2017: RECUPERAR RENTAS, DERECHOS Y PERSONAS

2017: RECUPERAR RENTAS, DERECHOS Y PERSONAS

Los diversos acuerdos alcanzados por el Gobierno Rajoy en asuntos relacionados con el SMI, el techo de gasto de las CCAA y el aumento del impuesto de sociedades a las grandes empresas, así como los gestos relacionados con Cataluña o los encuentros con el PNV encaminados a conseguir su apoyo a los PGE-2017, confirman la capacidad de supervivencia de Mariano Rajoy, a pesar de su precaria relación de fuerzas en el parlamento. Dicho esto, el Gobierno sigue ignorando deliberadamente otros asuntos de mucha mayor importancia como son la reforma laboral (negociación colectiva y precariedad), la protección social (pensiones, dependencia, desempleo y renta mínima) y el amplio capítulo de los ingresos fiscales. La nula atención que están teniendo estos problemas no tiene ninguna justificación, sobre todo si tenemos en cuenta su fuerte repercusión en los salarios, los servicios públicos, el déficit y la deuda pública que son, en definitiva, los problemas que más preocupan a los ciudadanos.

Otros asuntos de similar relevancia, con especial incidencia en los ingresos públicos, tienen relación con la economía sumergida, las bonificaciones de la Seguridad Social (SS), las exenciones fiscales y el escandaloso fraude fiscal. Según todos los analistas consultados, el abordar el capítulo de los ingresos públicos con éxito resolvería, en buena medida, el problema de la sostenibilidad de la SS; el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; la recuperación de la dependencia y la ayuda a los parados; la mejora de los servicios públicos (educación y sanidad); y, además, garantizaría el equilibrio fiscal.

Particularmente, la economía sumergida alcanza cotas intolerables en nuestro país, con el agravante de que tiene un escaso tratamiento en los medios de comunicación. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la economía sumergida aumentó en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta situarse en el 24,6% del PIB, al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según se recoge en el informe “La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis”, presentado y dirigido en su día por el profesor Jordi Sardá de la Universidad Rovira i Virgili. En concreto, la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis, en 2008, cuando la economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009 (considerado como el año más duro de la crisis), el dinero oculto superó los 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos. Todo ello debido a la burbuja inmobiliaria, al repunte del desempleo, la subida de impuestos, la corrupción política y empresarial, el masivo uso de billetes de 500 euros (representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro) y la escasa voluntad política para efectuar un control tributario exigente y eficaz.

Para combatir esta lacra se requiere asumir, en primer lugar, y con carácter prioritario, la importancia de la lucha contra la economía sumergida. Entre las medidas a tomar se debe tener en cuenta la necesidad de dotar de más recursos (económicos y humanos) a la Inspección de Trabajo y a la Agencia Tributaria. Según datos de la OCDE, España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo, lo que exige que España alcance, lo antes posible, un número de inspectores fiscales equiparable a la media de los países de la UE-15, con el propósito de combatir el fraude con plenas garantías, sobre todo si tenemos en cuenta que el 80% de los efectivos actuales se dedican sólo a investigar a autónomos, PYMES y trabajadores, cuando lo más importante es la lucha contra el fraude de las grandes fortunas y empresas multinacionales. En segundo lugar, deben trabajar en común todas las Administraciones Públicas, hacer un diagnóstico correcto de la situación (mapa de riesgo de la economía sumergida) y crear una base de datos fiscales única, que ayude a unificar criterios y actuaciones.

Debemos recordar que los efectos de la economía sumergida, junto al desempleo, la fuerte devaluación salarial (como consecuencia de la reforma laboral), la precariedad de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y a tiempo parcial) y las bonificaciones a la contratación (tarifas planas entre otras), han afectado muy negativamente a los ingresos de la SS, al margen de los problemas derivados de un mayor envejecimiento de la población. Según Alternativas Económicas (nº 42, diciembre de 2016), el déficit a la SS en este año ascenderá a más de 17.000 millones de euros y, según Oxfam Intermón, el colectivo de trabajadores más pobres ha sufrido una pérdida salarial del 28% entre 2008 y 2014, lo que explica que la reciente creación de empleo (basura) haya aumentado los ingresos a la SS en poco más del 1% mientras que los gastos se incrementaron a un ritmo del 3% anual. Eso explica también que el desplome del Fondo de Reserva de la SS, que había acumulado 66.815 millones de euros a finales de 2011, se haya reducido a 24.207 millones en la actualidad.

