Fuertemente ofendido por la increíble decisión del Tribunal de 22 de enero, que declaró ilegal la reforma votada por el parlamento para abolir los tribunales militares (y, de paso, la virtual impunidad de los uniformados para seguir siendo el gran partido oculto del país y el gran poder paralelo en la sociedad), Erdogan parece resuelto a terminar con una situación que hace del gobierno elegido un enano político.

No es seguro, por cierto, que los militares acepten cómodamente lo que se avecina, pero hay un consenso racionalmente explicable y sobreentendido de que están al corriente de que las cosas han cambiado y de que otro golpe no es posible en términos políticos, sociales, ambientales e internacionales. En particular se valora mucho el tono, la formación y la conducta del “comandante en jefe de las fuerzas armadas” (nótese el nombre del cargo, que debería estar reservado al jefe del Estado) el general Ilker Basbug, quien fue cuidadosamente escogido para relevar en agosto de 2008 al general Yasar Büyükanit, percibido como más cercano a la vieja escuela.

LO QUE VA DE 1980 A HOY

La Carta vigente es de 1982, o sea, inspirada en los presupuestos político-castrenses que latían tras el último golpe militar, dos años antes, que había llevado a la presidencia al general Kenan Evren. No sería, sin embargo, el último putsch: sin tanques, sin disparar un tiro y tras humillarle (por ejemplo llevando alcohol a sus recepciones) los militares presionaron tanto al primer ministro islamista Necmettin Erbakan, ganador de las elecciones, que le obligaron a dimitir en lo que se llamó en su día un golpe posmoderno, esbozado en un telefax. Nada de eso es posible ahora y todo indica que los uniformados, por fin, lo saben: con otro nombre (el islamismo político ha tenido que cambiar sin cesar su denominación para superar las prohibiciones sucesivas) el sucesor de Erbakan volvió a ganar, y ya por dos veces y holgadamente, ha dado estabilidad y desarrollo económico al país y es un musulmán más desinhibido.

En un ambiente enrarecido por los rumores sobre pretendidas preocupaciones militares y algunos movimientos clandestinos detectados, el gobierno ha querido cortar todo ensayo subversivo… pero su pan de abolir los tribunales militares – aprobado en el parlamento y tan demandado desde Bruselas en el marco de la convergencia democrática con la Turquía que se postula para entrar en la UE – se topó con el veto del Constitucional que asumió una petición del “Partido Republicano del Pueblo”, baluarte del laicismo de estricta obediencia ataturkista y, por unanimidad, lo declaró inconstitucional. Sin duda desde las previsiones del artículo 145, que trata de la “Justicia Militar” y da a los generales un status particular y un campo de juego de confianza que se redondea con otra posición de los oficiales, también presente en la Constitución (artículo 118), el “Consejo de Seguridad Nacional” que en los días agitados del pasado funcionó como un gobierno paralelo de hecho y el órgano político-institucional de los golpistas.

Con las manos atadas, como sus predecesores, y con buen sentido táctico, Erdogan ha procedido por etapas, pero su consolidación y el apoyo mayoritario de la sociedad hacia sus medidas previas de normalización, incluido un retoque a la propia Constitución para la que reunió la obligada mayoría cualificada de la Gran Asamblea (el nombre oficial del parlamento) le han dado confianza y latitud. Tanta que el nuevo revés sufrido en el Constitucional ha repuesto sobre la mesa el proyecto de redactar una nueva Carta Magna con la que, además de todos estos asuntos, se vería de abordar la cuestión de la descentralización y el reconocimiento de particularidades culturales e históricas. Se ha mencionado a este respecto que la Constitución española podría ser una fuente de inspiración.


UNA REDEFINICIÓN GEOPOLÍTICA Y NACIONAL

El asunto territorial y de diversidades en la ciudadanía turca, que es como desearían llamar los reformistas a los turcos como es de ley llamarlos, sin más, desde los días de Ataturk, muy laico pero ultranacionalista, no es menor. Un nuevo marco legal permitiría abordar un ensayo de resolver o encauzar la disidencia kurda, una promesa explícita, y relativamente reciente del propio Erdogan, quien entiende que “una democracia no puede liquidar militarmente un problema interno”. Recuerde el lector que el mismo Tribunal Constitucional ilegalizó súbitamente en diciembre pasado al “Partido para una Sociedad Democrática” que representaba a los distritos kurdos en el parlamento.

Erdogan, al mismo tiempo, ha movido mucho el debate social, el de política general y, lo que es más novedoso, el diplomático y está impulsando una revisión de las opciones estratégicas de su país que significa una reevaluación completa del papel regional de Turquía, una aparente vuelta de lo que algunos llaman el neootomanismmo y, tal vez, un regreso a la tradicional e histórica esfera de influencia en el universo turco, que se extiende al Este nada menos que hasta los remotos confines de China. En marzo de 2008 y estas mismas páginas publicamos un artículo al respecto cuando empezó a ser visible el cambio.

Ni que decir tiene que todo esto tiene que ver con el desasosiego suscitado en la sociedad turca por la falta de definición final del país y del Estado, empezando por su ubicación geográfica y geo-política. Único país musulmán de la OTAN, lo que debería ser una baza de peso e influencia en los días que corren, no están en Ankara seguros de que se le retribuya adecuadamente, por no hablar de la ingratitud que entrevén en la fuerte oposición franco-alemana al eventual ingreso del país en la UE. Con esto, con todo esto, se puede decir sin exagerar que Turquía está en una encrucijada histórica, mezcla de un ejercicio de introspección con otro, más prosaico pero inevitable, de reconsideración de su interés nacional, inseparable de su condición de potencia regional.