20-D: DETENER LA REGRESIÓN SOCIAL

20-D: DETENER LA REGRESIÓN SOCIAL

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Los últimos acontecimientos relacionados con el terrorismo del Estado Islámico en Francia y en otros países, junto al problema del independentismo catalán, han venido copando los grandes titulares mediáticos de nuestro país y han terminado por eclipsar la discusión de los problemas reales que afectan a la mayoría de los ciudadanos. La actual situación está favoreciendo de manera notable la estrategia electoral del PP ante la dificultad sobrevenida para abordar la gestión del Gobierno en esta legislatura y analizar el resultado de sus políticas económicas y sociales en respuesta a la crisis: el desempleo, la precariedad, el deterioro de los servicios públicos, el desarme fiscal, el desplome de la protección social, la desigualdad, el auge de la pobreza e, inclusive, la exclusión social. A ello está colaborando, en buena medida, la participación de los responsables políticos (incluso de la oposición) en programas superficiales y de simple entretenimiento, como ha ocurrido con Rajoy, por ejemplo, ejerciendo de comentarista deportivo, al margen de las preocupaciones de los ciudadanos.

En estos momentos, todos los politólogos consultados coinciden en que el PP ha incumplido gravemente su programa electoral. También coinciden en que su política económica (ocultada a los ciudadanos) se ha aplicado con autoritarismo y desprecio del Parlamento y del diálogo social. Para justificar este anómalo comportamiento, y la aplicación de duras políticas de austeridad y ajuste, el PP viene argumentando sistemáticamente que las medidas tomadas tienen una relación directa con las exigencias de la UE y con la herencia recibida de Rodríguez Zapatero, a pesar de que los resultados económicos obtenidos en la legislatura siguen contemplando profundos desequilibrios macroeconómicos y, particularmente, la persistencia del déficit y un aumento severo de la deuda pública. Lo más grave de la situación es que las políticas sociales aplicadas para paliar los efectos del ajuste han sido profundamente regresivas, particularmente las relacionadas con las pensiones, la prestación por desempleo, la ayuda a las personas dependientes y los servicios sociales.

A pesar de todo, si bien los partidos de izquierda y los sindicatos -después de analizar las políticas económicas, el desempleo y la precariedad de nuestro mercado de trabajo-, coinciden en que es necesario, entre otras medidas, derogar la nefasta reforma laboral, no todos son tan contundentes cuando se analizan los destrozos causados por las políticas sociales de Rajoy. En concreto, la Seguridad Social (SS) ha sufrido particularmente las consecuencias de la crisis y, sobre todo, los terribles efectos de una política neoliberal dedicada exclusivamente a reducir el gasto público. Según el Balance de Legislatura 2011- 2015: Cuatro años de regresión social y económica, publicado por UGT, hoy es más difícil acceder a una prestación de la SS que hace cuatro años y también más difícil percibir una pensión que garantice -tanto al pensionista como a su familia- su seguridad económica a medio y largo plazo.

En todo caso, los datos disponibles son contundentes y no requieren demasiadas explicaciones. El déficit de la SS se ha multiplicado por 11, dado que en 2011 fue de 995 millones de euros y en el año 2014 fue de 11.202 millones. En agosto de 2015 ya alcanzó 5.352,8 millones y, previsiblemente, al finalizar el presente año superará los 10.000 millones de euros. Por su parte, el Fondo de Reserva contaba en el año 2011 con un total de 66.815 millones y en el pasado mes de agosto se había reducido a 40.132 millones de euros, a los que hay que restar 7.750 millones retirados por el Gobierno para pagar la extra de Navidad. Otro asunto relevante para la tesorería de la SS es que ha dejado de ingresar más de 6.000 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales, pasando de 105.311,60 millones en 2011 a 99.198,43 millones en 2014 (un 5,8% menos). También ha empeorado la relación entre el número de afiliados y el total de pensionistas, como indicador demográfico esencial para valorar la situación del Sistema: en 2011 la relación era de 2,47 afiliados por pensionista y en septiembre de 2015 ha sido de 2,26. Por último, la comparación entre la cuantía de la pensión y el último salario (tasa de sustitución) se ha reducido en más de siete puntos porcentuales en los últimos cuatro años: en 2011 un trabajador al jubilarse percibía el 81,2% de su salario y en el año 2013 (datos de la OCDE) la proporción era del 73,9%. A pesar de estos datos, lo peor está por llegar con la reforma: según la última proyección de la Comisión Europea, en el año 2.060, esta proporción pasará a ser menos de la mitad (48,6%), lo que dota de munición añadida a la interesada campaña de las entidades financieras en defensa de los fondos complementarios de pensiones. A todo ello hay que añadir que los pensionistas, desde 2012, están pagando los medicamentos excluidos de la financiación pública (380 millones de euros), a los que hay que añadir los 583 millones del copago, lo que hace un total de 963 millones de euros, que es lo que tuvieron que pagar finalmente los pensionistas en el año 2013 (datos de Fidel Ferreras). Sin olvidar que la revalorización actual de las pensiones (incremento del 0,25%) y el factor de sostenibilidad consolidarán finalmente la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

