DIECIOCHO MESES

tajadura120116

EL BOE del 12 de enero publicó el Real Decreto de cese de Artur Mas como Presidente de la Generalitat, así como el de nombramiento del nuevo Presidente, Carles Puigdemont. Se trata de actos debidos del Rey refrendados por el Presidente del Gobierno. En el primero de los citados Decretos llama la atención la ausencia de una frase que ha figurado hasta ahora en todos los Decretos expedidos en situaciones análogas: el agradecimiento a los “servicios prestados” por el gobernante que cesa en sus funciones. En el caso de Mas esta referencia hubiera resultado un sarcasmo por lo que su supresión es un acierto. Artur Mas no ha prestado ningún servicio digno de ser agradecido por los poderes públicos del Estado Constitucional. Su legado es desolador: ha destruido su partido, ha fracturado la sociedad catalana, ha desvirtuado la democracia, ha colocado a la Generalitat al margen del Estado de Derecho, y en los últimos días ha convertido a la institución que encarnó –la Presidencia de Cataluña- en objeto de subasta pública.

Ahora bien, con su retirada de última hora ha evitado la interrupción del proceso golpista iniciado por los poderes públicos catalanes en 2013. Este proceso continuará ahora liderado por su sucesor, Carles Puigdemont, quien ha advertido que su programa es el mismo de Mas, es decir, la constitución de una República catalana independiente. Para ello se ha comprometido a crear en breve las denominadas estructuras de Estado previstas en la Declaración independentista anulada por el Tribunal Constitucional: Seguridad Social catalana, Banco Central de Cataluña y Hacienda propia. Ello le ha permitido lograr el apoyo de la CUP, un apoyo condicionado estrictamente a que se avance en la desconexión con España. Utilizando un lenguaje impropio de una sede parlamentaria, y sin el mínimo respeto al titular de una institución devaluada y desprestigiada, la portavoz de la CUP, tuteándole, advirtió al nuevo Presidente catalán: “Tienes 18 meses”. 18 meses para “romper” con el Estado de Derecho y con la democracia.

Desde una óptica democrática -y dejando al margen el hecho de que la ruptura de una comunidad política en la que se respetan los derechos y libertades de sus miembros nunca puede ser considerada un objetivo político legítimo- el Gobierno de Puigdemont no tiene mandato democrático alguno para llevar a cabo la independencia. Los datos de las elecciones son en este sentido concluyentes: los partidos que proponían la secesión obtuvieron menos votos que los que defendían la unidad del Estado. La elección de Puigdemont ha sido posible, en última instancia, para evitar celebrar unas nuevas elecciones en las que previsiblemente la diferencia de votos entre secesionistas y unionistas sería aun mayor. El independentismo que ha investido a Puigdemont sabe que el 27S alcanzó su mejor resultado, y hay que denunciar su cariz antidemocrático cuando pretende utilizar ese resultado para imponer a la mayoría de los catalanes un proyecto que no comparten. Baste recordar que para reformar el Estatuto (no destruirlo) se requiere una mayoría de dos tercios de los parlamentarios catalanes. Resulta completamente antidemocrática la pretensión de destruirlo con una mayoría mucho más ajustada.

Por otro lado, conviene recordar que no hay democracia sin Derecho. El proyecto de creación de una República catalana independiente reiterado el domingo por Puigdemont como programa es contrario al Derecho Internacional, y al Derecho Constitucional. La Generalitat presidida hoy por Puigdemont continua así en la senda por la que transitó bajo la dirección de Mas: una senda al margen de la Ley y del Derecho. En este contexto, en la medida en que la legitimidad de la C. A de Cataluña y de sus instituciones procede de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía, el nuevo Presidente catalán –de la misma forma que el anterior- al anunciar su propósito de desvincularse de esas normas, lo que hace es destruir los fundamentos de su propia legitimidad.

En todo caso, el plazo de 18 meses para la ejecución definitiva del golpe y la ruptura del Estado Constitucional comenzó a correr ayer. El desafío coincide con el inicio en España del procedimiento de investidura del nuevo Gobierno. Es evidente que para hacerle frente, con todos los instrumentos del Estado de Derecho, sería muy deseable y conveniente que España contara con un Gobierno fuerte y estable. Desde esta óptica, los acontecimientos de Cataluña refuerzan los argumentos a favor de la constitución de un Gobierno de amplio espectro, con una doble misión: responder con toda rotundidad y contundencia a cualquier desbordamiento de la legalidad y tomar la iniciativa política para poner en marcha la reforma de nuestro modelo de organización territorial.

El actual Gobierno en funciones confía en que la última reforma de la L.O. del Tribunal Constitucional permita afrontar el desafío. Esta reforma atribuyó al Tribunal la facultad de suspender en sus funciones a aquellas autoridades que incumplan sus resoluciones. Ahora bien, si una autoridad desobedece una resolución del Tribunal, resulta ingenuo pensar que no vaya a desobedecer también una eventual orden de suspensión. Al margen de que el procedimiento previsto para ello en la Ley es confuso, lo cierto es que no corresponde al Tribunal Constitucional sino al Gobierno defender la Constitución frente a un golpe de Estado. Los instrumentos a utilizar son otros: el artículo 155 que permite privar de determinadas competencias a una Comunidad Autónoma en el caso de incumplimiento por esta de sus obligaciones constitucionales, y no hay duda de que la pretensión de desvincularse de la Constitución es el incumplimiento más grave que cabe contemplar; y el artículo 116 en el supuesto –no previsible- de que el incumplimiento viniera acompañado de actos de fuerza.

El nuevo Gobierno debe tener la estabilidad y la fortaleza –parlamentarias- necesarias para hacer uso de esos instrumentos contra los secesionistas, y para poner en marcha, simultáneamente, un proceso de diálogo político con la mayoría de los catalanes que no ha sido nunca ni es independentista, pero aspira a una reforma del modelo de organización territorial.