28-A: IGUALDAD DE GÉNERO, REDISTRIBUCIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

28-A: IGUALDAD DE GÉNERO, REDISTRIBUCIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Todos los analistas políticos han reconocido que las movilizaciones del pasado 8 de marzo han sido un rotundo éxito, sin ninguna clase de paliativos, a pesar de las grandes reservas e impedimentos de los partidos que componen el llamado bloque de derechas en nuestro país. Como era de esperar, se ha demostrado que existe en nuestra sociedad una fuerte conciencia de lucha por la igualdad de sexos y, sobre todo, por eliminar las brechas sociales y denunciar el acoso y la violencia que se ejercen sobre las mujeres. Por eso, llama profundamente la atención que la ciudadanía no se movilice, con la misma fuerza y coraje, en defensa de la igualdad entre las clases sociales que ha presidido las movilizaciones obreras a lo largo de nuestra dilatada historia.

Desde el año 2014 la economía ha crecido de manera constante, y esto es un hecho real e incontestable. No obstante, los sindicatos vienen denunciando que la mejora de la economía no ha llegado a los trabajadores ni a la gran mayoría de los ciudadanos, con el agravante de que han sido (principalmente los jóvenes) los que más han sufrido los efectos de la gestión de la crisis y de las políticas de austeridad impuestas por la UE. Por lo tanto, no es extraño que los sindicatos estén exigiendo a los partidos políticos un compromiso claro en relación con sus reivindicaciones sociales: políticas relacionadas con la igualdad, la justicia social y la defensa del medio ambiente; en definitiva, reiteran que la redistribución de la riqueza (Agenda Social), junto al cambio climático y la igualdad de género, marquen el eje de la campaña electoral.

La redistribución de la riqueza tiene mucho que ver con el desempleo, los salarios y el mercado de trabajo (precariedad), así como con la protección social, los servicios públicos y, finalmente, con la política fiscal. En España, el desempleo se sitúa ligeramente por debajo del 15% y encabeza, después de Grecia, la lista del desempleo en la Unión Europea; siendo, además, la principal preocupación de la ciudadanía, según el CIS. La ralentización de la economía, sobre todo en la UE, no pronostica una reducción sustancial del desempleo en los próximos meses, lo que aporta un motivo añadido para revisar a fondo las políticas encaminadas a tratar este grave problema: cambio de nuestro modelo productivo (España es muy dependiente de la agricultura, la construcción y el turismo y tiene poco peso en la industria); proliferación de micro empresas (con muy baja productividad); políticas activas de empleo; cualificación y formación digital; investigación e innovación; apoyos a la contratación; recolocación y reciclaje de los trabajadores (agencias de trabajo temporal); potenciar las oficinas públicas de empleo en sus tareas de intermediación en el mercado de trabajo…

En segundo lugar, es el momento de revisar a fondo el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y apostar decididamente por la recuperación de derechos y salarios, encaminados a superar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. El trabajo no es una simple y vulgar mercancía; por eso, hay que erradicar las malas prácticas empresariales, revisar en profundidad la legislación laboral y dimensionar y dotar de medios (económicos y humanos) a la Inspección de Trabajo, con el objetivo de frenar el dumping social: la escandalosa temporalidad en el empleo, los falsos autónomos, la subcontratación ilegal, el alargamiento forzado y no remunerado de la jornada y los riesgos que atentan contra la salud en el trabajo. En este sentido, hay que derogar las reformas laborales, a pesar de la fuerte oposición de algunos organismos internacionales, de la relación de fuerzas política, de la actitud negativa de los empresarios y de las muchas dudas que han persistido en el actual gobierno. Se pretende con ello recuperar el equilibrio necesario entre los interlocutores sociales y, desde luego, fortalecer la autonomía de las partes y la articulación de la negociación colectiva desde la prevalencia del convenio de sector a la empresa.

En tercer lugar, hay que abordar definitivamente el problema de la protección social y en concreto las pensiones, la cobertura del desempleo y la dependencia de nuestros mayores. En relación con las pensiones, los sindicatos exigen derogar el factor de sostenibilidad para eliminar la relación directa entre el incremento de la esperanza de vida y la caída de la cuantía de las pensiones, así como la revalorización automática de las pensiones ligadas al IPC, lo que supondría dejar sin efecto la reforma de Mariano Rajoy del año 2013. Además de reforzar los ingresos de la Seguridad Social (SS) para corregir el actual déficit, que alcanza el 1,5% del PIB, a través de la vía fiscal si resultara necesario, puesto que el problema de la SS no son los ingresos sino los gastos. En cuanto al desempleo, se ha valorado positivamente el Decreto Ley aprobado recientemente por el gobierno que recupera el subsidio para los mayores de 52 años frente a los 55 en vigor hasta ahora y eleva al 125%, frente al 100% anterior, la base mínima de cotización. De la misma manera se reivindica, como mínimo, el apoyo actualizado que alcanzaron las personas dependientes en la etapa anterior a la crisis.

En cuarto lugar, los servicios públicos relativos a la enseñanza y a la sanidad deben recuperar la financiación previa a la crisis para evitar su deterioro, al margen de eliminar las medidas del gobierno Rajoy (PP) encaminadas a privatizar dichos servicios. En este sentido, los partidos progresistas deben dejar suficientemente claro su compromiso con el sector público y lo que esto representa en defensa de las personas más vulnerables y, lo que es más importante, denunciar y desenmascarar (dialécticamente) los intereses de la derecha, que son los que explican las privatizaciones e, incluso, algunos casos de corrupción probada (“mordidas”).

En quinto lugar, los partidos de izquierda deben abordar en sus programas electorales la problemática fiscal. La pretensión no es otra que impulsar decididamente una reforma progresista, que dote de mayores ingresos al Estado y nos equipare en este sentido a la media europea (bajar impuestos, como promete la derecha, es pura demagogia electoral y un auténtico disparate económico y social), a partir de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, así como de la eficiencia y la progresividad, única manera de mantener nuestro Estado de Bienestar Social.

Finalmente, la izquierda debe apostar decididamente por erradicar la contaminación en las ciudades, abordar el problema de la devastadora sequía y luchar contra el cambio climático (fenómeno global del siglo XXI) -debido a un crecimiento sin límites y a un consumo exacerbado-, en defensa de la salud de los seres humanos y de la propia naturaleza. Las impresionantes y ejemplares movilizaciones celebradas en un buen número de países (15-M-climático), han demostrado que los más jóvenes no están dispuestos a convivir de ninguna manera con la polución en las ciudades (envenena e intoxica a los ciudadanos) que, no lo olvidemos, produce en Europa 800.000 muertes al año, según el editorial de El País (14.03.2019). Ello resulta sumamente coherente con el grito clamoroso y la apuesta firme por la transición verde y energética: energías renovables, transporte limpio y reducción de los gases de efecto invernadero.

En Paralelo al desarrollo de estas políticas, los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la democracia interna en la elección de sus candidatos; sin embargo, en esta ocasión, no se puede manifestar que se hayan producido casos de ejemplaridad democrática: el poder establecido genera sus propios mecanismos de defensa. El escandaloso fraude reciente en las Primarias de Ciudadanos, en su intento de controlar las listas electorales, es un hecho intolerable, que se debe erradicar, sobre todo si tenemos en cuenta que la constitución de dicho partido tenía como objetivo regenerar la política: combatir la corrupción, las puertas giratorias, la duplicidad de cargos y el trasvase y fuga de militantes de un partido a otro. Este bochornoso ejemplo está contribuyendo seriamente al desprestigio de la clase política y a una mayor pérdida de su credibilidad. En defensa de la democracia hay que erradicar también el insulto, la provocación y las noticias falsas (“la mentira ya no es importante”); además de frenar la intervención populista de algunos medios de comunicación y redes sociales, que tienen una clara intencionalidad política: condicionar los resultados electorales en defensa de intereses bastardos e inconfesables.

Como suele ser norma y costumbre, los sindicatos, en plena campaña electoral, harán un llamamiento a la participación en las urnas y plantearán a los partidos políticos nuevamente sus reivindicaciones, a pesar de que las respuestas sean inciertas  y no siempre satisfactorias, como se ha comprobado en los últimos meses. Por eso, este llamamiento político aconseja explorar, paralelamente, la posibilidad de recuperar el diálogo social y la negociación colectiva entre los interlocutores sociales. Por ejemplo, es muy significativa y relevante la experiencia histórica en torno al Estatuto de los Trabajadores (ET), aprobado en marzo del año 1980, en base al Acuerdo Básico Interconfederal (ABI), firmado por la UGT y la CEOE. La principal dificultad en estos momentos es saber si la CEOE-CEPYME- y su nueva dirección- están dispuestas a abordar este problema a fondo con el propósito de superar las últimas reformas laborales y acordar un nuevo ET, lo que potenciaría la autonomía de las partes y daría un mayor protagonismo a los interlocutores sociales; además de introducir calma y sosiego en la clase política y, sobre todo, impulsar la cultura del Trabajo, la tolerancia, el Esfuerzo  y el Acuerdo, que tanta falta nos hace en estos momentos.

En todo caso, estamos inmersos en un momento de gran incertidumbre política; y, sin embargo, con fundadas expectativas de poder progresar. En este sentido, el debate sobre las políticas mencionadas debe clarificar las diferencias entre las diversas opciones políticas en la actualidad, a pesar de la caverna política y mediática. Esto sería muy alentador, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas sobre los asuntos que les conciernen directamente; esta es la mejor manera de participar con ilusión y de votar con conocimiento de causa para elegir a nuestros representantes por un periodo dilatado de cuatro años. Ojalá lo consigamos.