26-J: LA IZQUIERDA EN EL DIVÁN

26-J: LA IZQUIERDA EN EL DIVÁN

saracibar270616

Los resultados del 26-J han confirmado, a grandes rasgos, la escasa fiabilidad de las diversas encuestas publicadas y han mantenido, sin grandes cambios, la relación de fuerzas de los partidos políticos en relación al 20-D del pasado año. El PP ha vuelto a ganar las elecciones y ha mejorado sus resultados, aupado en el voto útil y en una campaña decepcionante: sin debates, sin propuestas y presidida por el miedo y la incertidumbre creada por el Brexit y el desplome bursátil. En la izquierda, el PSOE, a pesar de perder cinco escaños, ha superado a Unidos Podemos (UP) -tanto en votos como en diputados- y se ha consolidado como la segunda fuerza electoral de nuestro país. Finalmente, Ciudadanos disminuye su número de votos y su presencia en el parlamento en beneficio del PP. En todo caso, estas elecciones confirman, una vez más, un mapa político a cuatro que, todo indica, no está consolidado (el bipartidismo mejora) y puede estar sujeto a variaciones en los próximos años.

Por lo tanto, hay que volver a intentar llegar a acuerdos que hagan posible garantizar la investidura y la gobernabilidad de nuestro país. El PP y Ciudadanos no han alcanzado la mayoría absoluta (176 escaños) y tampoco el PSOE y UP, que no ha cubierto las mínimas expectativas, ni rentabilizado la integración electoral de Izquierda Unida. Sin embargo, en esta situación, todo indica que será más fácil llegar a acuerdos y conseguir apoyos desde la derecha (a pesar de que Rajoy no cuenta, por el momento, con el apoyo de Ciudadanos ni tampoco de otros partidos). Otro asunto a tener en cuenta es que el PSOE seguirá siendo un partido muy importante, tanto en la investidura del nuevo presidente como a la hora de garantizar la gobernabilidad, al mantenerse como segundo partido en el arco parlamentario. Efectivamente, el PSOE se encuentra ante una decisión compleja y difícil, lo que le obligará a gestionar su acción política desde la prudencia -en coherencia con su ideología y con su historia-, sin perder de vista el fracasado acuerdo de investidura con Ciudadanos y de que UP no le inspira la mínima confianza necesaria y retrocede en votos. Aunque, todo hay que decirlo, la actuación política de UP nunca resultaría tan nefasta como lo ha sido la gestión del PP de Mariano Rajoy en sus últimos cuatro años de legislatura: austeridad, desempleo, precariedad, bajos salarios, destrozos en la protección social, deterioro de los servicios públicos, corrupción, financiación ilegal del partido, manipulación de los aparatos de seguridad del Estado y engaño sistemático y permanente.

Los puntos que deben presidir las próximas conversaciones deben abordar las relaciones con la UE (austeridad, déficit y deuda pública), el desempleo (cambio de modelo productivo, servicios públicos de empleo, nuevos yacimientos de empleo…), la legislación laboral (reforma laboral y temporalidad), la protección social (pensiones, dependencia y prestación por desempleo), los servicios públicos (educación y sanidad), la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la economía sumergida, la reforma de las administraciones públicas, la regeneración democrática y, finalmente, el debate territorial (reforma de la Constitución, Estado Federal y Cataluña). Por eso, la complejidad de la situación aconseja al PSOE que se plantee de nuevo consultar en su momento a los afiliados, tanto en relación al resultado de las conversaciones, como a los compromisos que pueda asumir tanto dentro como fuera del gobierno.

En cualquier caso, los posibles acuerdos deberían contar con los apoyos de los sindicatos y de los empresarios. En esta coyuntura económica y social, los interlocutores sociales están llamados a tener un gran protagonismo y deben dar por hecho que están obligados a asumir, con todas las consecuencias, los cambios que este país necesita, desde la regeneración democrática, el respeto a la autonomía de las partes y la potenciación del  acuerdo y el consenso, lo que debería garantizar la eficacia de las futuras reformas que se propongan, en coherencia con lo que la Constitución Española atribuye a los interlocutores sociales.

