6-D, OPCIÓN CÍVICA PARA EL PROYECTO DEMOCRÁTICO

La instauración definitiva del 12 de octubre como día de la “Fiesta Nacional de España” se produjo de la mano de una ley de 1987, impulsada por el Gobierno de Felipe González, en una etapa de sincera búsqueda de un modelo coherente y robusto de Estado democrático, en el cual uno de los objetivos era completar la implantación de nuevas estructuras simbólicas que desplazaran a las franquistas. Se optaba así por solemnizar una celebración anual, de forma parecida a como lo hacen otros países de nuestro entorno: similar al 14 de julio francés, al 4 de julio norteamericano, al 1 de agosto suizo, al 2 de junio italiano…

El problema en España se planteó sobre todo al determinar el día en que habría de celebrarse. Tendría que ser, por lógica, una fecha de consenso y relevancia histórica, un referente no conflictivo que permitiera a la ciudadanía recordar y reafirmar su pertenencia a una comunidad política que creía en su futuro. Pero acertar en esta tarea, en un país tan fracturado por la memoria de las sucesivas confrontaciones civiles, no era nada fácil. Cabía pensar en fechas diversas, pero ninguna de ellas, salvo dos, se consideró suficientemente apropiada. Un real decreto publicado en enero de 1982, en pleno clima de reacción frente al fracasado intento de golpe de estado del 23F, había marcado un precedente importante en favor del 12 de octubre: “Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad”. No obstante, un posterior real decreto de noviembre de 1983 había establecido y declarado festivo, como “Día de la Constitución”, el 6 de diciembre, conmemorando el referéndum de ratificación del Texto Fundamental de 1978. En cierto modo, una y otra opción representaban modelos muy distintos de evocación política, con independencia de que se contemplaran llamados a alcanzar unos mismos objetivos.

Como ya he escrito en varias ocasiones, no fuimos pocos los que nos sentimos defraudamos por la decisión del legislador de 1987. Probablemente lo que más pesó en contra del 6 de diciembre fue que aludiera a un acontecimiento demasiado cercano en el tiempo, aunque quizás también el riesgo de que algunos sectores institucionales dieran la espalda a una fiesta carente de fundamento tradicional. Al decisor político le faltó aquí un punto de atrevimiento y visión de futuro del que no careció en otros momentos. Se prefirió entonces una opción tenida por pragmática y menos conflictiva en potencia. Pero, pasados los años, es difícil negar que la celebración del 12 de octubre ha tenido poco éxito, no ha cumplido sus objetivos.

En efecto, la fiesta nacional como tal pasa hoy prácticamente desapercibida entre una gran parte de españoles. Su contenido queda desdibujado. Unos tienden a confundirla con la hipotética celebración del “Día de la Hispanidad” (que no deja de tener su flanco polémico), otros con el “Día de las Fuerzas Armadas”, y otros simplemente lo asocian a la tradicional festividad de la Virgen del Pilar. Incluso periodistas encargados de comentar los actos de ese día incurren en frecuentes confusiones. Y tampoco es de extrañar, porque la celebración se circunscribe a poco más que a un desfile militar y a una recepción solemne de personalidades en el Palacio Real, aparte de que la publicidad que recuerda la fecha se limita en esencia a la que proviene del Ministerio de Defensa. Así las cosas, tanto la significación histórico-ideológica del 12 de octubre, como el modelo de celebración rígida y de perfil bajo que se ha seguido, no han contribuido precisamente a estimular valores de pertenencia a la comunidad política, ni a desactivar críticas. Los hechos son tozudos.

¿Por qué no reconocer entonces que, después de más de treinta años, hay que cambiar de horizonte? Si en España se quieren alcanzar realmente los objetivos para los que está pensada una “fiesta nacional”, hoy en día la fecha idónea no puede ser otra que aquella en la que se rinde homenaje a la Constitución: un Texto cuyos principios e instituciones refundan en cierto sentido una nación política plural y democrática, como apuntaron Stemberger o Habermas. No sólo rompe con la dictadura, crea un espacio abierto a profundizar en un sistema avanzado de libertades públicas y autogobierno territorial, base de una nueva concepción de la comunidad nacional y del patriotismo.

Cierto es que el empleo del término “nacional” levanta en nuestro país controversias y susceptibilidades, con independencia de que lo refiramos al conjunto del Estado o a partes de su territorio que reivindican para sí la condición de nación. La tensión derivada de la complejidad de identidades nacionales es de sobra conocida. Coexisten en España sectores que la consideran nación única, junto a otros que la entienden como Estado plurinacional o como nación de naciones y regiones (rescato aquí la expresión de Peces-Barba). No hay duda de que vivimos en un Estado compuesto necesitado de delicados equilibrios y deficitario en símbolos y rituales de identidad colectiva capaces de movilizar, mejor dicho, de emocionar a la ciudadanía. En ese contexto, la Constitución se erige en referente simbólico e instrumental por excelencia, ajeno a interpretaciones autoritarias y facilitador de formulaciones sincréticas y de consenso: el único elemento con capacidad de generar tejido de patriotismo cívico.

Malos tiempos para llevar a cabo el cambio de fecha que propongo, lo sé. La crítica al modelo constitucional del 78 y a la transición en la que se gestó ha alcanzado niveles impensables hace apenas unos años. Las reivindicaciones soberanistas plantean graves amenazas para el Estado democrático y el conflicto catalán ha quedado enquistado sin solución aparente. El desprestigio de las instituciones y el crecimiento de la desafección son evidentes. Los extremos ideológicos están cobrando la fuerza partidista de la que han carecido durante décadas. Y nos encontramos en plena transformación de nuestro sistema de relaciones políticas y abocados a acometer una reforma constitucional que se hace esperar más de lo que debiera. No son los mejores momentos para apostar por la Constitución, está claro; por eso mismo hay que apostar por ella. Solo en ella se puede reencontrar la identidad histórica que compartimos y los motivos para involucrarnos en el proyecto democrático común. Solo la Constitución puede dar sentido a una fiesta de la nación. Y no hay que temer la proximidad de la ambiciosa reforma constitucional que se ha de emprender (insensato sería no hacerlo), porque estará llamada a lograr que la Constitución salga revitalizada: por mucho y profundamente que se modifique su articulado, no dejará de conservar su capital simbólico y sus valores esenciales.

Una última reflexión. Si se quiere evitar nuevos fracasos, de producirse el deseable traslado de la “Fiesta Nacional” al 6 de diciembre es evidente que tendría que comportar también, por razones de coherencia, el cambio del modelo de celebración. Potenciar el sentimiento constitucional del que hablara Loewenstein requiere planteamientos más imaginativos –y participativos- que los que hasta ahora se han ensayado. Confiemos en ver todo eso hecho realidad.

 

* Francisco J. Vanaclocha es Catedrático de Ciencia Política y director del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid