28 DE ABRIL Y 1º DE MAYO: LA LUCHA SINDICAL CONTINÚA

28 DE ABRIL Y 1º DE MAYO: LA LUCHA SINDICAL CONTINÚA

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Al margen de la actualidad política presidida por el fracaso de las conversaciones entre el PSOE y Podemos y por el escandaloso “caso Soria”, dos fechas relevantes ocupan nuestra atención: el 28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo (“La salud en el Trabajo depende de leyes firmes, controles rigurosos y sindicatos fuertes”) y el 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores (“Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y Derechos”).

En relación con la salud y seguridad en el trabajo, los sindicatos han emitido un manifiesto recordando el 20º aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que superó la legislación franquista y adaptó la legislación española a la Directiva Marco Europea en esta materia. El aumento de la actividad preventiva, el impulso a las políticas públicas en esta materia y la acción sindical desarrollada por los delegados de prevención hicieron posible un notable descenso de la siniestralidad que se puso de manifiesto, sobre todo, entre los años 2000 y 2012. La gestión de la crisis de marcado carácter neoliberal y, en particular, las dos últimas reformas laborales llevadas a cabo, así como el brutal ajuste económico y social han deteriorado la negociación colectiva y las condiciones de trabajo, afectando muy negativamente a la salud laboral. Esto justifica el cambio de tendencia de la siniestralidad que, en los últimos cuatro años, ha causado la muerte de 2.310 trabajadores e incrementado el 8% el índice de incidencia en el conjunto de los sectores y el 9% en la siniestralidad mortal, lo que significa que en España y en pleno siglo XXI fallecen cada año casi 600 personas por causas derivadas de su trabajo.

La UGT y CCOO denuncian con rotundidad el debilitamiento de la negociación colectiva, la pérdida de derechos adquiridos, el deterioro de las condiciones de trabajo, la caída de la formación relativa a la salud y los altos porcentajes de precariedad como principales motivos del aumento de la siniestralidad. Esta circunstancia se produce, incluso, en el sector industrial, considerado hasta ahora como el paradigma de la estabilidad en el empleo. Ambos sindicatos señalan que en los dos últimos años los nuevos contratos de trabajo de duración inferior a una semana han pasado del 10% al 28% y que en el año 2015 los accidentes mortales se han incrementado en un 45% en el mismo sector. El problema de la desigualdad también tiene relación, según los sindicatos, con el repunte de los accidentes laborales. Entre los años 2012 y 2014, la siniestralidad en los hombres aumentó un 2,8% mientras que en las mujeres se incrementó un 12,3%, por lo tanto casi 10 puntos más que los hombres.

Sin embargo, el problema relacionado con la ocultación de las enfermedades profesionales es el que más preocupa a los expertos socios laborales, sobre todo las que más sufrimientos producen a las personas afectadas. Los casos de cánceres de carácter laboral son especialmente relevantes: según las estimaciones más conservadoras se producen 9.000 casos diagnosticados de cáncer al año. En cambio, las Mutuas sólo han comunicado, en el año 2015, 23 casos, de ellos 19 por exposición al amianto. Lo mismo ocurre con los trastornos derivados de los riesgos psicosociales y del estrés agudizado por la gestión de la crisis (miedo a perder el empleo, intensificación de los ritmos del trabajo, alargamiento de jornada, acoso laboral…), que son derivados a los Servicios Públicos de la Salud en lugar de a las Mutuas, lo que repercute negativamente en el gasto público y erosiona la prevención, simplemente porque lo que no se conoce (infra declaración del número de casos) no se previene. Al margen quedan otras enfermedades profesionales, poco conocidas en la actualidad (exposición a partículas ultra finas, radiaciones, riesgos biológicos…), que pueden aparecer en un futuro próximo como ocurrió en su día con el polvo de sílice (silicosis) y está ocurriendo en estos momentos con el amianto (asbestosis).

Este proceso se viene agravando por la venta de las Sociedades de Prevención de las Mutuas a grandes grupos privados, monetizando con ello la salud y desnaturalizando la necesaria vigilancia de la salud en el trabajo que, en la práctica, ha pasado de ser un derecho de los trabajadores a convertirse en un relevante mecanismo de control de las empresas hacia los trabajadores y sus plantillas. Por eso, los sindicatos exigen que las empresas recuperen la inversión en materia de prevención y que los trabajadores puedan recuperar su protagonismo en la protección de la salud, partiendo del principio reconocido de que en las empresas con notable presencia sindical la siniestralidad es sustancialmente menor. En este sentido hay que analizar la acción sindical en materia de prevención en las empresas pequeñas donde, precisamente, la presencia sindical es muy escasa. En España hay un millón de empresas con menos de 6 trabajadores en las que trabajan dos millones de personas que no tienen derecho a nombrar a sus representantes. Ello requiere buscar alternativas que garanticen la presencia de un delegado sindical en una comarca o sector, con el propósito de que los trabajadores de esas empresas tengan la prevención de riesgos laborales que determina la LPRL.

En relación al 1º de mayo, los sindicatos, desde 1890, recuerdan a los “mártires de Chicago”, por decisión del Congreso Internacional Obrero celebrado el año anterior en París (1889), en el que participó Pablo Iglesias. El 1º de mayo de 1886 estalló la huelga por la jornada de ocho horas en EEUU (ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de ocio). Más de 5.000 fábricas pararon y 340.000 obreros salieron a la calle para defender sus reivindicaciones y luchar en contra de unas condiciones verdaderamente inhumanas (era frecuente el trabajo de niños y mujeres y las jornadas de 12 a 14 horas) y donde la miseria, la explotación y la represión eran un lugar común entre las clases trabajadores. En Chicago, en la Plaza Haymarket, el 4 de mayo, se masacró a los manifestantes en protesta por esta situación (38 obreros muertos, 115 heridos y 6 policías muertos) y 4 de sus dirigentes fueron ahorcados un año después (“Los colgaremos igualmente. Son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios”. Historia del 1º de mayo. Maurice Dommanget.) y declarados posteriormente “víctimas inocentes de un error judicial” revisado, en 1893.

En esta ocasión, los sindicatos reivindican en este día de lucha el “giro de la política económica y social” y han concretado sus exigencias en un manifiesto que, a grandes rasgos, contemplan un Plan de Choque para el empleo, abordar una verdadera reforma fiscal, aumentar los salarios, recuperar la calidad de los servicios públicos, asegurar el sistema público de protección social y derogar las reformas laborales llevadas a cabo desde el año 2010. Unas reformas (sobre todo la última del PP) que no han creado empleo y, en cambio, han generado precariedad, destrozado los salarios, destruido la negociación colectiva y aumentado la pobreza y la desigualdad, además de debilitar a los trabajadores y particularmente a los sindicatos.

Según UGT, los datos no engañan, desde 2009 se han destruido 800.000 empleos; cerca de 5 millones de personas están desempleadas (445.000 más que en 2.009), con una tasa de paro por encima del 20%; casi 3 millones de personas llevan buscando empleo más de un año (6 de cada 10 parados), de las cuales más de 2 millones llevan 2 años en paro, un cifra que se ha multiplicado por 4 desde 2009; y el 45% de los desempleados no cobra ninguna prestación por desempleo, habiendo caído la cobertura 25 puntos. El empleo es cada vez más precario. Los asalariados con contrato indefinido se han reducido en 660.000, lo que eleva la tasa de temporalidad al 25,7%; avanza el empleo a tiempo parcial en sustitución del empleo a tiempo completo que se ha reducido en 1,2 millones de personas; de cada 100 contratos que se firman menos de 6 son indefinidos a tiempo completo; los contratos cada vez duran menos: tres de cada 10 contratos temporales que se registran tienen una duración inferior a 7 días; y el empleo indefinido es también cada vez más precario y envuelto en eufemismos: “contrato de apoyo a emprendedores”. El desplome de los salarios ha aumentado la pobreza y las desigualdades. Los asalariados han perdido 5 puntos de poder adquisitivo de media y el 10% de los asalariados que menos ganan han perdido un 23% de su poder de compra; la brecha salarial de las mujeres ha aumentado en 2,1 puntos, hasta el 18,8%; el reparto de la renta es más desigual: desde 2009 los asalariados han perdido casi 40.000 millones de euros, mientras las rentas empresariales y de la propiedad han crecido en 5.000 millones; y el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social (el 29,2% de la población) ha crecido en 4,5 puntos desde 2009 e, incluso, lo que resulta más grave, el 12,6% de los ocupados viven en riesgo de pobreza, lo que demuestra que el trabajo actual no garantiza salir de la pobreza.

Estos datos son demoledores y potencian la unidad de acción sindical (UGT y CCOO) en torno a la celebración del 1º de mayo, a pesar de que se observan matices entre ambos sindicatos en relación al futuro de las reformas laborales (derogación o reforma) y a la composición del próximo gobierno (de cambio o de izquierdas). En todo caso, no será nada fácil aplicar la reiterada promesa electoral del PSOE consistente en derogar la última reforma laboral, que se ha perdido (¿irremediablemente?) en el debate político y está siendo víctima, lamentablemente, de todo tipo de transacciones en búsqueda de acuerdos para formar gobierno. Por eso, después de lo visto en el proceso de investidura, pocos esperan que el próximo Gobierno derogue la reforma laboral y menos que recupere los derechos perdidos por los trabajadores, se plantee en serio el empleo, el cambio de nuestro modelo productivo y aborde una reforma fiscal redistributiva capaz de financiar con suficiencia los servicios públicos esenciales. No es extraño que en esta situación muchos se pregunten: ¿gobernar para qué? y esperen con redoblada curiosidad las propuestas electorales, cada vez menos creíbles, de los partidos políticos ante la hipótesis de nuevos comicios.