La participación plena de los trabajadores y de sus sindicatos y la transparencia deben presidir la actuación de las empresas, lo que requiere establecer, cuanto antes, el marco legal y los instrumentos necesarios para que exista tanto un control democrático por parte de los trabajadores, como los contrapoderes que establezcan el necesario equilibrio entre partes. No es extraño que las aberraciones y escándalos del capitalismo actual hayan actualizado el término responsabilidad social de las empresas (RSE) con el objetivo de mejorar su funcionamiento y adaptarse a las exigencias de una sociedad moderna y plenamente democrática.

Sin duda, en las actuales circunstancias, la RSE debe representar una auténtica renovación cultural, debe convertirse en una casi revolución de actitudes y de comportamientos, que obligue a las empresas a hacer compatible el beneficio y la sostenibilidad. Debe ser entendida como la asunción de valores éticos, tanto en el cumplimiento de las leyes, como en el respeto a  la dignidad de las personas y del trabajador en particular, al margen del compromiso solidario que deben tener los empresarios con  una sociedad democrática. La RSE debe representar, incluso, un valor estratégico para las empresas; por lo tanto, no estamos simplemente  ante un programa de relaciones públicas, ni de imagen, ni de marketing, ni de asistencia social. Es más,  las ventajas que aporta la RSE a las empresas son evidentes.  En los trabajos de investigación que se han efectuado se ha demostrado que las empresas estudiadas con RSE han mejorado la rentabilidad de la compañía, han aumentado su productividad, han  mejorado la salud y la seguridad en el trabajo, el absentismo y el medio ambiente. Incluso, algunos estudiosos defensores del término, se han atrevido a hablar de la RSE como negocio e inversión convencidos de que estas prácticas serán obligatorias en el futuro.

Finalmente, otro asunto relevante en esta primera etapa postelectoral se refiere a la situación orgánica del PSOE. Al margen de lo que nos deparen los próximos días, el PSOE está obligado a convocar su aplazado congreso ordinario. Los resultados del congreso, a celebrar después del verano, van a estar muy condicionados por los magros resultados electorales del 26-J y por la política de alianzas. Al margen de ello, el PSOE debe planificar una política a medio plazo de marcado carácter socialdemócrata, con el propósito de recuperar el protagonismo en la izquierda, en los jóvenes, en las grandes urbes, en las concentraciones industriales, en la universidad, en los barrios obreros, en las redes sociales… Sólo lo conseguirá reafirmando el principio de que la redistribución de la riqueza, la lucha contra la desigualdad (resulta corrosiva y pudre las sociedades por dentro), la pobreza extrema y la exclusión social, siempre se puede llevar a cabo, incluso en un contexto de recesión económica; simplemente porque todo ello depende de la voluntad política del gobierno de turno y no del crecimiento de la economía como defiende el pensamiento liberal conservador.

Si estas elecciones han demostrado algo es que siguen vigentes las ideas socialdemócratas y que éstas hay que defenderlas con especial convicción y entusiasmo. Con estas ideas se puede movilizar más a la izquierda sociológica y a los jóvenes sin necesidad de recurrir a las políticas de centro, siempre acomodaticias, que nunca crean ilusión en el electorado más consciente. Sólo falta un partido fuerte que las defienda y las explique a todos los niveles de nuestro tejido social. Además, son las ideas más apropiadas para responder a la fuerte ofensiva neoliberal (batalla ideológica) y las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos, que son precisamente a los que se debe dirigir una política de izquierdas que, evidentemente, debe ser muy diferente de las recetas rancias y fracasadas que nos viene ofreciendo la derecha neoliberal.

Por eso, el PSOE debe elegir en el congreso a los dirigentes más capaces y aprobar las políticas más progresistas posibles para recuperar la credibilidad, la confianza y el entusiasmo de los ciudadanos; porque, de lo contrario, se puede adentrar en una senda descendente como ha pasado en algunos países europeos y está pasando actualmente en Francia. En definitiva, si no se producen los cambios mínimos necesarios, puede pasar de ser un partido de gobierno a ser un partido muy poco relevante, con escasas referencias en la UE y, por lo tanto, con poco futuro…