Por otra parte, la corrupción, el fraude y la elusión fiscal también han contribuido a explicar el desplome de los ingresos de la Hacienda Pública, agudizados en la etapa de crisis económica que hemos sufrido: IVA, grandes fortunas, impuesto de sociedades, evasión fiscal, rescates escandalosos (financieros, autopistas, túnel AVE del Pirineo, Proyecto Castor…) Por eso, la izquierda debe exigir al nuevo Gobierno que aborde, de una vez por todas, una profunda reforma fiscal que dote de mayores ingresos las arcas del Estado y respete la justicia, la solidaridad, la eficiencia y la progresividad. Para responder a estos principios, las grandes fortunas y los altos ingresos (impuesto al patrimonio y del marginal del IRPF), además de las grandes empresas (impuesto de sociedades), deben de pagar… y pagar más. La recaudación de los ingresos fiscales debe aspirar a situarse en la media de la eurozona (8 puntos más del PIB) y la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el control de gastos del Estado deben estar presididas por las prácticas existentes en los países más avanzados de la UE, que cuentan con mayores plantillas (y más apoyo técnico) dedicadas a la inspección fiscal. Al margen de apoyar a fondo la formalización de la Unión Fiscal a nivel europeo, la revisión de las exenciones fiscales a las grandes empresas (elusión fiscal) y la erradicación de los paraísos fiscales, entre otras medidas, lo que deja en evidencia a la única estrategia anti fraude de Rajoy consistente en conceder amnistías fiscales a los defraudadores. En todo caso, hay que denunciar -con la fuerza de la razón y de los hechos- la burda y mezquina utilización del Gobierno de la política fiscal con fines electoralistas (bajada de impuestos) y, en contraposición, la reciente subida de los impuestos indirectos (todos pagan lo mismo, a pesar de la brutal diferencia de ingresos existentes entre personas) para cumplir con los compromisos contraídos con Bruselas.

Por último, hay que insistir en derogar, cuando menos, la reforma laboral del PP, que tuvo como principal objetivo crear empleo y reducir considerablemente la precariedad (dualidad). En aquel entonces el Gobierno hizo caso omiso a las críticas unánimes de la izquierda, a las fuertes movilizaciones de los sindicatos, así como al criterio desfavorable de muchos expertos socios laborales. Efectivamente, la creación de empleo no depende del mercado de trabajo; depende de las políticas económicas (austeridad extrema impuesta por la UE), por lo tanto del crecimiento económico, del consumo, la competitividad de nuestras empresas (tecnología, cualificación, organización del trabajo…) y, desde luego, de los costos empresariales (energía, transporte, financiación, servicios…), el escaso tamaño de las pequeñas empresas, las exportaciones, las políticas activas de empleo y, finalmente, de nuestro obsoleto modelo productivo. En contradicción con ello, el Gobierno ha apostado y sigue apostando (con el apoyo cómplice de relevantes silencios sociales: CEOE, IBEX-35 y poderes fácticos) por aumentar la competitividad de nuestra economía en base a bajos salarios, baja protección social y alto índice de desempleo y de precariedad. La globalización, la voracidad del capitalismo financiero y la revolución digital en manos de poderosos sin escrúpulos han hecho el resto y, lo que es más grave, han terminado por relegar la centralidad del trabajo y la propia democracia a un lugar secundario.

Como consecuencia, debemos manifestar, con total rotundidad, que todas las reformas laborales (de marcado carácter ideológico), por sí mismas, nunca han creado empleo, ni han reducido el paro y, en cambio, han precarizado aún más el empleo, reducido considerablemente los salarios al transferir rentas del trabajo (alcanzan el 48% de la renta nacional) a las rentas del capital (alcanzan el 52%), empeorado las relaciones laborales, destrozado la negociación colectiva, desequilibrado la relación de fuerzas y, por lo tanto, perjudicado la calidad de vida de los trabajadores en general. Los datos son elocuentes, como escribía recientemente Toni Ferrer en esta misma web y señalan los sindicatos con reiteración. De los 4,3 millones de desempleados, el 58% llevan más de un año en paro y el 42% más de dos años. 1,4 millones de hogares tienen todos sus miembros en el desempleo y 666.000 no perciben ningún ingreso, con el agravante de que la protección por desempleo se ha reducido considerablemente descendiendo del 73,6% en 2009 a menos del 55% actualmente. La tasa de temporalidad alcanza el 25,7%, la más alta desde 2008, y el trabajo a tiempo parcial involuntario afecta al 61% de los ocupados a través de este contrato. De los salarios se puede decir lo mismo; según la Agencia Tributaria, en 2014, un 35% de los trabajadores cobraban por debajo del SMI que, además, ha perdido el 4,1% de su poder de compra. También los salarios en general han perdido poder adquisitivo: desde 2009 a 2016 los trabajadores han sufrido cuando menos una pérdida del 4,8%, a pesar de que en los últimos años la inflación ha sido negativa.

Por eso, es imprescindible que la unidad de la izquierda y de los sindicatos se consolide, como se ha puesto de manifiesto recientemente en el parlamento y en la primera fase de las movilizaciones, que han comenzado los pasados días 15 y 18, para combatir la economía sumergida, el fraude fiscal, la reforma laboral, el deterioro de los servicios públicos y el desplome de la protección social. En relación con este último punto, el editorial de Argumentos Socialistas nº 18 recuerda que España tiene el gasto público social más bajo de la UE-15 (71%), a pesar de que su PIB per cápita alcanza el 93%; a lo que se debe añadir lo manifestado en su día por Thomas Piketty: “A mayor igualdad mayor crecimiento económico”. En cualquier caso, el objetivo final para el próximo año no es otro que recuperar las rentas salariales, los derechos sociales expoliados en los últimos años y repartir de una manera más justa la riqueza, con el propósito de erradicar las patologías de una sociedad muy marcada por la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y la brecha de género y entre generaciones.