En relación con las prestaciones por desempleo se ha producido también una fuerte y dramática reducción. Al inicio de la legislatura, de cada 100 beneficiarios que recibían una prestación por desempleo, 50 cobraban una prestación contributiva y otros 50 una asistencial. Sin embargo, los últimos datos disponibles (septiembre de 2015) contemplan que de cada 100 beneficiarios de prestaciones por desempleo, 39 cobran una prestación contributiva frente a 61 que cobran una prestación asistencial. Además, los datos, según UGT, demuestran que la tasa de cobertura por desempleo ha disminuido de forma continuada debido al endurecimiento de las condiciones de acceso, lo que ha dado lugar a una caída brusca en la actual legislatura. En 2011, más del 70% de los desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo tenía una prestación por desempleo y, en cambio, en 2015 la cobertura ha descendido por debajo del 55% (más de 15 puntos de diferencia).

Lo mismo ha ocurrido con la protección de las personas dependientes. En el año 2011 se estimó que fueron atendidas un total de 1.092.872 beneficiarios, con un presupuesto de 1.498,4 millones euros, que pasaron en 2.012 a solamente 790.000 beneficiarios. Para el año 2016 no están cuantificados los beneficiarios; en todo caso, el presupuesto asciende a 1.162,2 millones de euros a pesar de que más de 300.000 dependientes moderados están a la espera de incorporarse al Sistema. Por lo tanto, en esta legislatura se ha producido una rebaja del 15% en las prestaciones de cuidados en el entorno familiar, además de la suspensión del Convenio especial realizado con la SS, la rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado (entre un 10% y 15%), la modificación del baremo endureciendo los criterios de acceso y, por último, la eliminación definitiva del nivel acordado entre el Estado y las CCAA.

Por último, los servicios sociales en esta legislatura no han sido capaces de evitar el agravamiento de las desigualdades y la pobreza de las familias. La población en riesgo de pobreza asciende a 12,8 millones de personas y la pobreza severa afecta a más de tres millones de personas, superando la pobreza infantil los dos millones de niños y niñas. Por otra parte, hay 1.572.900 hogares con todos sus miembros en paro y ha aumentado el número de hogares sin ingresos laborales hasta la escandalosa cifra de 721.900. La respuesta ideológica del Gobierno ha seguido siendo la misma: contención del gasto y reducción de prestaciones, como lo demuestra la reducción de las ayudas del Plan Concertado de Servicios Sociales y Protección a las Familias, entre el 37% y el 60%, lo que está consolidando las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Como se puede observar, estamos ante una regresión social sin paliativos, causada por una política económica basada en la contención del gasto (austeridad y ajuste) y en el apoyo a la acumulación de capital y a la reducción de deuda de las empresas (transferencias de renta del trabajo al capital), en detrimento del crecimiento económico, el empleo, la protección social y los servicios públicos de calidad. Por estas poderosas razones, los partidos políticos deben fijar con claridad sus propuestas electorales -desde la solidaridad y el interés por los más débiles- en materia de protección social, con el fin de defender a los pensionistas (acceso a la jubilación, poder adquisitivo y copago sanitario); garantizar la sostenibilidad de la maltratada Tesorería de la SS -muy afectada por la precariedad, las bonificaciones a la contratación (tarifas planas) y el desplome de los salarios-, abordando de una vez por todas el capítulo de los ingresos (cotizaciones, separación de fuentes e impuestos); recuperar el Pacto de Toledo; frenar el vaciamiento del Fondo de Reserva de la SS; mejorar la atención de las personas dependientes y de los desempleados sin prestación (parados de larga duración y jóvenes), que han sido los más perjudicados por la crisis; y, finalmente, concretar su posición en el gran debate abierto sobre el Ingreso Mínimo Garantizado que tiene un claro y rotundo propósito: superar la desigualdad (repartir para crecer de manera sostenible), la pobreza extrema (infantil, energética, habitacional…) y la exclusión social en medio de un desaforado consumo. Estas propuestas no son demagógicas. Lo único demagógico es apelar siempre al dicho de: ¿cómo se paga esto?, cuando todos hemos comprobado que el dinero ha fluido sin dificultades para el rescate de empresas, entidades financieras, autopistas y aeropuertos. Incluso en estos momentos fluiría, si así se decidiese, para costear el envío de tropas. Mientras tanto, Rajoy -al margen de los debates- promete bajar impuestos y la unidad de España… Patético.