10 AÑOS DE LEY DE DEPENDENCIA

Hay leyes que dignifican un país. Y un ejemplo, lo pudimos vivir en España el 14 de diciembre de 2006, con la aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como ley de dependencia. Una decisión, que permitió a la sociedad española dar un gran salto hacia adelante, en cuanto a construir una sociedad con más justicia social. Un salto, que ahora hay que volver a relanzar coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación de la ley.

Desde aquel día de 2006, los españoles cuentan con un cuarto pilar del Estado del Bienestar. Una nueva modalidad de protección social que, como señala el preámbulo de la ley, tiene como reto atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

Verdadero patriotismo, para atender las necesidades de cada vez más españoles, como consecuencia del incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por el aumento de la población mayor de 65 años y de 80 años; por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación al aumentar la supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas; y, por las consecuencias de la siniestralidad vial y laboral.

Un sistema, que regido por los principios de universalidad, equidad,  accesibilidad, y sostenibilidad en la financiación, configuró un derecho subjetivo, que reconocía y garantizaba un nivel mínimo de protección. Un sistema, que atendería de forma equitativa a todos los ciudadanos en situación de dependencia. Un sistema, que establecía que los beneficiarios contribuirían económicamente a la financiación de los servicios de forma progresiva en función de su capacidad económica.

Pero, diez años después: ¿Qué ha pasado? Pues que, aunque es muy positivo que haya 856.452 personas que reciben la prestación, los últimos cuatro años, con el Gobierno de Rajoy, han sido horrorosos: recorte de 2.865 millones en dependencia; uno de cada tres dependientes reconocidos sin atención; más de 400.000 personas en lista de espera; y más de 125.000 dependientes muertos antes de recibir la prestación o el servicio al que tenían derecho.

Esta cruel realidad, hay que superarla política y socialmente, en un Parlamento que cuenta con una mayoría más sensible al desarrollo de este cuarto pilar del Estado de Bienestar. Un patrimonio de todos los españoles. Aunque no hay que olvidar, que fue un Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, quien aprobó la ley de dependencia, tras un trabajo de consenso con el resto de fuerzas parlamentarias y con la sociedad civil.

Por estos motivos, es tiempo de diálogo, acuerdo y financiación para volver a la senda que se marcó con la aprobación de la ley de dependencia en el año 2006. Un sistema, que protege a las personas que lo necesitan. Pero que a la vez, también es un instrumento de igualdad entre hombres y mujeres, y un generador potencial de empleo en una sociedad como la española con tanta necesidad de trabajo. Concretamente, según el Observatorio de la Dependencia, en el año 2015, había 182.000 empleos directos vinculados al sector, y si se atendiera a las personas que están en lista de espera, se generarían al menos 90.000 puestos de trabajo más.

Cuidemos este “patrimonio social de todos los españoles”. Y como señaló José Luis Rodríguez Zapatero recientemente, logremos que la Ley recupere su velocidad de crucero.