pasado de 663 en 2015 a 149 en lo que llevamos de 2016.
  • El número de contratos bonificados fue de 836 en 2015 y 631 en lo que llevamos de 2016.
  • El número de contratos de sustitución fue de 171 en 2015, y de 185 en lo que llevamos de 2016.
  • El número de concesiones de autorización de residencia y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia fue de 1.249 en 2015, frente a las 1.874 del año 2012 y las 752 que llevamos durante 2016.
  • El número de perceptoras de la renta activa de inserción durante el año 2016 son 30.572.
  • Las usuarias de ATENPRO en 2016 son 11.236.

Esta es la realidad cotidiana que viven miles de familias en España. Mujeres y niños que necesitan una respuesta inmediata, cercana, contundente y efectiva para poner a salvo sus vidas. ¿Somos una sociedad decente? Si lo somos, no podemos permitir la perpetuación de esta violencia.

No hay tiempo que perder. Porque perder tiempo es perder vidas, desde 2003, 862 vidas.